Un día después de que la jueza Mercedes Alaya diera un paso cualitativo en la instrucción del caso de los Expedientes de Empleo Fraudulentos tramitados por la Junta e imputara a un total de 20 responsables políticos de la administración andaluza, incluyendo a la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, y al actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, algunos de los afectados replicaron anunciando un recurso por falta de argumentos jurídicos en el auto. En concreto el viceconsejero Lozano, que no dimitirá pero si se apartará de las labores como secretario en las reuniones del Consejo de Gobierno, el director de la Agencia IDEA, Antonio Valverde, y el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Román. Todos alegaron que no se aprecia tacha penal y que no creen que haya argumentación jurídica suficiente para imputarlos en el caso.
Aunque, de momento, el Gobierno andaluz personado en la causa descarta un recurso y el PSOE niega que vaya a querellarse contra la magistrada, casi nadie en la primera fila de la política andaluza oculta su preocupación y discrepancias con el paso dado por Alaya, un tiro directo al corazón del Consejo de Gobierno y toda una declaración de intenciones sobre la posible imputación de José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El presidente de la Junta aseguró ayer que el auto de la jueza no contiene ningún reproche penal por lo que es manifiestamente recurrible. Aunque cada vez hay más indicios de que este nuevo paso en el frente político de la instrucción dado por la jueza Alaya era temido desde hace semanas en SanTelmo, las fuentes del Gobierno ayer consultadas insistieron en desvincular la decisión de Griñán de preparar precipitadamente su sucesión de una posible imputación.
Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguraron ayer el auto no acusa de ningún delito a los imputados y hablaron de inconsistencia jurídica y falta de rigor. Estos fueron los argumentos esgrimidos por dirigentes socialistas y responsables de la Junta, que se aferraron además a las palabras del magistrado emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín que, en una entrevista en la SER, consideró nulo el auto de la jueza Alaya porque no aclara qué delito les imputa. Se ha metido en un charco de invasión de competencias muy peligroso, declaró, tras asegurar que la magistrada debería haber aclarado si les imputa un delito de prevaricación o de malversación. La otra línea de argumentación contra la magistrada se basa en lo que llaman imputación selectiva. Reprochan a la jueza que haya dejado al margen a todos los presuntos responsables políticos que en este momento estén aforados. Martín Pallín lo consideró sospechoso y consideró que lo lógico es que se dirigiera al tribunal competente, es decir al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, a través de su portavoz, Gabriela Bravo, manifestó el respeto absoluto del órgano respecto a la resolución de Alaya. La portavoz del CGPJ señaló que cualquier auto puede ser objeto de críticas y se inclinó por respetar todas las opiniones, aunque advirtió de que esa libertad de expresión ha de tener límites y que tomarán medidas si se ataca a la jueza.
La imputación que más ha sacudido al Gobierno andaluz no es la de la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, sino la del actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, un hombre de la confianza absoluta de Griñán que le acompaña desde que el presidente andaluz regresó a la política andaluza como consejero de Economía y Hacienda. Ayer declaró a Europa Press tener la conciencia muy tranquila y desde su entorno de trabajo no ocultaron que está muy afectado por el proceso.
Desde Ferraz, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, consideró chocante la nueva coincidencia de un auto clave de Alaya con el proceso de primarias abierto en el partido y defendió que los imputados solo cumplían la ley.
IU aparca exigir la dimisión de Lozano hasta conocer su recurso Hace tres meses, el portavoz de IU en el Parlamento, José Antonio Castro, explicó con rotundidad que lo primero que haría su formación en caso de que la jueza Alaya imputase a un miembro del Consejo de Gobierno en el caso del fraude de los ERE sería echar a ese imputado, y no precisamente con todos los honores. Pero eso no ha sido lo primero que ha hecho IU. Una vez conocido que el viceconsejero de la Presidencia y secretario del Consejo de Gobierno, Antonio Lozano, ha sido imputado en el caso ERE, el socio de Gobierno optó ayer por la prudencia. El nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, aseguró ayer que en el acuerdo entre las dos fuerzas de Gobierno no cabe ningún imputado en el Consejo, pero la coalición esperará a que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el recurso contra el auto de Alaya que interpuso ayer Lozano. Hay que llegar hasta el final caiga quien caiga, dijo, y matizó que IU no participará en un gobierno con inculpados si se diera finalmente ese escenario. El vicepresidente Diego Valderas también dijo que no es posible que ningún imputado y procesado pueda estar en un cargo de responsabilidad.
Zoido: Griñán podría ser imputado por causas similares a Álvarez El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, aseguró ayer que por causas muy similares a las que ha señalado la jueza Alaya para imputar a la exconsejera de Economía, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Alvarez, podrían ser perfectamente imputados tanto Griñán como otros consejeros que han desempleado puestos importantes bajo el mandato tanto del propio señor Griñán como del señor Chaves.
Así lo dijo el también alcalde de Sevilla en una entrevista a la emisora COPE, recogida por Europa Press, donde señaló que la trama para desviar el dinero público destinado a los parados andaluces está llegando a la antesala del despacho del señor Griñán, a quien advirtió que muy pronto, muy pronto, se le va a complicar la cosa mucho más de lo que la tiene hoy en el día de hoy. Se está estrechando cada vez más el cerco y ya es hora de que los andaluces sepamos de una vez por todas quiénes han ideado y quiénes han permitido este despilfarro de más 1500 millones de euros de dinero público que tenía que haber ido a los parados andaluces y, sin embargo, ha sido para beneficiar a empresas y a personas vinculadas con el PSOE-A, criticó.
Según Zoido, el auto con el que el martes la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla imputó a 20 cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía entre ellos el viceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano Peña, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, confirma la tesis que viene manteniendo el PP-A desde hace mucho tiempo: que, al final, la trama está llegando a la antesala del despacho del señor Griñán. Zoido insistió en que, aunque de momento ha sido imputada Álvarez por unas causas muy claras y concretas como es que haya consentido que se dilapidara el dinero público destinado a los parados, no sería de extrañar que, por causas muy similares, fueran imputados otros consejeros de los Gobiernos de Chaves y Griñán.
