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Alaya pregunta al fiscal si la Audiencia Nacional es competente para investigar el caso Madeja

Ha pedido que se pronuncie sobre qué órgano judicial es competente para investigar el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos.

el 16 dic 2014 / 13:27 h.

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Mercedes_Alaya La juez Mercedes Alaya ha pedido a la Fiscalía de Sevilla que se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional es competente para investigar la denominada operación 'Madeja', en la que se indaga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos de distintas administraciones a través de una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro" a la empresa Fitonovo. Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada ha remitido un escrito al Ministerio Público, con fecha 15 de diciembre, en el que le pide que informe sobre si su Juzgado sigue siendo competente para instruir esta causa o si es la Audiencia Nacional la que debe investigarla, pues cabe recordar que la última fase de esta operación, denominada 'Enredadera', se extendió a 12 provincias españolas. Fue el pasado día 28 de noviembre cuando la juez Mercedes Alaya levantó el secreto de sumario que pesaba desde julio de 2013 sobre el caso 'Madeja', que concluyó con la operación 'Enredadera' desarrollada el 11 de noviembre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. COMISIONES A PSOE E IU Tras levantarse el secreto de las actuaciones, se conocieron varios autos en los que la juez Alaya sostiene que Fitonovo habría pagado comisiones tanto al PSOE como a IU a cambio de la adjudicación de contratos públicos en Sevilla, concretando que esta empresa abonó durante cuatro años al PSOE cantidades que oscilan entre 30.000 y 60.000 euros --hasta un total de 123.000 euros--, mientras que IU habría recibido 155.000 euros en "dádivas" entre los años 2010 y 2011. Así, y en la imputación que realizó el pasado lunes al exconcejal de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla y expresidente de 'Unidad' Manuel Gómez Lobo (PSOE), la juez asevera que, "como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación" con el Ayuntamiento hispalense, esta empresa pagó entre los años 2006 y 2009 al PSOE distintas cantidades "que oscilan entre 30.000 y 60.000 euros, con la denominación en la caja B de Fitonovo de 'Langostinos Maera'". Asimismo, y respecto a IU, la magistrada considera que el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y el también exportavoz municipal de IU José Manuel García "habrían intervenido decisivamente, como dirigentes de IU, en la petición de determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos de obras relativos a once campos de fútbol". Según la juez, "se trataría del pago por los directivos de Fitonovo de 155.000 euros a la formación de IU, mediante dos pagos, 70.000 euros el 30 de marzo de 2010 y 85.000 euros el 18 de febrero de 2011, concretamente por la adjudicación a Fitonovo de once expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla, adjudicados el 13 de abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deportes por una cuantía de 6.966.320,80 euros". EN UNA CAJA DE ZAPATOS La magistrada, que pone de manifiesto que en esa fecha era concejal delegado de Juventud y Deportes el propio José Manuel García, añade que dichos pagos "habrían sido recibidos" por Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Area de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento hispalense cuando dicha área era responsabilidad de Torrijos y que fue cesado como miembro de IU en la comisión de Mercados Ambulantes tras su detención en 'Enredadera'. Esto último "se acreditaría indiciariamente por los archivos de la contabilidad de la 'caja B' de Fitonovo y por el recibo de dinero de dicha 'caja B' relativo al pago de 85.000 euros en fecha 18 de febrero de 2011, efectuándose el primer pago como ya se ha dicho el 30 de marzo de 2010 en una caja de zapatos, como así lo manifestaría en su declaración" el dueño de Fitonovo José Antonio González Baró. La operación 'Madeja' se ha desarrollado en tres fases, la última de ellas iniciada el pasado 11 de noviembre, cuando los agentes de la UCO detuvieron a 32 personas e imputaron a varias más, de las que ingresaron en prisión cuatro de ellas, aunque actualmente únicamente continúa encarcelado el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, quien podría salir en libertad si abona la fianza de 180.000 euros que le impuso Alaya. Los otros tres imputados inicialmente encarcelados pudieron salir en libertad tras abonar las fianzas impuestas por la magistrada. Así, Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de ADIF en Sevilla a quien la juez atribuye haber cobrado 428.000 euros en 'mordidas', abandonó la prisión tras pagar una fianza de 90.000 euros. De su lado, Enrique José Finch Ramos, directivo de ADIF Córdoba a quien la juez acusa de haber cobrado en comisiones 1.004.624 euros entre los años 2003 y 2012, también salió de prisión tras pagar la fianza de 250.000 euros impuesta por Alaya. Además, el exjefe de servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla Carlos Podio salió en libertad al día siguiente de ser encarcelado tras pagar una fianza de 100.000 euros que le impuso la instructora gracias a las aportaciones realizadas por familiares y amigos. "ORGANIZACION CRIMINAL JERARQUIZADA" En el auto de prisión del exgerente de ADIF en Sevilla, la juez le atribuyó haber recibido entre 2002 y 2011 un total de 428.535 euros en "sobornos" a cambio de "beneficiar" a la empresa Fitonovo "en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos". La juez considera que las "dádivas" constituían "práctica habitual de la empresa" Fitonovo, "realizándose las mismas de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados, como en el caso de Rodríguez Jurado", señalando que esta práctica "para la consecución de contratos públicos se extendió durante un largo periodo temporal que abarcaría desde 1995 hasta 2013, y múltiples reas geográficas y administraciones públicas". "Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo, donde el inculpado contribuía a facilitar el beneficio" de esta empresa "durante un largo periodo de tiempo desde el año 2002 a 2011 a través de su intervención en la adjudicación de contratos menores y/o de ejecución de los mismos".

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