Inmersa como está actualmente en un proceso de nacionalización y venta por parte del Estado, que Novagalicia no recurriera la sentencia del juzgado sevillano era probable, sobre todo si se tiene en cuenta que posee problemas más graves que resolver. Pero este fallo judicial lo que viene a confirmar es la existencia de algunos jueces buenos que son conscientes de los excesos bancarios cometidos y dan la razón a la clientela, y también el temor creciente de las entidades a la repercusión social de sus actuaciones, como se puede comprobar en la anulación de no pocos desahucios, como los recientes de los barrios sevillanos de Su Eminencia y San Jerónimo .
De hecho, en los juzgados de Sevilla ha habido jueces sensibles que han cuestionado la praxis de cajas de ahorros y bancos en los contratos hipotecarios, aunque no pocas veces sus sentencias pioneras han sido revocadas en instancias superiores tras los recursos interpuestos por las entidades.
No en vano, una sentencia emitida en Sevilla desató la alarma en toda la banca nacional al anular la llamada cláusula suelo -un interés del que no se baja nunca por mucho que se reduzcan los tipos hipotecarios, siendo el principal el Euríbor- de tres entidades. Si el fallo hubiera sido confirmado en instancias judiciales más altas, el daño para los ingresos de una ya de por sí mermada banca hubiera sido terrible, según reconocían entonces directivos andaluces de uno de los más importantes bancos de España.
En efecto, hace ahora justo dos años el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla declaró nulas las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios de BBVA, Caixa Galicia y la caja rural andaluza Cajamar, y lo hacía de forma colectiva pues colectiva fue la demanda interpuesta por la asociación de defensa de usuarios financieros Ausbanc.
El juez consideraba que había una desproporción entre el tipo mínimo (el suelo) y el máximo (el techo) recogidos en los contratos hipotecarios de una misma entidad. Es decir, el banco cobra, por ejemplo, el 3% como mínimo aunque el Euríbor esté al 1%, pero el cliente no paga más allá del 15% si el indicador hipotecario supera esta barrera -ya tienen que subir muchísimo los tipos para que esa medida beneficie al cliente-. Y la banca siempre gana.
El magistrado, asimismo, sostenía que estas cláusulas son añadidas a la esencia de los contratos hipotecarios, no son el tronco de los mismos, y, por tanto, "salta a la vista que (...) no son objeto de la libre negociación ni fruto de la misma, sino que vienen impuestas y predispuestas (...)".
Pero iba incluso más allá porque, en un auto que no tenía precedentes, instaba a las entidades a ejecutar provisionalmente la sentencia, obligándolas a un desembolso masivo de dinero a los clientes. Eran cantidades millonarias -BBVA, 28 millones, Cajamar, 115 millones, y Caixa Galicia, 175.283 euros mensuales- y los directivos hablaban de "daños irreparables". El auto, sin embargo, fue revocado y la Audiencia Provincial hacía lo propio un año después con aquella sentencia del juez Miguel Ángel Navarro, pionera como la severa rubricada por Ana María Fuentes contra el swap que Caixa Galicia colocó a María José Ruiz y a su marido.
En el resto del país, además, comienzan a aparecer sentencias que hablan de daciones en pago (que entregar al banco las llaves de la vivienda sirva para saldar toda la deuda) y que interpretan de modo amplio la ley para frenar desahucios de personas sin recursos, e incluso fallos que anulan contratos de compra de preferentes -valores emitidos por una entidad, cuya rentabilidad depende del beneficio de ésta, que se negocian en los mercados y que han sido un fiasco en las cajas-.
Y esta última, la de las preferentes, es la próxima guerra judicial a lidiar, puesto que se vendieron estos títulos a personas incluso analfabetas con un nulo conocimiento de los mercados y confiando en que fueran un producto de ahorro con unos rendimientos asegurados. Era más que evidente que pecaron de confianza en sus cajas de toda la vida. Y en Sevilla hay miles de personas afectadas.
