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Andalucía en Europa: playas y déficit público

El dedo acusador del Gobierno señala al déficit andaluz en una pugna peligrosa y de graves consecuencias.

el 14 abr 2012 / 20:52 h.

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Antonio Nazaré lo intentó todo, aunque tuvo enfrente el lote de menores posibilidades del encierro de Montealto.
El periódico inglés The Guardian se hacía eco el viernes de una información bajo el titular Eurozone crisis focuses on Andalucía, home to sun, sand and soaring deficits ("La crisis de la Eurozona se centra en Andalucía, tierra de sol, arena y creciente déficit"). El artículo, que recoge el pimpampum entre Gobierno y Junta con las cuentas andaluzas en liza, sostiene que Andalucía, ese paraíso de vacaciones para muchos ingleses, "se ha convertido en el foco de los problemas del euro".

El que Andalucía, provista de todos sus tópicos, aparezca así retratada en las páginas de este rotativo podría quedar en anécdota si la semana que hoy termina no hubiera sido tan horrible para la economía española, maltratada y devorada cada día por los insaciables mercados. Y resulta que el dedo acusador de uno de los periódicos europeos más prestigiosos señala a la región más al Sur de España. Pone altavoz a las acusaciones de insolvencia y opacidad de sus cuentas, para buscar en esta tierra el epicentro de la crisis de la zona euro. Era fácil. No había nada más que seguir otro dedo, el de la segunda autoridad del Ministerio de Hacienda, el secretario de Estado Antonio Beteta, que lleva días sembrando dudas sobre el estado de las cuentas de la comunidad más poderosa de España, con 8 millones de habitantes y un presupuesto público para 2012 de más de 32.000 millones de euros. Incluso llegó Beteta a amenazarla con la intervención, utilizando como arma arrojadiza dentro de la confrontación política la recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria. La norma que permitirá al Gobierno tomar el mando de la economía de las comunidades. Gracias, no hay que olvidarlo, a que PSOE y PP, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, pactaron en la pasada legislatura la reforma exprés de la Constitución para sacralizar el déficit cero en las administraciones.


Posiblemente el Gobierno no haya calibrado bien las consecuencias de las acusaciones contra Andalucía. Hay poca seriedad en esas palabras si se tiene en cuenta que en ningún momento, según fuentes de la Junta de Andalucía, el Ministerio ha remitido algún tipo de circular o aviso interno reclamando más información sobre las cuentas andaluzas o expresando sus dudas sobre los datos aportados por la comunidad en las reuniones periódicas del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La preocupación del Gobierno se prodiga en los medios pero no llega con seriedad a los despachos. La única salida política que encontró Andalucía la escenificó la consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo, que pidió a las autoridades de la Unión Europea que amparen a Andalucía y certifiquen sus cuentas.

Los datos oficiales no son tan malos para el déficit andaluz. No lo son los indicadores del Banco de España ni las notas de las agencias de rating, que descalifican el estado de las finanzas andaluzas pero no más ni con peores notas que al resto de las comunidades. Son muchos peores los datos de déficit público para la Comunidad Valenciana. Hoy resulta llamativo que el Estatuto de Autonomía de Andalucía dedicara todo un capítulo a la Hacienda de la Comunidad Autónoma y a tasar los principios que deben regir las relaciones entre Andalucía y el Estado. Hace poco más de seis años, todos los partidos del arco parlamentario andaluz libraron una interesante pelea política para que Andalucía prácticamente pudiera tutear al Estado al abordar sus relaciones financieras. El primer borrador habló de "codecisión". Esa palabra desapareció el espíritu impregnó la ley orgánica. Lealtad, austeridad, transparencia, prudencia, autonomía o suficiencia son palabras del título estatutario que cobran hoy otra dimensión.La crisis lo ha arrasado todo. El Estatuto, el libro que enarbola Izquierda Unida cada vez que le preguntan sobre sus exigencias para entrar en el Gobierno andaluz, se ha convertido en una pretenciosa ley arrumbada en un cajón político. Cuando se comunica por una nota oficial que la sanidad y la educación públicas menguaran en 10.000 millones de euros, el catálogo de nuevos derechos que aprobó el Estatuto suena a carta a los Reyes Magos.

Cuando se abordó la reforma estatutaria se debatía sobre cómo paliar que las comunidades hubieran tenido en cierto modo que devolver competencias por trasladarse parte de la toma de decisiones políticas a la Unión Europea. Otros tiempos. Ahora no manda Europa sino un país, Alemania, y nadie cree que la canciller Merkel haya oído en su vida hablar del Estatuto. Los alemanes, como los ingleses, según The Guardian, verán Andalucía como tierra de sol, playas, flamenco y ahora también déficit.

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