El Gobierno andaluz va a presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelar de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso ya interpuesto por la Junta el pasado mes de marzo. Andalucía, junto a otras cuatro comunidades no gobernadas por el PP (Asturias, Cataluña, País Vasco y Canarias), ha llevado la reforma educativa a los tribunales alegando que vulnera la igualdad de oportunidades, que segrega al alumnado con buenos resultados de aquellos que tienen más dificultades, y que invade las competencias autonómicas. También ha pedido reiteradamente al ministro José Ignacio Wert un aplazamiento de la puesta en marcha de la ley, que no fue atendido. Entretanto, la Consejería de Educación está trabajando en la implantación inmediata de la llamada ley Wert, que entra en vigor dentro de cinco meses en la etapa Primaria y en el nuevo ciclo de FP Básica. El consejero del ramo, Luciano Alonso, suele resumirlo con la expresión: «Andalucía no será insumisa, pero se rebela contra la ley Wert».
Fue Alonso quien anunció ayer en Granada el recurso ante el Supremo para que bloquee la reforma educativa a tres meses de que finalice el curso. Dicho de otra forma, a tres meses de que miles de directores de escuela, profesores y administración planifiquen el inicio de un nuevo curso en el que la mitad del sistema escolar andaluz dará un vuelco metodológico. «La Junta ha decidido poner en marcha todos los mecanismos para evitar la aplicación de la norma», dijo Alonso durante la reunión del Consejo Escolar de Andalucía. La estrategia anunciada ayer es la misma que hace un mes adoptó el Ejecutivo de Susana Díaz contra la reforma local, solicitando al Supremo la suspensión inmediata de la ley antes de que los jueces del Constitucional deliberen sobre si ésta violenta o no derechos básicos. Al conocer el anuncio del consejero, la delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo, acusó a la Junta de instalarse en una «confrontación fuera de lo normal» [la Junta ha interpuesto 11 recursos contra leyes del Gobierno en dos años de legislatura, y éste tiene frenadas siete normas andaluzas en los tribunales]. Crespo reclamó «mayor lealtad institucional» ante las leyes del Gobierno de Mariano Rajoy ya que «muchas están beneficiando a Andalucía». «Se ha dialogado mucho con las comunidades antes de la aprobación de la Lomce», dijo, recordando «el alto índice de fracaso escolar y las muchas dificultades en la educación» de esta región, informó Europa Press.
El pasado jueves, el Parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley, con los votos de PSOE e IU y el rechazo del PP, para instar a la Junta a impedir la aplicación de la ley Wert en el próximo curso 2014-2015. Hay gobiernos autonómicos, como el de País Vasco o Cataluña, que han anunciado directamente que algunas de las medidas obligatorias de la ley, como las reválidas, no se aplicarán en sus regiones.
La solución andaluza ha sido otra: buscar alternativas a la aplicación dentro de la ley, por ejemplo, minimizando el horario de la asignatura de Religión, que ahora será evaluable y computará para becas y promoción de curso, rescatando Educación para la Ciudadanía como materia optativa, rechazando los libros de texto que no incluyan parte del temario diseñado y autorizado en Andalucía, recuperando las enseñanzas artísticas (que en la ley Wert quedan arrinconadas), rechazando la publicación de ranking de calidad de colegios o subrayando que el liderazgo del director de centro debe ser pedagógico y no político.
Aún así, los sindicatos de profesores han reprochado a Alonso que haya sido el más rápido en adoptar medidas de la ley Wert, «mientras predica alternativas y rebeliones». Por ejemplo, la eliminación de las pruebas de diagnóstico, que Andalucía fue la primera región en crear, y que ahora serán tuteladas por el Ministerio. Sobre la FP Básica, que sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), Alonso confirmó que la oferta será similar a la que ahora ofrecen éstos, y que se ampliará de 2.000 a 2.100 horas para los alumnos que quieran hacer la reválida para obtener el titulo de Secundaria.
