Alaya no eleva el caso ERE pese a que la UCO apunta a Viera, Vallejo y Caballos

Anticorrupción reclama que se abra una pieza separada sobre las ayudas a esta zona, otorgadas por varios aforados y se lleve al Tribunal Supremo.

el 07 abr 2014 / 13:04 h.

Vallejo, a la izquierda, Viera y Caballos conversan con Gaspar Zarrías en una foto de archivo. / Paco Cazalla Vallejo, a la izquierda, Viera y Caballos conversan con Gaspar Zarrías en una foto de archivo. / Paco Cazalla El fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) no irá a Madrid, al menos «por ahora». La jueza Mercedes Alaya se niega a entregar la investigación al Tribunal Supremo como le reclamó Anticorrupción la semana pasada, pese a que ya tiene sobre su mesa un atestado de la Guardia Civil en el que se señala a varios aforados como responsables de las subvenciones que se entregaron en la Sierra Norte de Sevilla, como los exconsejeros José Antonio Viera y Francisco Vallejo, además del exsecretario provincial del PSOE en Sevilla y actual diputado andaluz José Caballos. Una negativa que se produce el mismo día en el que la Fiscalía le ha solicitado que cree una pieza de la Sierra Norte y que la eleve al Supremo. La decisión de la jueza tiene pinta de convertirse en una guerra con el Ministerio Público, con el que ya ha tenido más de un roce, ya que la misma se puede recurrir ante la Audiencia Provincial, lo que hará a buen seguro el fiscal. De hecho, Alaya no duda en criticar a la Fiscalía, asegurando que debería «haber esgrimido auténtica razones procesales que hicieran posible el desmembramiento de la causa», más allá de la «evidencia de la complejidad»; y le recrimina que debió «explicar por qué realiza dicha solicitud en este momento conociendo que se espera la presentación de atestados e informes». La decisión va a estar en manos de la Audiencia que, como recuerda la propia Alaya en octubre de 2013 ya se pronunció «sobre la posible inescindibilidad de la causa», basándose en jurisprudencia del Supremo para defender la «continencia de la causa». Un pronunciamiento que hizo la Sección Séptima en la resolución sobre un recurso presentado por la defensa de la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez. No obstante, con esta negativa ha ganado tiempo para ir agotando la instrucción que ella considera necesaria hasta que se pronuncie la Sala. Sin embargo, entonces no había sobre la mesa el concienzudo atestado sobre las ayudas otorgadas a un conglomerado de empresas de la Sierra Norte, propiedad de los imputados José Enrique Rosendo y José María Sayago, en el que en sus más de 2.500 páginas los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalan a varios aforados, sobre los que la instructora no tiene competencia. «Esta Fiscalía entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero, por lo que entiende que se debe proceder a elevar el conocimiento de esta pieza al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de alguna de las personas reseñadas en el atestado, en donde se describen los indicios de criminalidad existentes respecto de cada uno», explica el fiscal en su escrito. Unas conclusiones en la que la Guardia Civil señala a una veintena de personas, divididas en tres grupos: uno en el que incluye a las vinculadas con las empresas que recibieron las ayudas, otro de aquellos que tenían responsabilidades políticas, y un tercero con cargos públicos que conocieron de las irregularidades. Entre los señalados están Viera y Vallejo, que ya habían sido apuntados por la jueza en varias ocasiones por sus cargos de consejeros de Empleo e Innovación, respectivamente; así como Caballos, que además de su cargo en el PSOE de Sevilla fue presidente de la Junta rectora del Parque Sierra Norte. Además, un hijo suyo trabajó en una de las empresas de la Sierra Norte investigadas, al igual que la hija de Viera. La nueva petición la tendrá que resolver ahora la jueza y que, en vista de lo contestado ayer, no parece que vaya a acceder. Según la magistrada hay que «destacar la extraordinaria relación que existe entre las tres materias o piezas que señala el Ministerio Público», que eran por un lado los intrusos aparecidos en los diferentes ERE y las ayudas a empresas, las sobrecomisiones y el «procedimiento específico», es decir, el sistema creado y utilizado durante una década por la Junta para otorgar estas subvenciones. Para Alaya «resulta evidente que las ayudas existieron en esa forma porque se creó» un sistema «de forma que la fiscalización e inclusive la tramitación de se desarrollaba al margen del procedimiento legal de subvenciones en un presunto torcimiento concertado del Derecho». «Estaríamos ante el concepto de conexidad necesaria que abogaría por la indivisibilidad», añade la magistrada, con el fin de «evitar algo que no tendría solución y que impediría el enjuiciamiento coherente, o más bien, haría imposible el enjuiciamiento por separado de las diferentes conductas: la ruptura de la continencia de la causa». Para ello, Alaya alude a la sentencia del caso Banesto, dictada por el Supremo, en la que se indica «que el criterio de un solo proceso es el adecuado cuando los hechos presentan, como es el caso, una incuestionable relación entre sí». «El riesgo de fallos contradictorios constituye más que una mera probabilidad, es un peligro obvio, serio e indiscutible que no debe correrse a juicio de esta instructora», a lo que añade que en este caso también se da la llamada «subsecuencia delictiva» que requiere que «se haya cometido un hecho penal previamente y que algo de éste sea utilizado o afectado por el nuevo hecho». Por último, recuerda que hay varios informes, como el de la Sierra Norte y otro relativo a IFA y la Consejería de Innovación, «cuya presunta colaboración aún no se ha analizado», por lo que hasta que no practique una serie de diligencias «no podrá considerarse concluida la instrucción en esta sede».

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