Es el gran reto de la seguridad y la justicia europeas y en Andalucía su incidencia es superior a la media española, con Málaga a la cabeza. Hasta 132 bandas de crimen organizado están asentadas o actúan en la comunidad, donde el año pasado se practicaron el 42,1% de las detenciones.
Cinco de los trece grupos de respuesta especial contra el crimen organizado (GRECO) de la Policía Nacional trabajan en Andalucía y la Fiscalía antimafia tiene delegaciones en Almería, Cádiz, Sevilla y Málaga. No es casual ni, según la Fiscalía Superior de Andalucía, suficiente. La delincuencia organizada tiene cada vez más ramificaciones en la comunidad y una complejidad en su modus operandi, gracias a las nuevas tecnologías y a la diversificación de delitos, que preocupa al Ministerio Público y le lleva a reclamar más medios de apoyo y especialización.
La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente a 2008, presentada por su máximo responsable Jesús García Calderón, refleja un "incremento moderado" de la criminalidad en general y por primera vez el Ministerio Público ha superado el millón de diligencias de investigación incoadas, aunque no todas terminan en escritos de acusación. El informe dedica un apartado especial a la delincuencia organizada porque no en vano seis de las ocho provincias andaluzas (Málaga, Sevilla, Cádiz, Huelva, Almería y Granada) presentan una incidencia de este tipo de delincuencia igual o superior a la media española, con Málaga a la cabeza a la que sólo superan Madrid y Barcelona.
Según datos de la Policía recogidos por la Fiscalía, en Andalucía hay 132 bandas asentadas (81) o que actúan en la comunidad y se estima que 8.307 delincuentes dedicados a estas actividades. El año pasado fueron detenidos 1.394, un 42,1% del total de arrestados en todo el país, la mayoría españoles pero también nigerianos, marroquíes, rumanos, colombianos y, en el caso de Málaga, británicos.
Estas organizaciones "rara vez" se dedican a una única actividad y la Fiscalía alerta de que, junto a los delitos clásicos con el narcotráfico y el blanqueo de capitales a la cabeza, "aparecen nuevas formas muy hereogéneas" desde el robo de coches de lujo a estafas o explotación sexual y laboral y otras "hasta el momento inusuales pero que deberán ser objeto de un análisis detenido en los próximos años" como las redes de matrimonios ilegales, el expolio arqueológico, el secuestro, el cohecho o la prevariación administrativa asociada al beneficio económico. De ahí que cada vez más intervengan no sólo los fiscales antimafia sino los especializados en delitos económicos, anticorrupción e incluso medio ambiente, además de los de cooperación internacional.
La Fiscalía de Málaga muestra en la memoria una especial preocupación por el incremento del asentamiento en la Costa del Sol de organizaciones criminales, especialmente extranjeras, no suficientesmente controladas y dedicadas al narcotráfico y el blanqueo de dinero que con frecuencia llevan aparejados ajustes de cuentas y el fomento de la corrupción, con grave trasncendencia social y repercusiones en la actividad turística de la zona.
El fiscal de cooperación internacional de Málaga, Francisco Jiménez Villarejo, dio a a este periódico algunas claves de por qué estas bandas eligen la Costa del Sol, una zona que reconoce "atrayente para canalizar el producto del delito". La actividad principal tiene su origen en otros país pero estas redes aprovechan la vía de salida que supone Gibraltar como sede de sociedades matrices y la cercana Costa del Sol sirve de asentamiento a los criminales. "Disfrutan de sus ganancias aquí y se dan cuenta de que pueden seguir operando en el narcotráfico, la prostitución, el fraude y se ofrecen para seguir blanqueando los beneficios", explicó Villarejo.
Pero el tráfico de drogas se extiende más allá de la Costa del Sol y son varias las fiscalías provincias que alertan en la memoria de que este tipo de delitos alcanzan "niveles alarmantes". Es el caso de Huelva, la segunda provincia española en la que más hachís se incautó el año pasado (87.328 kilos) que pretendía introducirse a través de su costa. La Fiscalía de Cádiz también alerta de una nueva ruta en auge que convierte la desembocadura del Guadalquivir en "un hervidero de tráfico de drogas" de difícil control debido a la orografía de la zona.
Los delitos urbanísticos cuentan con especial atención en la memoria del Ministerio Público, con un anexo especial para el informe de la red de fiscales medioambientales especializados en éstos, que en 2008 incoaron 1.436 diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
De nuevo aparece Málaga como la provincia donde este tipo de delitos tiene "especial reflejo", pero también Córdoba o Cádiz señalan un incremento de causas de este tipo. Sobre el papel de los ayuntamientos, la memoria constata una doble clara. En Almería, al menos 15 alcaldes son investigados por presunta prevaricación en la concesión de licencias, mientras los fiscales de Córdoba y Cádiz destacan la mayor colaboración y control de las irregularidades por parte de los ayuntamientos, algunos de los cuales se han dirigido al Ministerio Público para informarse sobre cómo actuar.
Se trata de uno de las actividades, con frecuencia vinculadas a delitos económicos, para los que la Fiscalía reclama mayor especialización y personal de apoyo, debido a su complejidad técnica.
