La jueza Mercedes Alaya no parece tener prisa con la instrucción de los ERE, pese a que ya ha anunciado que está «en la recta final». En un nuevo auto la magistrada vuelve a reiterar que por ahora no va a elevar al Tribunal Supremo la causa y niega que exista riesgo de prescripción porque entre los delitos que se investiga está la malversación «en su subtipo agravado de especial gravedad, cuyo plazo prescriptivo podría ser de 15 años». La magistrada también defiende su actuación, negando la dilación de la misma y que haya dictado autos «para que solo surtiera efecto ante los medios de comunicación». Por otro lado, la Intervención General de Estado ha concluido en otro informe que, como el Parlamento, la Cámara de Cuentas no pudo conocer las irregularidades con la documentación que los peritos han analizado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 contesta en un auto a un escrito presentado por el abogado de los exdirectores generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, en el que aseveraba que «debido a la tardanza y dilaciones en la instrucción de la causa se estarían produciendo en estas fechas la prescripción de algunos de los delitos, cuya determinación corresponde al propio Juzgado y no a las partes intervinientes en el proceso». Una acusación a la que la jueza contesta que «como así lo hizo la Audiencia Provincial, en la presente causa se investigan, entre otros, la presunta malversación en su subtipo agravado de especial gravedad, cuyo plazo prescriptivo podría ser de 15 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 432.2 del Código Penal».
En su recurso, el abogado José María Mohedano aseguraba que Alaya ya «no era competente para investigar el caso», pues debía elevarlo al Tribunal Supremo, al considerar que la investigación ya está agotada sin dirigirse contra los aforados señalados por la propia jueza, entre los que se encuentran los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. La magistrada, le responde remitiéndose a al auto que ya dictó el 3 de abril, contestando a la Fiscalía tras plantearle esta cuestión.
En el auto, la magistrada también se defiende de «las divagaciones que a lo largo del recurso aprovecha» el abogado de los dos exaltos cargos «para hacer referencia a dilaciones indebidas». Alaya asegura a este respecto que «no merece mayores comentarios, más que la causa posee cerca de 200 tomos (cerca de 80.000 folios), amén de 19 anexos documentales, así como los expedientes remitidos por la Junta en relación a más de 60 empresas, una treintena de recursos actualmente en trámite, a los que habrá que sumar los numerosos recursos interpuestos en los últimos días». A lo que añade que hay «cerca de 200 partes personadas, de los que 185 son imputados, a los cuales en su inmensa mayoría se les ha recibido declaración, y tantas piezas separadas de medidas cautelares en relación a aquellos imputados a quienes se les ha impuesto fianzas».
La instructora también muestra su fuerte discrepancia con el letrado sobre el hecho de que alegara en su recurso que los autos en los que señala a los aforados, la famosa preimputación, «era para que solo surtiera efectos ante los medios de comunicación». «Yerra de nuevo el recurrente, pues las personas a las que aluden estas resoluciones constan debidamente notificadas, sin que hasta la fecha se haya personado ninguna en las presentes actuaciones», afirma la jueza.
Por otro lado, la Intervención General del Estado ha elaborado otro informe en el que concluye que «los tres elementos objetivos analizados, que por sí mismos hubieran podido aportar evidencia de las irregularidades cometidas en la concesión de subvenciones sociolaborales del programa 31 L (la partida de los ERE, conocida como el fondo de reptiles), no consta en la documentación de la Cuenta General remitida por la Intervención de la Junta a la Cámara de Cuentas de Andalucía». La misma conclusión a la que llegó sobre la Comisión de Economía del Parlamento.
