En sentencia del 17 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que el actual presidente de Telefónica, César Alierta, y su sobrino, Luís Javier Plácer, cometieron el delito de uso de información privilegiada en la compra de acciones de Tabacalera en 1997, cuando Alierta presidía dicha compañía, en una operación que les reportó un beneficio de 1,86 millones. Sin embargo, dicho tribunal los absuelve porque el juez instructor se retrasó en admitir a trámite la denuncia del delito, lo que ha provocado que el delito prescriba.
En realidad, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE), presentó su querella el 22 de noviembre de 2002 y se abrieron diligencias previas al mes siguiente pero no prosperaron porque el juez Rodríguez Pons desestimó la querella criminal contra César Alierta. No fue hasta el 6 de junio de 2003 que la Audiencia de Madrid desestimó ese archivo y ordenó que se admitiera a trámite la querella. Aunque para entonces ya habían pasado los cinco años que marca la ley, la acusación entendía que el plazo de prescripción era de 10 años porque la conducta de Alierta merecía ser castigada con el subtipo penal agravado, dado el daño que su conducta habría ocasionado "a los intereses generales". Argumento que la sentencia hecha pública el viernes ha rechazado.
¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué las personas realmente poderosas salen siempre de rositas? Simplemente porque existen distintas varas de medir y la de los poderosos es muy ancha. Hay muchas personas que tenían poder para que las cosas hubieran sido de otra manera y no lo ejercieron. El entonces fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, envió un oficio al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por el que solicitaba autorización para interponer recurso de reforma contra la decisión de Rodríguez Pons, de desestimar la querella criminal contra Alierta. Cardenal denegó dicha autorización así como la relacionada con la acusación de un delito de prevaricación contra Antonio Alonso Ureba, jefe de los servicios jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y en la actualidad, secretario del consejo de Telefónica presidida por Alierta. A eso habría que añadir que Juan Fernández Armesto, entonces presidente de la CNMV, no sancionó la compra-venta de acciones de Tabacalera, y Blas Calzada, su sucesor al frente de ese organismo, fue sospechoso de obstaculizar la investigación. Fue Santiago Torres de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Madrid el que admitió a trámite la querella en junio de 2003, ya tarde.
En las noticias sobre la absolución de Alierta brillan por su ausencia las referencias a las personas e instituciones que obstaculizaron la marcha de la denuncia y que por tanto, son las responsables de que el Presidente de Telefónica y su sobrino no vayan a la cárcel. Tampoco aparece este caso relacionado con el peritaje a petición de Alierta, el pasado mes de abril, del entonces profesor de finanzas del IESE, José Manuel Campa, y hoy Secretario de Estado de Economía. Campa alegó entonces, que no existía delito de información privilegiada.
En España siguen fallando las instituciones. Sobre todo, las que tienen que ver con la regulación de la actividad económica que afecta a los más ricos y también la que ha de administrar justicia a todos la ciudadanía por igual. Ni ante la ley, ni ante los jueces, ni ante los gobiernos, todos somos iguales. Unos, como Alierta, tienen más apoyos que otros.
