Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano.
«Un sistema fácil» que degeneró en una «alarmante ilegalidad» y en un «oscurantismo total», de cuya dotación presupuestaria eran «responsables» los exconsejeros Antonio Fernández, Magdalena Álvarez y los exdirectores generales de Presupuesto Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera. Estas son las conclusiones a las que llega la jueza Mercedes Alaya en el auto dictado ayer después de que la Audiencia Provincial de Sevilla le revocara la imputación de Lozano y Aguilera ante la falta de concreción de los hechos por los que les implica en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE). La magistrada, que les imputa prevaricación y malversación, los cita a declarar de nuevo el próximo 12 de mayo.
El nuevo auto de imputación, la titular del Juzgado de Instrucción número 6, como la propia jueza reconoce, «no hace otra cosa que reproducir» la imputación que «le fue leída detenidamente» por ella a ambos exaltos cargos por ella cuando les tomó declaración. Para la magistrada, Lozano, que también fue viceconsejero de Presidencia, «ordenaría ilícitamente de acuerdo con otros la inclusión en el anteproyecto de la Consejería de Empleo de la partida indebida de las transferencias de financiación al IFA». Además, le responsabiliza de doce modificaciones presupuestarias que «indebidamente» incrementaron los fondos del IFA con 57 millones de euros, lo que supone un «incumplimiento flagrante» de la Ley General de Subvenciones. El auto añade que con esto se pretendía «evitar el control de la legalidad» y «conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y la paz social se otorgaban subvenciones de espaldas a la Intervención» y a otros sistemas de control. Por último, Alaya cree que Lozano conocía «el uso inadecuado» por las reuniones que mantenía con los técnicos. En cuanto Aguilera, el auto indica que «no trasladó el cambio trascendental» del sistema de financiación de los ERE. Asimismo, le responsabiliza de dos modificaciones presupuestarias de 300.000 y 20 millones de euros .
Alaya concluye que «reiteradamente desde el año 2002 al 2009 se incluyeron por parte de la Consejería de Hacienda créditos para transferencias de financiación del programa 31L, cuando en realidad se conocía indiciariamente que iban a destinarse inadecuadamente a subvenciones sociolaborales que otorgaría Empleo. Según destaca, esta fase de elaboración presupuestaria originó «consecuencias de alarmante ilegalidad» y degeneró en «una absoluta falta de control sobre los beneficiarios, sobre las cantidades dispuestas y su destino, además de un oscurantismo total para el común de la ciudadanía». Por último, destaca que «la responsabilidad de introducir el crédito en las transferencias de financiación al IFA» sería «entre otros» del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y la entonces responsable de Hacienda, Magdalena Álvarez, así como de Lozano y Buenaventura. «Máxime cuando en la Consejería de Hacienda se elaboró el presupuesto de IFA, reflejando indebidamente gastos que no se iban a producir».
Asimismo, la instructora deja sin efecto las fianzas impuestas a Lozano (de 46 millones de euros) y Aguilera (un millón de euros).
