En el debate del Estado de la Comunidad, en 2010, el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció la implantación del céntimo sanitario, una medida que estableció el Gobierno central en 2002 (un impuesto cedido a las regiones) y que en otras comunidades llevaban años implantada. Los socialistas andaluces se habían resistido, porque era una medida impopular, porque suponía elevar los impuestos sobre los hidrocarburos a todos por igual, con independencia del nivel de renta, pero aquel año Griñán estaba anunciando el mayor recorte al gasto público en la historia de la autonomía. El céntimo sanitario es un gravamen a los usuarios, que la Junta fijó en 2,4 céntimos por litro de gasolina y gasóleo (ahora está en 4,8), cuyos ingresos se dedicarían a financiar la sanidad. En 2011 y 2012, Andalucía ha ingresado más de 700 millones por este concepto, un dinero que ahora podría tener que devolver, puesto que el Tribunal de la Unión Europea acaba de dictar una sentencia anulando el céntimo sanitario, porque incumple la directiva comunitaria sobre los impuestos especiales.
Fuentes de la Consejería de Hacienda han explicado a esta redacción que la sentencia no afecta a Andalucía, puesto que se trata de un impuesto estatal, creado por el Gobierno central. Desde la Comisión Europea, en cambio, apuntan que el céntimo sanitario es un gravamen cedido a las comunidades autónomas y que todas las que han desarrollado la misma fórmula que el Gobierno de la Nación no están exentas de la devolución de lo que hayan ingresado por este concepto. El tribunal europeo considera que España y las comunidades gravan los hidrocarburos dos veces, por distintos conceptos, y lo entendería si el céntimo sanitario se usara para financiar medidas medioambientales necesarias por el efecto del abuso de la gasolina, pero no para costear algo tan ajeno al objeto del impuesto como el sistema sanitario. Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado esta mañana en el Congreso que las consecuencias respecto a la devolución de este dinero (13.000 millones en total) habrá que evaluarlas y aún no es posible facilitarla porque tendremos que ver la amplitud a que se refiere la sentencia.
Todas las comunidades autónomas cobran este impuesto especial cedido por el Estado que se creó en 2002 excepto Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias, que tienen los precios más baratos del combustible. En las 13 regiones que lo aplican oscila entre 1,2 y 4,8 euros por litro de carburante. Este gravamen alcanza su valor máximo de 4,8 céntimos tanto para gasolina como gasóleo en nueve comunidades autónomas, que son Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares.
