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La Junta alerta de un «sobrecoste» de 395 millones para implantar la ley Wert

La Consejería de Hacienda evaluará el impacto de la norma en las cuentas de 2015, que están a punto de diseñarse, y el riesgo para el límite del déficit

el 30 jun 2014 / 18:46 h.

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El consejero de Educación de Andalucía, Luciano Alonso (i), junto a la consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau (2i) y la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte (2d). / EFE El consejero de Educación de Andalucía, Luciano Alonso (i), junto a la consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau (2i) y la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte (2d). / EFE A dos meses para que empiece el curso escolar, el Ministerio de Educación reunió ayer a las comunidades para explicarles el reparto de la financiación que van a recibir para poner en marcha la nueva ley educativa en septiembre. El Gobierno andaluz, que lleva meses quejándose de las prisas y de la falta de información sobre el presupuesto, denunció ayer que la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) tendrá un sobrecoste de 395 millones de euros para las arcas autonómicas durante los próximos tres años. Un gasto «sobredimensionado e imprevisto» que preocupa al Gobierno andaluz (no sólo a la Consejería de Educación), puesto que durante esos tres años, las comunidades seguirán sujetas a un estricto límite del gasto público, y no podrán superar un déficit del 0,7% en 2015, del 0,2% en 2016 y del 0% en 2017. El sobrecoste para Andalucía de la ley Wert podría traducirse en un mayor endeudamiento de la Administración, avisan desde el departamento de Luciano Alonso. La Consejería de Hacienda, que en pocos días empieza a cuadrar el sudoku de los presupuestos para 2015, convocará a Alonso para evaluar el impacto de esta «tremenda» cifra de gasto en las arcas andaluzas. La financiación de la nueva legislación educativa se calcula según dos variables: número de alumnos y gasto por docente. Andalucía, con 1,5 millones de estudiantes de enseñanzas medias, es la región que más dinero percibirá para su implantación (189,67 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (112,12 millones), Madrid, (110,89), y Cataluña, (106,17). Pero las cuentas que ha hecho el Ministerio de Educación no cuadran, ni de lejos, con los cálculos de la Junta, que estima que el coste de la puesta en marcha de la Lomce en Andalucía ascenderá a 584 millones, tres veces más de lo que recibirá del Gobierno central. El consejero de Educación, Luciano Alonso, acudió ayer a la reunión con el ministro José Ignacio Wert y antes del encuentro (ya contaba con la documentación del Ministerio) atribuyó ese desfase a «un error de cálculo» del ministro respecto al coste real que tendrán determinados aspectos nuevos de la futura ley. «Conceptos y errores no tenidos en cuenta» por el Ministerio, dijo, por ejemplo: no se contemplan los 40 millones necesarios para adaptar la educación Primaria, donde existen nuevas asignaturas optativas que requerirán más docentes y medios; los 80 millones para los nuevos itinerarios de Secundaria frente a los 71 calculados por el Ministerio (aunque esta etapa no entra en vigor hasta 2016); los 241 millones para la Formación Profesional Básica que sustituyen a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), un ciclo nuevo al que el Estado destina sólo 117 millones; y los 223 millones que costará recambiar todos los libros de texto, algo que recaerá por completo en la Junta, que mantiene con fondos propios un programa de gratuidad del que el Ministerio ya no forma parte. Alonso abundó en la falta de presupuesto para la FP Básica, y acusó al Gobierno de haber hecho el cálculo tomando como referencia el alumnado que ahora cursa el primer año de PCPI –unos 2.500 en Andalucía–, aunque estos cursos no son de oferta obligatoria en los institutos, y los ciclos de FP Básica sí (todos los centros pueden solicitar a la consejería poder ofertarlos). La Junta pondrá en marcha en septiembre 425 unidades de FP Básica, con una estimación media de coste por unidad de 130.000 euros. El PP-A denunció que la conversión de estas enseñanzas ha supuesto un recorte de 110 unidades de PCPI. Alonso replicó en el Parlamento, hace una semana, que con la financiación adecuada se podrían haber ofertado ciclos de FP Básica en los 866 institutos andaluces. Andalucía, Canarias y Asturias, las tres dirigidas por gobiernos socialistas que han recurrido la ley ante el Constitucional por invasión de competencias y por vulnerar la igualdad de oportunidades en la escuela, coincidieron en que el presupuesto con el que contarán para implantar la ley Wert es «insuficiente». Alonso confirmó que su departamento ha agilizado los trámites para que el anteproyecto de ley de Formación Profesional llegue al Consejo de Gobierno a finales de julio, como adelantó ayer este periódico. «Yo lo espero pero lo vengo esperando porque llevo trabajando desde el 9 de septiembre», afirmó, a preguntas de los periodistas. La financiación autonómica, a los tribunales La Junta estudia reclamar por vía judicial el aplazamiento del nuevo sistema de financiación autonómica. El modelo de reparto de ingresos y gastos entre comunidades expiró a principios de año, y el Gobierno se comprometió a abordar un cambio en la fórmula. La semana pasada se anunció que este sistema, muy criticado desde Andalucía, se renovaría hasta 2016, algo que el número dos del PSOE-A, Juan Cornejo, tildó ayer de «injustificado». «No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, Andalucía va a seguir reclamando la financiación que le corresponde y no vamos a consentir que se nos discrimine sólo por no ceder a los chantajes de la derecha», advirtió. Por «discrepancias» en la liquidación de varios ejercicios presupuestarios, la Junta denuncia que el Ministerio de Hacienda debe a Andalucía 5.800 millones de euros.

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