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Alaya pide al Parlamento todas las enmiendas al 'fondo de reptiles' entre 2002 y 2009

Estima parcialmente el recurso interpuesto por el abogado de un exalto cargo de la agencia IDEA y reclama esta documentación "a la mayor brevedad posible".

el 28 may 2014 / 11:09 h.

alaya La jueza Alaya, a su llegada a los juzgados del Prado. Foto: EFE La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes  de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha reclamado al Parlamento  andaluz que aporte copia compulsada de "todas" las enmiendas  realizadas por los distintos grupos parlamentarios en el periodo  2002-2009 en relación a las leyes de Presupuestos, y más en concreto  al programa 31L, popularmente conocido como 'fondo de reptiles'. En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez estima  parcialmente de este modo el recurso interpuesto por el abogado de un  exalto cargo de la agencia IDEA y reclama al Parlamento que "a la  mayor brevedad posible" aporte una acreditación mediante copia  compulsada "de todas las enmiendas formuladas en relación a las leyes  de Presupuestos, programa 31L de la Consejería de Empleo, por los  distintos grupos parlamentarios desde el 2002-2009", añadiendo que  "el debate y resultado ya consta en el diario de sesiones solicitado"  anteriormente. Hay que recordar que el abogado Juan Carlos Alférez recurrió el  auto en el que la instructora acordó indagar "qué pudo conocer" la  Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz --actual  Comisión de Hacienda y Administración Pública-- "sobre las  irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de  subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General", ya  que la instructora sólo aceptó una de sus ocho peticiones de  documentación. Tras ello, la juez ha aceptado varias de sus peticiones y también  ha reclamado a la Cámara de Cuentas "del Parlamento de Andalucía" una  relación de la "exacta" documentación que "año a año y durante el  periodo investigado se remitía al Parlamento en relación con la  aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma andaluza". De igual modo, la magistrada requiere al Parlamento andaluz para  que remita al Juzgado, "en el mismo formato en que le fueron  remitidos, la misma y exacta documentación que año a año el Consejo  de Gobierno le remitía concerniente al Proyecto de Ley de  Presupuestos". El letrado de este exalto cargo de IDEA también había interesado a  la juez que pidiera al Parlamento acreditación "de haber recibido y  haber distribuido entre los integrantes de la Comisión de Hacienda y  Administración Pública en sus distintas denominaciones los  expedientes de modificaciones presupuestarias de todo el periodo  investigado y acreditación de si dichos expedientes fueron remitidos  además a la Oficina de Control Presupuestario y resto de  parlamentarios". LA COMISION DE INVESTIGACION DEL PARLAMENTO No obstante, la juez rechaza esta petición alegando que "el  párrafo 96 de las conclusiones y propuesta de dictamen de los grupos  parlamentarios a la comisión de investigación ya ponía de manifiesto  que la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento  había recibido todas las modificaciones presupuestarias del programa  31L en el periodo 2001-2010". Alaya, asimismo, señala que "tampoco resulta admisible" la  petición realizada por Alférez para que se pidiera al Parlamento  acreditación de "haber recibido y haber distribuido entre los  integrantes de la Comisión de Hacienda y Administración Pública en  sus distintas denominaciones la información relativa a la Cuenta  General remitida por la Cámara de Cuentas" y de "si dicha información  era distribuida entre todos los integrantes del Parlamento y Oficina  de Control Presupuestario". En este sentido, la instructora argumenta que "no existe motivo  alguno para poner en duda que si el Parlamento recibía la información  relativa a la Cuenta General por parte de la Cámara de Cuentas no se  haya distribuido entre los integrantes de dicha Cámara". "AMBIGüEDAD Y ESCASA PRECISION" La juez también rechaza lo interesado por el letrado en cuanto a  que se pidiera al Parlamento que certificara "entre qué  parlamentarios exactos, año a año, se distribuía la misma  documentación que el Consejo de Gobierno remitía al Parlamento  integrante del Proyecto de Ley de Presupuestos, más concretamente la  memoria de los programas presupuestarios de la Consejería de Empleo,  y aún más singularmente, la memoria económica del programa 31L de la  Consejería de Empleo". Sobre ello, la magistrada entiende que "no se requiere para la  investigación tal grado de individualización", ya que "con disponer  de la documentación y del resultado del informe pericial encomendado  ante la ambigüedad y escasa precisión de las referencias contenidas  en aquella acerca del programa 31L es suficiente".  

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