El Ejecutivo andaluz, que lleva meses reclamando al Gobierno central una deuda de 7.750 millones por diversos conceptos (discrepancias en la liquidación presupuestaria, aplicación incorrecta del sistema de financiación e inversión estatal comprometida en el Estatuto) se dio ayer de bruces con el informe de balanzas fiscales, que sitúa a Andalucía como la región más beneficiada, la que más recibe del Estado en relación con lo que aporta: un saldo positivo de 7.421 millones. El informe de las cuentas territorializadas, relativo a 2011, se hizo público por orden del Ministerio de Hacienda, y desencadenó una cascada de críticas, denuncias y acusaciones de discriminación y desagravios de unas regiones con otras. El próximo jueves se sentarán juntas en el Consejo de Política Fiscal para abordar con el Gobierno sus problemas de liquidez. La Junta se apresuró a desmentir que Andalucía sea la que más solidaridad recibe, y puso el acento en otro aspecto del informe: los cálculos en el reparto de ingresos y gastos no tienen en cuenta dos variables: el PIB y la población. Si se computan, como advierte el mismo documento, el saldo fiscal por habitante de Andalucía sería tres veces inferior al de Extremadura, la mitad del de Canarias, Asturias y Castilla y León, e inferior al de Galicia, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla. Así, pese a ser la segunda región con menor nivel de riqueza, Andalucía quedaría por debajo de otras seis comunidades que aportan menos y reciben más del Estado. Pero la presidenta Susana Díaz no se detuvo ayer en los números, y optó por afear a Mariano Rajoy que haya publicado las balanzas fiscales en un momento político tan complejo: con el órdago soberanista catalán de fondo, cuando todas las comunidades están astilladas por la falta de liquidez, acosadas por la sombra de nuevos recortes en el horizonte [hace dos días Hacienda filtró un documento con 255 medidas de ahorro para las regiones, que incluían drásticos recortes en servicios básicos], y demandando un modelo de financiación autonómica más equitativo. «La excusa del Gobierno para no abrir el modelo de financiación es la dificultad de llegar a un acuerdo entre todos. Utilizar las balanzas para el enfrentamiento entre territorios de España no es el camino que este país necesita», advirtió. Los ingresos fiscales de Andalucía alcanzaron los 12.087 millones en 2011, y tuvo un gasto público de 4.666 millones, resultando un déficit positivo de 7.421 millones, aunque su nivel de financiación es inferior al promedio nacional. «En Andalucía son pobres y pagan menos impuestos, es normal que tenga saldo positivo», resumió Ángel de la Fuente, uno de los académicos que diseñó el método de cálculo de las cuentas regionalizadas. Las balanzas fiscales son un análisis comparativo entre ingresos y gastos del Estado por territorios que busca aclarar si hay o no un equilibrio entre los impuestos que pagan las regiones y las transferencias y servicios que reciben del Estado. La primera conclusión es lógica: las más ricas (Madrid, Cataluña y Valencia) son las que más aportan vía impuestos. Y las más pobres (Extremadura, Canarias y Andalucía) dan más de lo que obtienen. Sin embargo, el saldo fiscal positivo se ha calculado sin tener en cuenta el PIB y la población. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que Andalucía recibe menos recursos de los que le corresponden en relación a su renta y población. «Las balanzas fiscales desmienten que seamos los que más solidaridad recibimos», avisó. En 2011, Andalucía obtuvo 2.094 millones menos por financiación autonómica, 535 millones menos por financiación local, 12 menos en sanidad, 365 menos en infraestructuras, 163 menos en justicia, 39 menos en vivienda y 104 menos en cultura. El gasto público territorializable, que depende de las decisiones del Estado, es el tercero más bajo de todas las comunidades. Andalucía tuvo saldo negativo de 2.593 millones, 307 euros por cada andaluz, frente a 147 euros de un madrileño y 124 de un catalán. Dos varas de medir, 17 interpretaciones Andalucía y Cataluña abanderan el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, y presionan al Gobierno central para que convoque a las comunidades y estudie una fórmula mejor para el reparto de fondos. Pero, mientras Cataluña defendía ayer la publicación de las balanzas fiscales (porque demuestran que es de las regiones más solidarias con el conjunto del Estado), Andalucía se quejó porque considera que visibilizar este cálculo subjetivo de qué regiones aportan más de lo que reciben sólo distorsiona la realidad socioeconómica del país y enfrenta a unos territorios con otros. El PSOE criticó ayer que el informe comparase unas regiones con otras, y recordó que quienes pagan los impuestos son los ciudadanos, no los territorios. En efecto, la publicación del informe provocó ayer que todos los gobiernos regionales miraran con recelo al vecino. Muchos coincidieron en que el método para calcular las cuentas territorializadas era «interesado o estaba politizado». Hay dos sistemas de cálculo: el del «flujo monetario», que consiste en imputar el gasto en el lugar donde se realiza, y el de «carga beneficio», que cuenta el impacto en el bienestar de los ciudadanos residentes en cada territorio. El informe del Gobierno ha usado este último método, igual que hizo el Ejecutivo de Zapatero en 2008, la primera vez que se publicaron las balanzas fiscales. Con el método del «flujo monetario», el gasto de una estación del AVE en Sevilla se imputa sólo a Andalucía. Con el método «carga beneficio», el gasto se reparte entre todas las regiones que atraviesa el AVE, beneficiando a sus ciudadanos. Lo difícil es fragmentar los gastos y beneficios de las infraestructuras estatales en las comunidades. Pero en el caso de los ingresos también ocurre. Los impuestos directos (IRPF, sociedades) se imputan en el domicilio fiscal del contribuyente. Pero una gran empresa, con sede en Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Almería, puede tributar en Madrid, si tiene su domicilio fiscal ahí, aunque su actividad esté diseminada en varias comunidades. ¿Cómo se calcula entonces el beneficio? Las discrepancias entre Cataluña y Andalucía van más allá, porque la publicación de las balanzas fiscales mostraron un déficit negativo para Cataluña, es decir, que aporta mucho más de lo que recibe del Estado, mientras que Andalucía aparece como la región más beneficiada, con un saldo positivo de más de 7.000 millones de euros. Ambas regiones están en contra del método de cálculo, pero la Generalitat está conforme con el resultado porque lo que quería demostrar, y que usará como argumento en el debate soberanista que ha abierto Artur Mas, es que Cataluña es solidaria con el resto de territorios, pero está siendo maltratada por el modelo de financiación. Mientras que el rechazo de Andalucía va mucho más allá de la metodología que se ha utilizado, no sólo porque sus estimaciones arrojan un saldo mucho más perjudicial que lo que dicen las balanzas fiscales (la Junta reclama al Gobierno más de 7.500 millones), sino porque cree que el Gobierno ha cometido una torpeza al abrir este debate, buscando argumentos para contrarrestar a los independentistas catalanes.