Andalucía recibirá 89 millones menos este año para financiar el sistema de atención de las personas dependientes, tal y como se desprende del Real Decreto Ley 20/2012 que se publicó el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según anunció la consejera de Salud y Bienestar Social, María José Montero.
Según lo recogido en el BOE, Andalucía dejaría de percibir 18,5 millones de euros, que se suman a los 70,7 que se eliminaron en los Presupuestos Generales del Estado el pasado mes de marzo. La cifra estimada para 2013 ascendería a 125 millones menos de financiación para la comunidad.
A pesar de ello, Montero quiso trasladar "tranquilidad" a los dependientes ya que, según aseguró, "vamos a trabajar para que con menor financiación se mantengan los mismos servicios". En este sentido, aseguró que el Gobierno andaluz, junto a la mayor parte de los Ayuntamientos, "mantienen firme su compromiso con la dependencia y haremos un esfuerzo ímprobo para que la menor financiación del Gobierno no se traduzca en un perjuicio a los dependientes". Según explicó, Andalucía es líder en políticas de dependencia con un 25,8% de beneficiarios, "y trabajaremos para seguir en la misma línea".
La consejera explicó la reducción en el denominado nivel mínimo de protección, que es el dinero que reciben las comunidades por cada dependiente en función de su gravedad. Así, la aportación del Estado por un gran dependiente de Grado III nivel 2 disminuye a partir del 1 de agosto de 266,57 euros a 231,28 euros y por uno de Grado III nivel 1, baja de 181,26 euros a 157,26 euros. En cuanto a los dependientes severos, el Grado II nivel 2 recibirá del Estado 89,38 euros cuando hasta ahora percibía 103,02 euros y el Grado II nivel 1 cobrará 52,06 euros con respecto a 70,70 euros anteriores.
Esta reducción se recrudecerá cuando entre en vigor la nueva calificación que elimina los niveles para aquellas personas que no se han incorporado aún al sistema. En este caso, se mantienen sólo los grados, llegando la reducción de la aportación del Estado a un 30% más. A partir de esta fecha, se disminuirá también en un 15% de la cuantía de las prestaciones económicas que recibían las personas cuidadoras y se eliminará su cotización en la seguridad social, lo que Montero calificó como una "ironía" de la ministra del ramo, "al asegurar que es para beneficiar a los cuidadores, cuando lo que se pretendía con esa norma era dignificar su trabajo". Montero contestó al Gobierno de Mariano Rajoy, asegurando que "no puede solucionar los problemas traspasando el déficit a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, ya que nos asfixia económicamente".
MEDIDAS LEGALES. La consejera de Salud anunció la posibilidad de emprender "acciones legales" frente al Decreto Ley ya que el Gobierno Central las "ocultó" en la última reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado la semana pasada, y que las comunidades autónomas las conocieron el sábado en el BOE. Montero explicó que la norma tiene visos de "ilegalidad" y que ésta fue adoptada con "nocturnidad y alevosía". Así, aseveró que "estamos asistiendo a una deslealtad por parte del Gobierno, que oculta información limitando la capacidad de debate y consenso". Además, recordó al Gobierno central que "las comunidades autónomas somos estados y tenemos derecho a conocer las normas antes de que éstas se aprueben".
