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Alcalá de Guadaíra abre una investigación por un posible delito medio ambiental en Roca

Alega que existen “indicios de posibles vertidos fuera de las preceptivaslicencias”. Los interesados han planteado una alegaciones que el Consistorio estudia.

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Después del desastre laboral que ha supuesto para la localidad tras su cierre y los meses de lucha que ha vivido su plantilla, el Gobierno local no quiere que la empresa se vaya de rositas.El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha anunciado el inicio de un expediente disciplinario a la fábrica de porcelanas para el baño Roca “por existir indicios de posibles vertidos fuera de las preceptivas licencias”. Según informó en un comunicado, “consta un informe de inspección sobre la existencia de un vertido de restos cerámicos tras comprobar las solicitudes efectuadas por Roca de viabilidad de implantación de un vertedero de residuos de construcción y sobre la viabilidad de la implantación/ legalización de proyecto de acondicionamiento y sellado de vertedero de residuos en finca El Coronel”. En base a dicho informe, el Consistorio alcalareño ha incoado expediente de protección de la legalidad urbanística por “vertido de productos de origen industrial, creándose un vertedero”, del que podrá darse traslado a la Fiscalía. Así, se ha dado trámite de audiencia a los interesados, que han planteado una serie de alegaciones y que se están estudiando por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. No es la única medida de presión contra la fábrica en los últimos meses. Los trabajadores anunciaron a principios de abril que presentarían denuncias particulares en el juzgado por el impago de finiquitos, atrasos y complementos, tras ejecutarse el expediente de regulación de empleo (ERE) y el cierre de la planta alcalareña. Y es que, según el comité, a cada trabajador “se la adeuda una media de 4.000 euros”. Una semana antes, los trabajadores de las fábricas de sanitarios Roca de Alcalá de Guadaíra y Alcalá de Henares (Madrid) presentaron ante la Audiencia Nacional la demanda por conflicto colectivo contra la empresa, donde piden la nulidad del expediente del ERE y del expediente de regulación temporal de empleo. La plantilla ha contado durante estos meses con el respaldo de las distintas administraciones y de todos los partidos políticos. El 26 de abril el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó, en sesión ordinaria y por unanimidad, mostrar su apoyo y solidaridad a los trabajadores de Roca, además de a otros colectivos afectados como el de las cafeterías del aeropuerto de San Pablo, del grupo Abades. Así, el Pleno planteó su rechazo al anuncio de liquidar su actividad en Alcalá de Guadaíra e instó al resto de Administraciones a llevar a cabo todas las gestiones oportunas para que se mantenga la actividad productiva y se conserven los puestos de trabajo. “Una empresa como Roca, con expansión internacional y con beneficios durante más de dos años, no debería cesar su proyección empresarial”, sentenció, calificando el cierre como un “despropósito”. El ERE ha afectado a 227 trabajadores del centro sevillano.

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