La juez Mercedes Alaya ha rechazado investigar la querella presentada por la empresa pública mixta Mercasevilla contra los antiguos representantes de la empresa, los sindicatos y altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta por los perjuicios que se le ocasionó a la sociedad con el ERE de 2007.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que la juez ha remitido a reparto judicial la denuncia porque considera que no tiene relación con el caso de los ERE que investiga desde hace cuatro años.
En la denuncia, que se presentó el 2 de marzo, se asegura que con ese ERE de 2007, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por "fraudulento", se cometieron "hechos delictivos y perjudiciales para las arcas públicas" de Mercasevilla.
La iniciativa judicial se ha tomado después de que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que ratifican un informe clave en los ERE dijeran que existía un compromiso de la Junta de Andalucía para pagar el ERE de 2007.
Ese compromiso sería igual que otros pagos acordados por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el ERE, según los peritos.
En su declaración ante Alaya, los peritos han afirmado que existían tres compromisos de pago por parte de Guerrero de los años 2007 y 2008, con la aseguradora Vitalicio, por 6.901.814,43 euros.
Las mismas fuentes han apuntado que aunque existía un compromiso de pago, la Junta de Andalucía no abonó finalmente el ERE de 2007 tras pagar el de 2003.
Además de esta querella, Mercasevilla presentó una demanda en la jurisdicción contencioso-administrativa del TSJA para que la Junta asumiera el compromiso de pago de las prejubilaciones del ERE de 2007.
Tras la denuncia penal, la empresa ha pedido al TSJA que "suspenda" la tramitación del procedimiento contencioso-administrativo hasta que "recaiga sentencia en las diligencias previas penales" de los ERE.
Además, y en el caso de que no se admita la "prejudicialidad penal", Mercasevilla pide que se cite a declarar como testigos-peritos a los cuatro expertos de la Intervención General que han elaborado el dictamen de los ERE y lo están ratificando desde el pasado miércoles 25 de febrero ante Alaya.
