La juez Mercedes Alaya.
«Promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas», este es el papel que «los cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía» jugaron en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) que investiga desde hace algo más de tres años. Es la conclusión que sostiene la jueza Mercedes Alaya en un auto dictado el 28 de enero en el que rechaza dividir la causa por empresas, como le solicitó una de las imputadas, al considerar que el caso es «inescindible», ya que los «responsables» de las irregularidades en los expedientes de casa empresa «se repiten».
La magistrada siempre ha apuntado que la causa de los ERE no se queda en el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero, ni siquiera en el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández, sino que siempre ha apuntado más arriba. Aunque por el momento no haya dado el paso, enviando la causa al Tribunal Supremo ante la condición de aforado de algunos políticos a los que les puede salpicar el escándalo, sí que ha señalado a los expresidentes ManuelChaves y José Antonio Griñán. Ayer, volvió a dejarlo claro y habló de «estructura piramidal» que se mantuvo «vigente más de diez años». Así se expresa la jueza en el auto en el que no admite el recurso presentado por la expresidenta del Consejo de Administración de la empresa Acyco Encarnación Poto Monge e intrusa en el ERE de esta entidad, quien en el mismo alegaba que ella se mantenía al margen de la «trama política». Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 le recuerda que «se aprovechó» de esta trama, gracias a su «influencia» en determinados cargos públicos para «conseguir elevadas subvenciones» y a que conocía que «las mismas se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificaran por los solicitantes». Unas ayudas que, como en su caso, «se imponían como parte de una estrategia empresarial, sobre la seguridad de que se iba a disponer de tales fondos públicos».
Por ello, concluye que «con independencia de cada empresario o directivo, la causa se configura como inescindible, pues en cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresas podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas». En este punto hace referencia, en primer lugar, «a los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía, que en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años». Y, en segundo lugar, «a los intermediarios que alternándose, se repiten en cada uno de estos expedientes, sobre los cuales a día de hoy penden diligencias de interés».
«Desde luego hasta la fecha, no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma, como así se expuso también por la Audiencia Provincial en su auto de fecha 13 de diciembre de 2013, por lo que procede desestimar el recurso interpuesto», añade la instructora.
Esto significa que, Alaya cree que debe mantener unida esta causa, ya que la mayoría de los cargos públicos imputados están implicados en casi todos los expedientes. Esto, además, podría dar idea de que la magistrada tiene pensado en mandar toda la causa al Tribunal Supremo si da el paso de imputar en la trama a los expresidentes Chaves y Griñán y al exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Es decir, no se quedaría ella con la investigación sobre los imputados que no son aforados, sino que la remitiría al completo. En este punto, puede ser fundamental el informe elaborado por los peritos de la Intervención General del Estado, quienes declararán el próximo 25 de febrero, para ratificar dicho documento en el que los auditores confirman las sospechas de la jueza. Entre otras conclusiones, el informe reprocha a tres responsables de la Consejería de Economía y Hacienda que no llevaran a cabo ninguna acción para evitar este fraude. En concreto, hacen referencia a Magdalena Álvarez, quien ya declaró ante Alaya; José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo.
Según fuentes consultadas, con esta declaración y una vez que reciba varios atestados que tiene pendiente la Guardia Civil, como el de la Sierra Norte o el de Mercasevilla, la jueza podría tomar la decisión sobre si eleva el caso, o si continúa con la instrucción. Otras fuentes, en cambio, ven algo precipitado que la magistrada tome esta decisión en primavera porque «la Guardia Civil tiene muchos temas pendiente». Declaraciones. La jueza Alaya tomó ayer declaración a Carlos Miranda Bacciarini, que entre 2003 y 2011 fue director de la compañía que gestionaba todos los hoteles de Nueva Rumasa, a quien ha imputado un delito de malversación al haber participado «activamente» en el proceso de reestructuración laboral del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga). Miranda explicó que el empresario José María Ruiz Mateos le presentó «como un colaborador» al conseguidor y exsindicalista de UGT Juan Lanzas. Miranda reconoció que en una ocasión un sobre a Lanzas, aunque aclaró que «no es conocedor ni consciente de que eso representara ningún pago», ya que él creía que se trataba de documentación. En cambio, Alaya cree que habría servido «como intermediario» de los ilícitos pagos realizados por la familia Ruiz Mateos a Lanzas, «quien cobraría 600.000 euros por las gestiones ante la Junta relativas al hotel, pagos que se harían en sobres semanales o quincenales en los que se contendría 20.000 o 25.000 euros». Anticorrupción solicitó para el imputado una fianza civil de 120.000 euros.
