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Alaya rechaza la nulidad del caso Mercasevilla pedida por el fiscal

El dueño de Larena 98 confirma que una factura girada por Mercasevilla por unas vallas publicitarias "es totalmente falsa".

el 27 may 2014 / 12:55 h.

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La jueza Alaya entrando en los juzgados de Sevilla hace unos días. / Julio Muñoz (EFE) La jueza Alaya entrando en los juzgados de Sevilla hace unos días. / Julio Muñoz (EFE) La juez Mercedes Alaya ha rechazado la petición de nulidad  planteada por la Fiscalía de Sevilla y ha acordado levantar la  suspensión que pesaba desde el pasado 7 de abril sobre la tramitación  de la causa donde la instructora investiga las irregularidades  detectadas en el concurso público promovido en 2005 por Mercasevilla  para enajenar los suelos del propio mercado, según un auto dictado el  pasado 16 de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press. El pasado mes de diciembre, la juez procesó a 16 personas, entre  ellas al exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos  (IULV-CA), tras lo que posteriormente decidió incorporar a las  actuaciones los escritos de dos imputadas en la causa, en concreto de  la exjefa del servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de  Urbanismo María Isabel Evans, y la subjefa de este servicio Emilia  Barrial. Tras ello, la Fiscalía pidió la nulidad del auto dictado en  diciembre al considerar que la juez, con posterioridad y después de  acordar la finalización de la instrucción, permitió unir a la causa  "de manera intempestiva" la documentación aportada por estas dos  funcionarias de Urbanismo, tras lo que en un nuevo auto dictado el 25  de febrero libró oficios al Colegio de Arquitectos y a la Gerencia de  Urbanismo para que remitieran diversas certificaciones, lo que  consideraba nuevas diligencias de prueba en una instrucción ya  cerrada. La juez señala en su resolución que "ni se ha alegado ni  acreditado real y efectiva indefensión por el Ministerio Fiscal,  entendida como menoscabo real de su derecho de defensa, no habiéndose  alegado ni acreditado el consiguiente perjuicio para sus intereses,  más allá de meras referencias genéricas sin concreción alguna". En el auto, Alaya admite que "es cierto" que con el auto dictado  el 25 de febrero, en el que "decidió admitir las pruebas de dos  defensas, al aparecer su escrito traspapelado, tras la apertura de la  fase intermedia, se produjo una vulneración del procedimiento, pues  ya se había dictado auto de incoación de procedimiento abreviado". No obstante, "igualmente cierto es que con dicho auto se pretendió  evitar la indefensión que podía habérsele ocasionado a aquellas de no  acceder a su práctica por no ser ya el momento procesal procedente,  teniendo en cuenta además que el procedimiento se encontraba en fase  de práctica de diligencias complementarias, habiéndose suspendido el  plazo para formular los escritos de acusación". La juez añade que "también es verdad" que desde que se incoa el  procedimiento abreviado, "no antes, es el Ministerio Fiscal y las  demás partes acusadoras quienes deben valorar las diligencias de  prueba que se practiquen, pero cuando esta instructora hablaba de que  las documentales solicitadas por tales defensas eran inocuas,  tratando de valorar si de las mismas podían derivarse otras  diligencias o tener algún efecto perjudicial en las partes  acusadoras, se refería única y exclusivamente desde la hipótesis  criminal que se ha considerado en la instrucción". "Expuesto lo anterior, solicita el Ministerio Fiscal la nulidad de  actuaciones, retrotrayendo las mismas a la fase de diligencias  previas, alegando genéricamente indefensión sin llegar a concretar,  pese a que se le ha dado traslado específicamente sobre este extremo  una vez practicadas las documentales de las defensas por auto de 22  de abril, limitándose a contestar que reitera los argumentos de su  recurso de reforma y de su recurso de apelación", lamenta la  magistrada. NO SE HA PERJUDICADO A LOS INTERESES DE LAS PARTES La juez asevera en este sentido que "no se ha privado ni al  Ministerio Fiscal, ni al resto de las partes, del examen de la  documental ya practicada", añadiendo que la Fiscalía, "con el  resultado de la misma, no ha podido concretar cómo dicha prueba le  podía haber afectado en su recurso de reforma contra el auto de  incoación de procedimiento abreviado, o en general perjudicar la  defensa de sus intereses". En cuanto a la afirmación que realiza la Fiscalía de que "se le ha  privado de la valoración de la pertinencia de las pruebas entonces  pedidas", la juez dice que "solo cabe contestar que, de conformidad  con el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es al juez  instructor al que corresponde determinar la pertinencia de las  diligencias que se soliciten por el fiscal o por el resto de las  partes, y que a éstas, siendo una de ellas el Ministerio Fiscal, sólo  le cabe la vía de recurso si estimare impertinente la prueba, recurso  que no hubiese suspendido el procedimiento ni hubiese variado el auto  de incoación de procedimiento abreviado". De otro lado, la juez se refiere a otro hecho contenido en el auto  de incoación de procedimiento abreviado, como es la presunta falsedad  de una factura de 16.938 euros por la instalación de unas vallas  publicitarias girada por Mercasevilla a Larena 98, lo que motivó que  la Fiscalía recurriera dicha resolución al entender que este aspecto  en cuestión "puede ser enjuiciado de manera independiente". EL DUEÑO DE LARENA DICE QUE LA FACTURA DE LAS VALLAS "ES FALSA" Alaya, que ya rechazó abrir una causa por esta presunta factura  falsa, señala que "nada obsta" a que la Fiscalía, "a la vista de las  diligencias policiales recientemente incorporadas a la causa, si no  estimare acreditada la comisión de dicho delito, como así parece al  no hallarse la factura original, ni apuntes contables, ni documentos  bancarios, según se deduce de la declaración policial" del dueño de  Larena, Antonio Pardal, "pueda solicitar el sobreseimiento parcial  acerca de estos hechos sin que tal pronunciamiento afecte en modo  alguno al resto de auto de incoación". En esta línea, la juez explica que, "por el contrario, si se  estimare la existencia de dicho delito, Larena y su dueño podrían  hipóteticamente ser víctimas de un delito de estafa en concurso con  la aludida falsedad, estafa que estaría prescrita". Y es que, el 27 de febrero, la Guardia Civil tomó declaración a  Pardal en su domicilio y le mostró una copia de la factura, tras lo  que el dueño de Larena aseguró que la factura mencionada "es  totalmente falsa", pues el que fuera contable de la empresa le  trasladó que "no existe el original de la factura, ni apuntes  contables ni documentos bancarios, ni tampoco otros documentos  relacionados con los servicios reseñados en el concepto de la  factura". CITA A SEIS TESTIGOS EN JUNIO La juez dice que, "estimando que con las diligencias practicadas  por auto de 25 de febrero no se ha causado indefensión alguna al  Ministerio Fiscal, y que incluso la posible ausencia de relevancia  penal de la factura no afecta al auto de incoación de procedimiento  abreviado, procede desestimar la nulidad interesada" por el fiscal y  proseguir la tramitación de la causa. Así, la juez levanta la suspensión que pesaba sobre la tramitación  de la causa y vuelve a citar a declarar para los próximos días 11 y  12 de junio a seis testigos, entre ellos cuatro funcionarios del  servicio municipal de Licencias que intervinieron en la primera  ocupación otorgada a Sanma en los terrenos del merca; el responsable  del área, y un abogado que intercambió comunicaciones sobre las  condiciones en las que se iba a efectuar la venta.

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