La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, frente al ministro Cristóbal Montoro.
"Con un margen de déficit por debajo del 1,3% del PIB para Andalucía, será casi imposible hacer los Presupuestos de 2014 antes del 31 de diciembre, y no se descarta que haya que prorrogar las cuentas de este año. El Gobierno central podría amagar con intervenir Andalucía, como ya amenazó el año pasado, y esta vez habría que plantarse porque asumir un déficit tan bajo nos obligaría a hacer recortes salvajes en sanidad, educación y servicios sociales. Si llegamos a eso, que es el peor de los escenarios, podría haber elecciones anticipadas, incluso el año que viene. Algunas de estas incógnitas, que relata un miembro del Gobierno andaluz, van a quedar resueltas el miércoles, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando se conozca el objetivo de déficit de Andalucía para el próximo ejercicio. Lo que ocurra a partir de entonces dependerá de muchos factores, tanto económicos como políticos, pero ese dato el techo de gasto público para 2014 determinará de forma definitiva la elaboración de los Presupuestos del año que viene. El Consejo de Gobierno de esta semana se ha prorrogado del martes al jueves precisamente para aprobar el margen de déficit y, a partir de ahí, diseñar el nuevo marco presupuestario. La negociación política entre los socios de Gobierno (PSOE e IU) arrancará tras el verano y girará en torno a esta cifra.
Pasado mañana, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reunirá con su sus homólogos en las comunidades para fijar un déficit a la carta distinto para cada región. La consejera Carmen Martínez Aguayo se ha pasado el mes de junio y parte de julio en negociaciones con Montoro (al margen del foco mediático) para lograr que el límite de gasto para esta región no imposibilite el diseño de los Presupuestos de 2014 y, por ende, la gobernabilidad de Andalucía.
El déficit es la diferencia entre lo que una región gasta y lo que ingresa. Tener un mayor o menor margen importa porque de ello depende cómo un Gobierno autonómico financiará los servicios públicos. Cada punto del PIB menos suponen mil millones menos para la Junta y sus políticas. Si el tope que establece el Estado es muy bajo, la Junta tendrá que volver a hacer recortes en educación, sanidad y servicios sociales. Así ocurrió el año pasado: Andalucía tuvo que recortar 2.500 millones del Presupuesto de 2012 para poder cumplir con un objetivo de déficit del 1,5% [y al final lo sobrepasó: 2,02% del PIB]. Lo hizo prescindiendo de personal, rebajando salarios a los funcionarios, eliminando altos cargos, fusionando empresas y subiendo impuestos. Aún así mantuvo la espina dorsal del Estado de Bienestar, y se adueñó de un discurso político consistente en contrarrestar al Gobierno de Rajoy con la defensa ciega de los servicios públicos.
Criterios de reparto // La pregunta ahora es: ¿hasta dónde puede apretar el Gobierno a Andalucía? y ¿en qué punto la falta de oxígeno financiero ahogaría a la comunidad y pondría en un aprieto a la Junta? Montoro ha establecido un margen de déficit del 1,3% del PIB para todas las regiones. El Ejecutivo andaluz no está de acuerdo con ese reparto, porque carga más peso a las comunidades que al Estado, siendo las primeras las que más gasto público soportan, con la gestión de las competencias en educación y sanidad. Una vez asimilado que Montoro no va a flexibilizar ese reparto entre Gobierno y comunidades, Aguayo ha peleado para que Andalucía obtenga un déficit por encima de la media. La consejera empezó batallando por un límite del 2% del PIB (similar al que pide Cataluña), rebajó luego al 1,7% y, según fuentes de la Junta, aceptaría como tope mínimo y ajustadísimo un déficit del 1,5% del PIB. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha dicho públicamente que Andalucía no soportaría un techo de gasto inferior al 2%. Otros miembros del Consejo de Gobierno creen que el límite de la catástrofe está en el 1%.
Si al final el margen es más angosto que el 1,5% del PIB por el que pelea Aguayo, la batalla económica no está del todo perdida, pero la batalla política pondría en riesgo el pacto de Gobierno. Sería el momento en el que PSOE e IU se sentarían a decidir por dónde meter la tijera. Aunque ambos partidos comparten el compromiso por no tocar los servicios básicos, con un déficit tan limitado tendrán que redefinir qué es prescindible dentro de lo imprescindible. En esta negociación política entran en liza varios asuntos: cómo tratar la deuda pública; los criterios para repartir el dinero entre las consejerías; el reparto de los fondos europeos (aún se desconoce la cantidad que le corresponderá a Andalucía) y, quizá, una nueva reforma del sector público para optimizar mejor los recursos.
Antes de eso, está la batalla del miércoles en el Consejo de Política Fiscal: algunas comunidades quieren un margen muy amplio y para que en conjunto se cumpla el 1,3%, otras regiones deberán tener un margen mucho más bajo. Andalucía, junto con Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, está entre las regiones que no logró reducir el déficit al 1,5% el año pasado, pero pide más margen este año. Mientras que otras comunidades que sí alcanzaron el objetivo temen que esta permisividad suponga un premio a las incumplidoras.
Los criterios para decidir el reparto a la carta se desconocen. Andalucía reclamó criterios objetivos para calcular el esfuerzo fiscal que debe hacer cada región, no en función de la riqueza de cada una, sino de la población (que es como se mide la financiación autonómica), del endeudamiento y de la situación de partida de las regiones. También reclama un modelo de financiación distinto que garantice los mismos servicios para todos sin importar el territorio.
Negociar las cuentas en medio de la remodelación del Gobierno La elaboración de los próximos presupuestos arranca en septiembre, en mitad de un paisaje político convulso: con un presidente dimisionario (Griñán formalizará su salida el 27 de agosto) y una remodelación de Gobierno en el que saldrán los consejeros que justo ahora afinan el marco presupuestario de 2014: la consejera de Hacienda y el de Economía, Antonio Ávila. Su salida del gabinete de Susana Díaz tiene más que ver con el cargo que ocupaban en la Consejería de Economía y Hacienda, desde la mitad de la década de 2000 (cuando Griñán era consejero), que con el puesto que desempeñan ahora.
Es el estigma del fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta (caso ERE) lo que explica algo en apariencia ilógico: que los responsables económicos del Gobierno andaluz abandonen la nave en pleno proceso de negociación de los Presupuestos de 2014. El timón, en el caso de Martínez Aguayo, lo asumiría su número dos, el viceconsejero de Hacienda, José de Haro, que conoce tanto como su jefa la letra pequeña de los próximos Presupuestos y las negociaciones que ésta ha mantenido con Montoro.
