La jueza Mercedes Alaya, que investiga supuestas irregularidades en la venta de los terrenos de Mercasevilla, solicitó ayer al fiscal y a los abogados del caso que digan si consideran que su decisión de convertir el procedimiento en un sumario puede suponer la nulidad de este proceso, que parece llegar a su fin tras cuatro años de investigación y 18 imputados, entre ellos los máximos responsables de la lonja. Entre los señalados hay dos concejales del Ayuntamiento de Sevilla, incluido el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos. En un auto dictado esta misma semana, el pasado martes, la jueza convertía la investigación por la presunta venta fraudulenta a través de un concurso público en un sumario y no en un procedimiento abreviado, como cabía esperar, agravando los delitos previstos inicialmente, que ahora podrían alcanzar hasta ocho años de prisión y 16 de inhabilitación especial para desempeñar un empleo o cargo público. En concreto, Alaya consideraba que los hechos podrían ser constitutivos, entre otros, de delitos de prevaricación, prevaricación contra la ordenación del territorio y falsedad cometida por funcionario público en delito mercantil, delitos de tal importancia que deberían ser enjuiciados por la Audiencia y no por un juzgado Penal. Sólo dos días después de adoptar esta decisión, la jueza preguntó ayer a las partes si consideraban que este auto podía ser nulo y les pidió que alengaran lo que en derecho convenga sobre esa posible nulidad, con el fin de adecuar los hechos al procedimiento que corresponda. Varios letrados personados en el caso consultados por este periódico consideraron que la medida podría estar encaminada a subsanar un posible error en el auto del martes, dado que los delitos que Alaya atribuye a los inculpados y los años de condena que supondrían no se corresponden con un sumario, sino con un procedimiento abreviado. De hecho, el artículo 757 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que la jueza citaba en su auto y repite en la providencia, señala que es ese procedimiento (y no el sumario) el aplicable al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. En la providencia, a la que tuvo acceso Efe, la misma jueza Alaya indica que la nulidad derivaría de la naturaleza y cuantía de las penas previstas y adelanta que, en caso de que procediese dicha nulidad, se dictaría otro auto para adecuar los hechos al procedimiento que corresponda. Además, la transformación en sumario se produjo pese a que la jueza aún debe tomar declaración a un último arquitecto técnico imputado y resolver dos recursos presentados por Mellet y por una funcionaria de Urbanismo. La rama del caso Mercasevilla referida a la venta de los terrenos de la lonja municipal en el año 2006 es la primera de las macrocausas de Alaya que parece llegar a su fin. Deriva de las pesquisas por la mordida de 450.000 euros que los responsables del mercado pidieron a los empresarios del grupo La Raza por adjudicarles una escuela de hostelería, y que ellos denunciaron aportando las grabaciones. Por este caso, el exdelegado de empleo Antonio Rivas y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce fueron condenados por cohecho a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa. Por la supuesta adjudicación fraudulenta de los suelos a una filial de la inmobiliaria Sando, que los logró por 106 millones pese a que otro competidor ofreció 158 millones, están imputados también el exgerente de Urbanismo Manuel Marchena, el exconcejal socialista Gonzalo Crespo, Mellet y Ponce.
