La juez que investiga la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, sospecha que los cálculos realizados hasta la fecha sobre las comisiones pagadas por la Junta de Andalucía para cubrir las primas de las pólizas de prejubilación podría modificarse sustancialmente según la nueva documentación remitida al respecto por la aseguradora Generali. En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la jueza ordena además a Generali que permita la entrada voluntaria en sus dependencias de la Guardia Civil cuando sea preciso a fin de recabar directamente e in situ toda aquella documentación que estime oportuna y que esté relacionada con la solicitud, tramitación, formalización o cualquier otro proceso de las pólizas que han sido subvencionadas, directa o indirectamente, por la Junta. En este sentido, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla advierte a la compañía aseguradora de que, en caso de oponer reparos, podría cursarse, si se dieran las circunstancias para ello, orden de entrada y registro y deducir testimonio, por desobediencia a la autoridad judicial o en su caso encubrimiento. Uso electoral // Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, exigió ayer al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que aclare si el PSOE-A ha utilizado el fondo de reptiles para influir en el resultado de las elecciones andaluzas y si el dinero de los ERE sirvió, de igual modo, no sólo para garantizar la paz social en Andalucía sino una campaña tranquila para el PSOE-A. Advirtió también a algunos miembros del PSOE-A especialmente de que no es su partido, sino los imputados y la propia jueza que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, quienes dicen que se trata de una trama organizada en connivencia con la Junta y los sindicatos. Precisamente uno de los imputados por este caso, el dueño de Uniter, José González Mata, declaró ante la jueza Mercedes Alaya que se trabajaba con mucha presión ya que se exigía que las pólizas en muchos casos se hicieran antes de las elecciones. Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía, Francisco Carbonero y Francisco Fernández, respectivamente, volvieron a defender ayer la transparencia de sus cuentas así como el papel que desarrollan los sindicatos en las negociaciones que se llevan a cabo en las empresas cuando se dicta un ERE, al tiempo que pidieron al PP-A que dé ejemplo y abra sus puertas y ventanas. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, lamentaron que los sindicatos hayan recibido ya una sentencia anticipada por el caso ERE.