Alaya reclama a la Cámara de Cuentas su informe de fiscalización de los ERE

La jueza pide al órgano doculentación de la polémica auditoría para 'borrar cualquier sombra de duda'.

el 14 sep 2013 / 15:09 h.

alaya-vertical-mercaLa juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta ha reclamado al gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas de Andalucía distinta documentación en torno al informe de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicios 2001-2011, a fin de "borrar" cualquier "sombra de duda" sobre dicho informe.

En un auto notificado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya requiere a dicho gabinete jurídico para que, "a la mayor brevedad posible", aporte la documentación interesada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, como es, en primer lugar, una "copia de los trabajos de campo" realizados por el equipo técnico "en relación a cada uno de los expedientes que integraban la muestra seleccionada del total de los mismos, incluyendo las conclusiones y los memorandos de trabajo redactados por los técnicos de auditoría". Asimismo, y atendiendo a las conclusiones provisionales que se recogen en el apartado 'Procedimiento de ejecución presupuestaria' del primer borrador del informe "para revisión del consejero", de fecha 16 de mayo de 2012, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla reclama a la Cámara de Cuentas que aporte las conclusiones y los memorandos de trabajo redactados por los técnicos de auditoría. La instructora señala que, una vez se reciba la anterior documentación, resolverá sobre la solicitud realizada por el Ministerio Público a fin de que declaren en sede judicial los componente del equipo técnico referido. A juicio de la juez, esta documentación es necesaria "ante el avance de la investigación" y "especialmente" tras la declaración en sede judicial del exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y las alegaciones formuladas por la abogada de una imputada "sobre la legalidad del procedimiento ante el presunto conocimiento por parte de la Cámara de Cuentas de la existencia de las transferencias de financiación". La juez indica que, una vez se ha dado traslado del informe de fiscalización a las partes personadas, Anticorrupción ha pedido una serie de documentación complementaria --como los documentos referidos--, lo que ha sido "criticado" en un escrito por la representación legal de la Junta, que alega "falta de motivación" en su solicitud. No obstante, Alaya deja claro que "es a esta instructora a quien corresponde valorar esta motivación, y es claro que el mencionado informe es de suma importancia para la presente causa", deduciéndose "de su propia lectura determinadas actuaciones que no deben permanecer ocultas ni a esta instrucción ni a las partes, considerando necesario disponer de toda la información que proceda". Más aún, prosigue la magistrada, "teniendo en cuenta que, con posterioridad, se ha recibido oficio" de la letrada jefe del gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas remitiendo un acta de 23 de mayo de 2012 que, "por error, no se envió a ese juzgado con nuestro escrito de 4 de diciembre de 2012".

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