Amedo, que declaró como testigo en la vista en la que se juzga la implicación de Planchuelo en dos atentados contra los bares franceses Batxoki y Consolation en 1983, en el que resultaron heridas varias personas, se refirió en concreto a la decisión de intervenir en Francia ante la falta de colaboración de las autoridades galas en los años ochenta. Así, especificó que esta decisión "jamás la tomó un mando policial". "Fue una decisión de Felipe González y del señor José Barrionuevo y del señor Julián San Cristóbal", que entonces ocupaban los cargos de ministro del Interior y el gobernador civil de Vizcaya, respectivamente.
Amedo afirmó que estos altos cargos del Gobierno socialista contaron con "la anuencia y el consentimiento" de otros políticos del PSOE, especialmente en el País Vasco.
El exsubdirector de Policía negó, por otra parte, cualquier relación de su superior Planchuelo con los atentados de los que se le acusa y especificó que no fue él quien le entregó el dinero para pagar a los mercenarios portugueses encargados de las acciones si no el jefe de ambos, Francisco Álvarez.
Por su parte, el exjefe de la Brigada de Información de Bilbao, Miguel Ángel Planchuelo, también aseguró en la Audiencia Nacional que el Gobierno autorizó la ejecución del secuestro en 1983 de Segundo Marey, acción por la que fue condenado en 1998 por el Tribunal Supremo a nueve años y seis meses de cárcel.
situación de caos. Planchuelo, que se enfrenta a una petición de 114 años de prisión planteada por la acusación Acción Popular contra los GAL por ordenar dos ataques, indicó que el secuestro de Marey fue la única acción de los grupos en la que participó y negó cualquier relación con las acciones contra los bares Batxoki y Consolation.
El acusado justificó su participación en el secuestro "debido a las circunstancias que se estaban produciendo en el País Vasco". "Era un caos, un muerto hoy y otro mañana, el Gobierno autorizó que se podía hacer un secuestro", dijo ante el tribunal que le juzga por la comisión de un delito de pertenencia a banda armada y seis de asesinato en grado de tentativa.
Por su parte, el ex secretario general de PSE en Vizcaya Ricardo García Damborenea aseguró en el juicio que no considera que apoyar el secuestro de miembros de ETA en los años 80 fuera una actividad ilegal.
