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Amplían la investigación en las subvenciones de la Junta a CCOO-A hasta 2004

Los imputados han podido incurrir en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

el 13 nov 2013 / 14:13 h.

El juez de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades  halladas en dos subvenciones de 600.000 y 400.000 euros,  respectivamente, concedidas en 2009 por la Junta de Andalucía al  sindicato CCOO-A ha decidido ampliar las pesquisas hasta cinco años  atrás, es decir, hasta 2004, según han informado a Europa Press  fuentes del caso. En este sentido, las mismas fuentes consultadas han precisado que  fue la Fiscalía de Delitos Económicos la que solicitó al juez de  Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que  ampliara la investigación hasta el año 2004, es decir, cinco años  antes de que la Junta otorgara las dos subvenciones que se investigan  actualmente. Tras ello, el juez instructor ha decidido aceptar la petición  realizada por el Ministerio Público y ha ampliado la investigación  hasta 2004, todo ello dentro de un procedimiento en el que permanecen  imputados la exdirectora general de Seguridad y Salud Laboral de la  Junta de Andalucía Esther Azorit Jiménez y el secretario de  Organización y Finanzas de CCOO-A, Miguel Angel Soto Cubero. Hay que recordar que el magistrado ya solicitó a la Junta de  Andalucía que realizara un informe pericial contable sobre las ayudas  investigadas, una de 600.000 euros y la segunda de 400.000 euros, a  fin de que determinara si se ha producido un "menoscabo" de los  fondos públicos producido en las ayudas concedidas a CCOO-A. En su declaración el pasado mes de enero ante el juez, el  dirigente de CCOO-A negó cualquier irregularidad y alegó que  únicamente "se produjo un error de contabilidad" en relación a 23.000  euros de estas subvenciones que "ya ha quedado solucionado", pues el  sindicato ya consignó dicha cantidad en el Juzgado, aunque la  Fiscalía defiende que el error en la justificación se refiere a unos  42.000 euros. Al término de la declaración, el abogado que defiende a Miguel  Angel Soto señaló a los periodistas que, en este caso, "no se ha  producido ninguna irregularidad penal ni administrativa", por lo que  mostró su confianza en que el juez archive la denuncia presentada por  el Ministerio Público. Respecto a Azorit, no trascendió ningún detalle de la declaración  prestada ante el juez instructor. LA DENUNCIA En la denuncia elevada al Juzgado Decano, consultada por Europa  Press, el Ministerio Público señala que los dos imputados han podido  incurrir en delitos de prevaricación, malversación de caudales  públicos y falsedad en documento oficial. La primera de las ayudas, de 600.000 euros, fue concedida el 22 de  mayo de 2009 por el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández,  para que el sindicato desarrollara "un plan de actividades  divulgativas y de sensibilización sobre prevención de riesgos  laborales" a ejecutar entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de  2009. Añade el fiscal que, con fecha 9 de noviembre de 2009, "consta" un  documento electrónico firmado por Azorit en el que ésta señala que  "de los justificantes verificables relativos a los gastos realizados  por el beneficiario, resulta acreditado que la subvención ha sido  aplicada parcialmente a la finalidad para la que se concedió,  constando por tanto su cumplimiento parcial así como el  correspondiente gasto parcial de la actividad subvencionada". CHARANGA 'LOS PIRATAS' No obstante, "de las comprobaciones iniciales efectuadas" por la  Policía Judicial se concluye que "la suma total de los gastos  justificados, salvo error u omisión involuntaria, asciende a un total  de 609.106,09 euros", pero teniendo en cuenta la documentación  remitida por CCOO-A "se deduce un exceso de justificación de  13.427,97 euros". El fiscal indica que, con cargo a la subvención recibida, el  sindicato justificó 34.553,75 euros "con cargo" a una manifestación  celebrada el 22 de abril de 2009, partida dentro de la que se incluye  una factura por la actuación de la charanga 'Los Piratas', otra  correspondiente a 194 almuerzos, y una tercera por el transporte en  autobús desde distintas localidades de la región andaluza. "Una mínima comprobación de la documentación aportada por CCOO-A  como justificación del 75 por ciento de la subvención debiera haberse  traducido en la no aceptación de los gastos" relativos a esta  manifestación, "lo cual supone de forma indiciaria un reintegro de  fondos públicos de un mínimo de 20.383,78 euros", cantidad que  resulta de restarle a los gastos de la manifestación "el exceso de  justificación". GASTOS POR UN ENCUENTRO QUE NO SE CELEBRO Asimismo, la Fiscalía destaca que se justificaron gastos por la  celebración ese mismo día 22 de abril, en el Palacio de Exposiciones  y Congresos de Sevilla (Fibes), del 'Encuentro de Salud Laboral, 28  de abril. Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo',  aunque la Policía Judicial concluyó que ese día "no consta el  desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral" en  Fibes. La segunda ayuda investigada, de 400.000 euros, fue solicitada por  CCOO-A el día 9 de junio de 2009 para la financiación del 'Programa  de mejora de las condiciones de trabajo en la comunidad andaluza para  el año 2009', tras lo que, el 14 de julio de 2010, la propia Azorit  firmó un documento señalando que "resulta acreditado que la  subvención ha sido aplicada a la finalidad para la que se concedió,  constando por tanto su cumplimiento así como el correspondiente gasto  de la actividad subvencionada". No obstante, y por resolución dictada por el consejero de Empleo  el 2 de noviembre de 2010, se redujo la cuantía de la subvención a  397.928,98 euros, añade el fiscal, que explica que, "de las  comprobaciones iniciales realizadas" por la Policía Judicial "se pone  de manifiesto que, entre los gastos justificados, se adjuntan dietas  y facturas correspondientes a desplazamientos, alojamientos y comidas  por importe de 26.927,96 euros". "Una mínima comprobación arroja como resultado la conclusión de  que algunos de los gastos por transporte y dietas que se recogen con  el concepto de 'coordinación de actividades', refleja viajes a Málaga  desde Sevilla los viernes e itinerario de vuelta el lunes", asevera. "MINIMA COMPROBACION" A su juicio, "una mínima comprobación" de la documentación  aportada por el sindicato "debiera haberse traducido en un reintegro  de fondos públicos derivados, de forma provisional e indiciaria, de  la no aceptación como gasto justificado de parte de las dietas  percibidas" por una dirigente de CCOO.

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