La jueza Alaya, a su llegada a los juzgados del Prado. Foto: EFE
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha reclamado al Parlamento andaluz que aporte copia compulsada de "todas" las enmiendas realizadas por los distintos grupos parlamentarios en el periodo 2002-2009 en relación a las leyes de Presupuestos, y más en concreto al programa 31L, popularmente conocido como 'fondo de reptiles'.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez estima parcialmente de este modo el recurso interpuesto por el abogado de un exalto cargo de la agencia IDEA y reclama al Parlamento que "a la mayor brevedad posible" aporte una acreditación mediante copia compulsada "de todas las enmiendas formuladas en relación a las leyes de Presupuestos, programa 31L de la Consejería de Empleo, por los distintos grupos parlamentarios desde el 2002-2009", añadiendo que "el debate y resultado ya consta en el diario de sesiones solicitado" anteriormente.
Hay que recordar que el abogado Juan Carlos Alférez recurrió el auto en el que la instructora acordó indagar "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz --actual Comisión de Hacienda y Administración Pública-- "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General", ya que la instructora sólo aceptó una de sus ocho peticiones de documentación.
Tras ello, la juez ha aceptado varias de sus peticiones y también ha reclamado a la Cámara de Cuentas "del Parlamento de Andalucía" una relación de la "exacta" documentación que "año a año y durante el periodo investigado se remitía al Parlamento en relación con la aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma andaluza".
De igual modo, la magistrada requiere al Parlamento andaluz para que remita al Juzgado, "en el mismo formato en que le fueron remitidos, la misma y exacta documentación que año a año el Consejo de Gobierno le remitía concerniente al Proyecto de Ley de Presupuestos".
El letrado de este exalto cargo de IDEA también había interesado a la juez que pidiera al Parlamento acreditación "de haber recibido y haber distribuido entre los integrantes de la Comisión de Hacienda y Administración Pública en sus distintas denominaciones los expedientes de modificaciones presupuestarias de todo el periodo investigado y acreditación de si dichos expedientes fueron remitidos además a la Oficina de Control Presupuestario y resto de parlamentarios".
LA COMISION DE INVESTIGACION DEL PARLAMENTO No obstante, la juez rechaza esta petición alegando que "el párrafo 96 de las conclusiones y propuesta de dictamen de los grupos parlamentarios a la comisión de investigación ya ponía de manifiesto que la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento había recibido todas las modificaciones presupuestarias del programa 31L en el periodo 2001-2010".
Alaya, asimismo, señala que "tampoco resulta admisible" la petición realizada por Alférez para que se pidiera al Parlamento acreditación de "haber recibido y haber distribuido entre los integrantes de la Comisión de Hacienda y Administración Pública en sus distintas denominaciones la información relativa a la Cuenta General remitida por la Cámara de Cuentas" y de "si dicha información era distribuida entre todos los integrantes del Parlamento y Oficina de Control Presupuestario".
En este sentido, la instructora argumenta que "no existe motivo alguno para poner en duda que si el Parlamento recibía la información relativa a la Cuenta General por parte de la Cámara de Cuentas no se haya distribuido entre los integrantes de dicha Cámara".
"AMBIGüEDAD Y ESCASA PRECISION" La juez también rechaza lo interesado por el letrado en cuanto a que se pidiera al Parlamento que certificara "entre qué parlamentarios exactos, año a año, se distribuía la misma documentación que el Consejo de Gobierno remitía al Parlamento integrante del Proyecto de Ley de Presupuestos, más concretamente la memoria de los programas presupuestarios de la Consejería de Empleo, y aún más singularmente, la memoria económica del programa 31L de la Consejería de Empleo".
Sobre ello, la magistrada entiende que "no se requiere para la investigación tal grado de individualización", ya que "con disponer de la documentación y del resultado del informe pericial encomendado ante la ambigüedad y escasa precisión de las referencias contenidas en aquella acerca del programa 31L es suficiente".
