La Junta ha recurrido al Senado para que convoque la comisión general de las comunidades autónomas, un foro donde debatir y renegociar la controvertida Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) antes de que regrese al Congreso para su aprobación definitiva. La misma solicitud fue registrada la semana pasada por el Govern catalán y por todos los grupos de la oposición en la Cámara Alta (se necesita un tercio de los senadores para forzar la convocatoria), de modo que la reforma educativa protagonizará un nuevo enfrentamiento entre Gobierno central y comunidades, a los que se unirá el rechazo en bloque de la oposición. El debate quedó fechado ayer para el próximo martes. El expresidente José Antonio Griñán podría participar en el mismo, puesto que es viceportavoz socialista de esta comisión, apuntan fuentes del Senado. No obstante, la posición de Andalucía será defendida por el consejero de Educación, Luciano Alonso.
La Junta denuncia que la llamada ley Wert vulnera dos artículos del Estatuto (el 21 y el 52, relativos a los derechos educativos de los andaluces y las competencias autonómicas en la materia), y violenta la Ley Andaluza de Educación (LEA) en los capítulos de igualdad, aprendizaje compensatorio para alumnos desfavorecidos y modelo de evaluación.
El gabinete jurídico de la Junta está escudriñando el texto de la Lomce con visos a interponer un recurso de inconstitucionalidad si finalmente la ley se aprueba con el articulado actual. Pero antes de llegar a los tribunales, la Junta quiere apurar el trámite en el Senado para reabrir el debate sobre una ley que rechazan todos los partidos del arco parlamentario, excepto el PP y gran parte de la comunidad educativa. Justo ayer la ley Wert inspiró una huelga de estudiantes en las enseñanzas medias (Secundaria, Bachillerato y FP) que tuvo un seguimiento del 66% en Andalucía, según datos de la Consejería de Educación, y del 90%, según los convocantes (Sindicato de Estudiantes). El Gobierno andaluz apoya las movilizaciones, aunque sólo los miembros del gabinete que pertenecen a IU (Vicepresidencia, Vivienda y Turismo) se han mostrado partidarios de sumarse a las protestas. La huelga general de la enseñanza dura tres días y tendrá su pico más alto mañana, cuando se adhieran profesores, universidades y padres de alumnos.
Al solicitar al Senado la convocatoria de la comisión de comunidades, la Junta recurre a un foro de debate poco utilizado por el conjunto de las regiones, excepto por Cataluña. Actualmente sólo tramita tres iniciativas, dos relativas a incumplimientos del Gobierno central con el Estatut, y la tercera sobre un nuevo modelo de financiación autonómica.
La posición andaluza contra la ley Wert guarda similitudes con el rechazo catalán, sobre todo en lo relativo a la invasión competencial. Pero el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, dejó claro ayer que las razones que expondrá la Junta en la Cámara Alta son distintas que las de otras comunidades. Andalucía denuncia que el modelo educativo del Gobierno de Mariano Rajoy supone una ruptura con los criterios de equidad del sistema educativo andaluz. Sostienen que es una apuesta por las escuelas privadas, por la segregación temprana del alumnado, la competitividad entre colegios y las reválidas. La Junta pretende exprimir el margen competencial que permita la ley básica para no tener que aplicar en Andalucía lo que no sea estrictamente imperativo. Un grupo de 500 expertos estudia las alternativas a la ley y las posibles fisuras legales.
