Alaya urge a la Junta a enviar la lista de intrusos en los ERE

Imputa a dos de los hijos del empresario Ruiz Mateos junto con otras 23 personas.

el 30 ago 2013 / 21:01 h.

La jueza que instruye el caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, ha solicitado a la Junta de Andalucía que, “a la mayor brevedad posible”, remita al juzgado la relación de los “intrusos” incluidos en expedientes de regulación de empleo de 2001 a 2010. Esta solicitud figura en un auto dictado por Alaya con fecha 31 de julio, último día previo a sus vacaciones, difundido este viernes por el PP-A, y en el que también reclama a la Junta la contabilidad de la Agencia IDEA correspondiente a los años 2010 y 2011, así como los expedientes relativos a las ayudas concedidas a cuatro empresas por un importe global cercano a los ocho millones de euros. En dicho auto, consultado por Europa Press, la magistrada solicita a la Junta la relación de las personas ajenas a las empresas que figuran como beneficiarias de ayudas sociolaborales concedidas en el periodo 2001-2010, detallando además de nombre y apellido, la empresa a cuyo ERE o reestructuración laboral se vinculó, número de póliza de seguro en la que se incluyó y compañía aseguradora, puesto que con los “listados remitidos anteriormente por la Dirección General de Relaciones Laborales, no se ha remitido la relación de personas incluidas en las pólizas de seguros que no tenían relación laboral con la empresa y que hayan sido detectadas en la relatada novación de pólizas”. En relación con las modificaciones presupuestarias de 2010 de la Consejería de Empleo, la jueza demanda a la Junta la “rectificación de la transferencia de crédito” por importe de 20 millones de euros aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de diciembre de 2010, que “aumentaba el crédito”. La jueza considera además que el exsindicalista jiennense Juan Lanzas, en prisión, recibió sobres con pagos en B tras “comprometerse” con dos hijos del conocido empresario José María Ruiz-Mateos, a que la Junta financiase las prejubilaciones de un ERE en el Hotel Cervantes, propiedad del Grupo Nuevo Rumasa.  Así lo asegura en un auto en el que imputa a otras  23 personas, entre los que figuran Javier y Pablo Ruiz Mateos, hijos del empresario jerezano, junto a varios intrusos y directivos de  las empresas Intesur, Saldauto, SOS Cuétara, Cespa y Matadero de  Fuenteovejuna.

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