Amnistía Internacional ha denunciado la "autocomplacencia" del Gobierno en la lucha contra la violencia de género, la falta de recursos para combatirla y que tres años despúes de la aprobación de la ley no haya ningún informe de efectividad. El año pasado hubo 600.000 víctmas.
Tres años después de la entrada en vigor de la ley integral contra la violencia de género, el 30% de las 71 mujeres asesinadas en 2007 denunció a su agresor y sólo el 4,6% de las que solicitaron una orden de protección la consiguió.
Amnistía Internacional recoge todos los fallos de la ley integral de violencia de género en su informe Obstinada realidad, derechos pendientes, en el que muestra su preocupación por la situación de las víctimas de violencia machista.
La organizaión critíca, mediante casos reales, la escasa formación de los agentes de policía, una situación que se repite entre los médicos, pese a que, según Amnistía, la formación de los implicados debería ser un aspecto "básico" y obligatorio de la ley.
Amnistía denuncia también las dificultades que se encuentran las mujeres para acceder a la "asistencia social", ya que en la mayoría de las autonomías exigen una orden de protección como requisito para ser víctima.
La ONG advierte de la situación de las inmigrantes es "doblemente discriminadas" porque si no tienen permiso de residencia pueden ser expulsadas del país.
Otras críticas se encaminan hacia la delegación de competencias en las comunidades autónomas y el funcionamiento de los juzgados especializados, que no persiguen los delitos ni investigan de oficio, como muestra el crecimiento de casos sobreseídos entre 2005 y 2007.
No obstante, más de 600.000 mujeres fueron víctimas de la violencia machista el año pasado, de las cuales sólo el 21% denunció a su pareja o ex pareja, según el informe.
El informe refleja que el número de mujeres asesinadas se incrementó en los tres últimos años, hasta alcanzar 74 fallecidas en 2007, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Según la responsable de Interior de AI, Virginia Alvarez, la ley "ha tenido poco impacto en aspectos como la atención sanitaria, el acceso a recursos de atención integral, la asistencia letrada o la equidad territorial".
