Hay acuerdo en Cataluña. El conseller de Economía, Antoni Castells, se reunió a última hora de ayer en Madrid con la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, y lograron llegar a un acuerdo sobre la financiación que está a expensas de sus socios. Andalucía lo decidirá hoy, con las cuentas por delante.
Según las fuentes consultadas, se han eliminado las barreras entre el Gobierno central y la Generalitat, con un principio de acuerdo entre el Ministerio de Economía y el PSC, pero el acuerdo definitivo está a expensas de exponerlo hoy a los socios del tripartito, Esquerra Republicana e Iniciativa-Esquerra Unida.
Tras más de un año de negociaciones infructuosas, el acuerdo ha sido posible gracias a que la Generalitat habría logrado consolidar más de 3.000 millones de euros anuales a cambio de aceptar que la aplicación progresiva del modelo se alargue más allá de los tres años que establece el Estatut. En ese sentido, el tripartito entiende que lo fundamental es cambiar el modelo y que, una vez conseguido, el plazo de tiempo podría alargarse uno o dos años más teniendo en cuenta la actual situación de crisis económica.
El Gobierno hizo llegar ayer, a través de ERC, la oferta de más de 3.100 millones de euros a los tres años de entrar el vigor el nuevo modelo, incluyendo el coste de competencias singulares de Cataluña, como su policía autonómica (Mossos d'Esquadra), prisiones o la promoción de la lengua catalana.
Se baraja que en la aprobación de la modificación de la Ley Orgánica para la Financiación de las Comunidades (LOFCA), que deberá rubricar el nuevo modelo, se pueda alargar en uno o dos años la aplicación del sistema a pleno rendimiento. El Estatuto catalán contempla un plazo de tres años. Fuentes de ERC consultadas por Efe han apuntado, al respecto, que, como mucho, se podría aceptar llegar a los cuatro años y, así, una prórroga de un año más para llegar al pleno rendimiento del nuevo sistema.
El presidente de ERC, Joan Puigcercós, admitió ayer que su partido aceptaría incluir en el futuro modelo de financiación partidas de competencias singulares de Cataluña, como prisiones o Mossos d'Esquadra, siempre que se alcance la cifra de 3.800 millones y todo ello quede blindado del "Gobierno de turno".
El acuerdo catalán, sin embargo, aún no se ha producido en Andalucía, comunidad determinante en la negociación. Fuentes del Gobierno Andaluz consultadas anoche por este periódico, subrayaron que el sí de Andalucía no se dará hasta hoy, cuando se espera conocer "las cuentas definitivas". Será entonces cuando la Junta diga si acepta el nuevo modelo y si éste es compatible con las ventajas otorgadas por el Gobierno a Cataluña.
A seis días de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)-el órgano donde se sienta el Ejecutivo con todas las autonomías-, el Gobierno trata por todos los medios de salvar el acuerdo. No le está resultando fácil. En el sprint final de la negociación, las comunidades tensan la cuerda para que el nuevo modelo reconozca sus reivindicaciones. El Gobierno intensifica el diálogo para cerrar un pacto casi in extremis. El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, admitió que en la recta final es donde se están dando las "mayores tensiones", pero aseguró que ya se están "cerrando las cifras". Ninguna autonomía sabe aún los números -la Junta insistió en que no se los han comunicado pero los conocerá hoy-, aunque todas manejan sus propias horquillas.
Chaves se mostró optimista en poder cumplir con la fecha límite que marcó Zapatero gracias a que, aseguró, "ha habido una aproximación con Cataluña", la región más beligerante. También la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, cree que se está "cerca" de cerrar "un buen modelo" de financiación, pero no sólo para los catalanes, sino para todos.
La posibilidad de pactar por unanimidad un modelo el martes se antoja difícil por las reticencias de las comunidades del PP. El partido de Mariano Rajoy no contempla que los suyos voten de forma diferente en el CPFF. Valencia avisó ayer de que no aceptará un sistema que le aporte, a través de distintos fondos, menos de 1.400 millones. Galicia se plantea no firmar y Castilla y León exige el 6,4% de los recursos adicionales que ponga el Ejecutivo. Chaves pidió a las autonomías del PP que defiendan los intereses de sus ciudadanos y no los del partido. La Junta, por su parte, espera poder llevar las cifras definitivas de la financiación al pleno extraordinario que se celebrará el lunes, un día antes de convocar el CPFF.
