La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha rebajado a 225.000 euros la fianza para salir de la cárcel impuesta a Eduardo Pascual, exdirectivo de la aseguradora Vitalia, que es el único que continúa en prisión junto con su compañera de empresa María Vaqué.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso Efe, acuerda rebajar la fianza a Pascual de 300.000 euros a 225.000, cantidad que su abogado ya ha anunciado que resulta imposible de reunir ya que su cliente tiene todos sus bienes embargados por la Audiencia Nacional en el llamado caso Eurobank.
Ambos directivos son los únicos que continúan en prisión desde que, en marzo pasado, Alaya envió a siete personas a la cárcel tras ser detenidas en una nueva fase de la Operación Heracles contra las sobrecomisiones que pagaban las mediadoras en los ERE.
Tras ingresar en prisión sin fianza, la Audiencia de Sevilla impuso a Pascual y Vaqué una fianza de 600.000 euros, que la propia juez Alaya fue rebajando sucesivamente a 450.000 euros, 300.000 y finalmente a 225.000 euros.
El abogado de María Vaqué, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, ha recurrido directamente ante la Audiencia de Sevilla para eliminar la fianza de 225.000 que ya tenía impuesta su cliente o al menos dejarla en 6.000 euros, la única cantidad que ella misma y su entorno familiar pueden reunir.
Razona el abogado que "en estos largos seis meses de privación de libertad con ejemplar comportamiento,", ha quedado claro que María Vaqué no dispone de esos 225.000 euros, que son "inasequibles y alejados de su capacidad económica", pues tampoco han aparecido otros bienes tras "diferentes y profundas búsquedas patrimoniales" por parte de la Justicia.
Vaqué solo tiene una pensión de 1.500 euros mensuales ya que se trata de una "mujer de considerable edad, de delicada salud, casada, madre y abuela, sin actividad profesional, sin idiomas" y cuya "total vida familiar y social se ha encontrado y se encuentra en Barcelona".
El abogado apela además a que las diferentes líneas de investigación en el caso de los ERE "hacen prever un horizonte temporal largo hasta su definitivo enjuiciamiento", en una fecha de finalización que a día de hoy "resulta imposible aventurar".
