La futura ley de Formación Profesional, cuyo anteproyecto se aprobó ayer, nace con tres objetivos claros: elevar los niveles de cualificación de los parados y de la población activa; ser un medio para avanzar en el acceso al empleo, de forma que se adaptarán los cursos formativos a la demanda del mercado laboral; y aumentar los controles en la concesión de ayudas. El documento cuenta con una memoria económica de 1.200 millones de euros para su puesta en marcha. El primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones de verano dio luz verde al anteproyecto de esta nueva norma coincidiendo casi en el tiempo con la imputación del fuera consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, por presunto fraude en los cursos de formación. Y es que este anteproyecto entre las novedades que incluye para que el dinero público sea bien empleado está la creación de una red de centros, con un modelo de gestión público, en la que deberán estar inscritas las entidades que quieran impartir formación y recibir subvenciones. El consejero de Educación, Luciano Alonso, indicó que los sindicatos, empresas o entidades que quieran dar cursos de formación y recibir ayudas necesitarán estar registrados en esta red y solo lo podrán hacer a través de centros que sean de su titularidad y que estén autorizados como tales. A esta exigencia se une que las entidades privadas que quieran optar a ayudas también deberán inscribirse en la red, demostrar que tienen experiencia, un plan de calidad y autonomía financiera suficiente para poder funcionar sin necesidad de las subvenciones de la Administración. Asimismo, los centros que dejen de funcionar durante un año se les apartará del sistema. Con esta exigencia se pondrá freno a las empresas que se han constituido con el único objetivo de captar ayudas públicas sin tener experiencia en formación.
A estas medidas de control, que Alonso repitió en varias ocasiones que son únicas en España, se suma que para conceder subvenciones se realizará una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva, «no se exonerará a nadie», de justificar las ayudas recibidas y el que no cumpla «será multado», lo que se traducirá en que no podrán percibir nuevas subvenciones, insistió el consejero. De la concurrencia competitiva quedarán excluidas las acciones formativas que tengan un compromiso de contratación. Estas sí recibirán ayudas directas, tal y como se recoge en la normativa estatal.
El anteproyecto de ley también regula a figura de los Centros Integrados de Formación profesional. En ellos se podrán obtener los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad. Estos «tendrán más conexión con el mundo empresarial , la I+D+i y las universidades» manifestó el titular de Educación.
Alonso asimismo hizo hincapié en el impulso que se hace al emprendimiento, «porque vamos más allá de la formación, formamos para crear economía y puestos de trabajos», para ello repitió que se forjarán emprendedores, «avanzando en el modelo de economía basada en el conocimiento».
Además se potenciará el Consejo Andaluz de Formación Profesional, donde están representados la Junta, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía, y al que se incorporarán las corporaciones locales, los representantes locales y las organizaciones de centros de formación profesional. Este organismo será el encargado de planificar la oferta formativa. Para verificar los resultados, se elaborará un plan plurianual de innovación, calidad y evaluación, cuyos inspectores verificarán si se han conseguidos los objetivos, a través del parámetro de la inserción laboral.
Finalmente, otra de las medidas de la futura ley es impulsar la formación profesional alternativa, con la creación de un catálogo andaluz de cualificaciones, que no están en el registro nacional, como el sector del patronaje de piel y cuero de Ubrique (Cádiz) o el minero.
