La magistrada Mercedes Alaya ha dictado varios autos relativos a la causa de los ERE, tras varias semanas de cierta tranquilidad al haber estado volcada con el resto de macrocausas que tiene en la mesa. La jueza ha retomado la actividad de esta causa centrándose en las ayudas entregadas a la empresa Delphi, para lo que solicita al Ministerio de Empleo, que participó en los acuerdos firmados entonces, información sobre las subvenciones individuales entregadas a cada trabajador y la norma aplicable para el cálculo de éstas. También solicita las encomiendas de gestión dictadas en 2011 por el Consejo de Gobierno a este respecto.
En un primer auto, al que tuvo acceso ElCorreoweb, la instructora recuerda que el ERE de Delphi fue firmado en 2007, que supuso el pago por parte de esta empresa de 120 millones de euros en indemnizaciones por despido a los trabajadores (1.520 empleados). Posteriormente, se firmó un protocolo entre la Junta y los sindicatos CCOO, UGT, USO y CGT que tuvo 16 desarrollos posteriores, por el que las partes se comprometieron a adoptar distintas medidas, tanto económicas como formativas, para mitigar la incidencia negativa del citado ERE. Estas medidas fueron destinadas tanto a la plantilla de Delphi como a los de su industria auxiliar. Para ello el presupuesto andaluz para 2008 recogía el llamado Plan para la mejora de competitividad y desarrollo de la Bahía de Cádiz: Bahía competitiva.
Esto conllevó a la firma de un convenio de colaboración entre la Junta y el Director general del Servicio Público de Empleo Estatal por el que este organismo subvencionó al 50 por ciento con la Junta de Andalucía y por importe de 47,5 millones de euros diferentes acciones para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores de la Bahía de Cádiz. Posteriormente, en 2009 se firmó una adenda a dicho convenio por el que el Estado financió con 18 millones de euros las medidas citadas y la Junta aportó a tal fin 6 millones de euros.
Sin embargo, Alaya asegura que dichos acuerdos no concretan los contenidos mínimos que deben reunir las bases reguladoras que marcan la Ley de General de Subvenciones, pues entre otros aspectos no detallan la cuantía de las posibles ayudas a conceder en relación con los extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar. Unas normas que deben ser dictadas por el Estado, correspondiendo a la comunidad autónoma su ejecución y control, de ahí que ahora, a petición de los peritos de la Intervención General de Estado asignados para el estudio de esta causa, le reclame al Ministerio de Empleo cuál es la cuantía individual de dichas subvenciones y qué norma estatal debe ser aplicada.
Asimismo, en otro auto también fechado a ayer, la magistrada también reclama a Delphi y su industria auxiliar la documentación relativa a subvenciones o ayudas concedidas a los extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar, y la documentación relativa a las subvención concedida a la fundación Altedia Creadela. Asimismo, solicita los expedientes completos de lkos ERE de Alestis Aerospace, que afectan a contratos de antiguos trabajadores de Delphi y su industria auxiliar y las encomiendas de gestión de 2011 del Consejo de Gobierno y actas del comité de coordinación y seguimiento de las mismas.
