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Andalucía logra más dinero por dependientes atendidos

Progresivamente, será el criterio dominante para repartir el fondo estatal. De los 283 millones de este año, el 44% se distribuirán por las personas que ya reciben una prestación y Andalucía calcula que ganará siete millones más.

el 01 jun 2010 / 13:28 h.

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En Andalucía hay 217.013 dependientes con derecho a prestación de los que 155.550 ya la están recibiendo.
Tres años de práctica en la aplicación de la Ley de Dependencia han dejado en evidencia dos cosas:que las previsiones iniciales de posibles beneficiarios se han visto ampliamente superadas y que la eficacia y agilidad al aplicar la norma es desigual en cada territorio. Gobierno y comunidades autónomas acordaron ayer corregir ambos aspectos. Para ello, los 283 millones de euros que este año distribuirá el Estado entre las regiones (el fondo correspondiente al nivel acordado, una parte de la financiación del sistema) primarán el trabajo hecho, es decir, los dependientes que ya están siendo atendidos. Paulatinamente ése será el criterio determinante para el reparto.

 

Hasta el año pasado, los 283 millones se repartían en un 80% en función de criterios generales, como los dependientes potenciales, la extensión territorial, la población y su dispersión y, a propuesta de Andalucía, un 20% según los dependientes ya valorados y reconocidos como beneficiarios , aunque aún no estuvieran recibiendo la prestación. La Junta se propuso lograr que este año las personas realmente atendidas pesarán un 50%, una propuesta que en el Consejo Interterritorial de ayer apoyaron expresamente Cantabria, Aragón, Castilla La Mancha y La Rioja y a la que se opusieron frontalmente Madrid, Valencia y Galicia, gobernadas por el PP.

Finalmente, el fondo se repartirá en un 44% por las personas realmente atendidas y en el 56% restante, junto a los criterios ya existentes, se tendrá en cuenta en un 18,9% las personas ya reconocidas como beneficiarias aunque aún no perciban nada y en un 16,8% la prestación de servicios sobre las ayudas económicas, que en muchas comunidades son mayoritarias (en Andalucía actualmente suponen el 47,27%).
Pese a no lograr totalmente su petición, la consejera de Igualdad, Micaela Navarro se mostró "muy satisfecha" con lo conseguido y estimó que con este reparto la Junta recibirá unos siete millones más que el año pasado, cuando percibió 55,9 millones de los 283. No obstante, explicó que aún no se puede calcular exactamente porque se tomarán como referencia las personas atendidas a 1 de julio. En el trasfondo está la sospecha de que regiones más retrasadas aceleren hasta entonces la valoración y concesión de las prestaciones para pillar más fondos.

Pero para Navarro es especialmente importante que no sólo se hayan fijado los criterios de reparto para este año sino hasta 2013 "para no estar todos los años con lo mismo, y que sea progresivo hasta que las personas atendidas sea el único criterio". Así, en 2011 el 77% del fondo del nivel acordado se repartirá en función de éstas, en 2012 el 87% y en 2013 un 97%. Además, esos años se hará el cálculo para el reparto sobre las personas realmente atendidas a fecha de 1 de enero, lo que evitará acelerones de última hora.

Que las personas atendidas pesen un 44% y las valoradas con derecho reconocido (es decir, con el Plan Individual de Atención) un 18,9% también pretende agilizar los tiempos entre que se reconoce la ayuda y se recibe, toda vez que el plan de ajuste del Gobierno central ha eliminado el derecho a percibir la ayuda con derechos retroactivos salvo en el caso en que se tarde más de seis meses. Aunque ese plazo máximo de resolución ya se fijaba en la ley, todas las comunidades lo superan (Andalucía afirma que de media no tarda más de 7 u 8 meses).

Navarro también valoró que por primera vez se prime también la prestación de servicios sobre la ayuda económica, ya que afirma que la Junta "ha apostado por ello y lo ha incentivado" frente a una realidad práctica en la que las ayudas económicas que la ley preveía como excepcionales se han convertido en habituales. No obstante, ese criterio no dependerá totalmente de las comunidades porque la norma también da la última palabra sobre la prestación para el dependiente a la familia de éste, algo que a juicio de Navarro también se debería revisar para primar la decisión del profesional que lo valora.


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