La Junta de Andalucía acudió a Madrid con el objetivo de lograr que no se perdiera ni un solo euro de las ayudas al campo y al desarrollo rural pero se trae de la negociación con el Ministerio de Agricultura un recorte estimado en 60 millones de euros anuales de aquí a 2020, o más concretamente 418 millones. Son los grandes números del tijeretazo previsto para el septenio tras la nueva y enésima reforma de la Política Agraria Común (PAC) a falta de que se perfilen los detalles en próximas reuniones técnicas, pues aún queda por concebir una comarcalización de los rendimientos de las producciones para que el agricultor y el ganadero sepan con exactitud el importe definitivo que cobrará de las arcas de Bruselas.
Un momento de la reunión de ayer entre el ministro Cañete y los consejeros autonómicos de Agricultura. / PACO CAMPOS (EFE)
La cifra de 418 millones es muy elevada, pero su dimensión queda empequeñecida al compararla con el volumen total de subvenciones que llegan a la Andalucía agroganadera. En concreto, el dinero que se queda por el camino en primas agrarias, 32 millones al año, equivale al 1,94 por ciento de los 1.643 millones que se percibieron en la última campaña. Y en el caso de la financiación al desarrollo rural incluye programas que van desde la diversificación económica hasta las prácticas respetuosas con el medio ambiente pasando por la incorporación de jóvenes al agro, son 35 millones anuales, que representan el 10 por ciento respecto al presupuesto anual vigente para el pasado ejercicio, 395 millones de euros.
El departamento de Elena Víboras hizo ayer los siguientes cálculos: 160 millones perdidos en ayudas directas, 211 en planes de desarrollo rural y otros 47 en la cofinanciación de éstos por parte del Ministerio. Desde la Consejería confiaron en que el Gobierno abra la mano en esta última financiación y menguar así la tijera. Son 418 millones, que quedan lejos de sus primeras estimaciones, que hablaban de más de 700.
La situación es decepcionante. El campo de Andalucía se ha empobrecido y se ha implantado un sentimiento justiciero inaceptable contra Andalucía, dijo ayer una indignada consejera, quien hizo hincapié en que estamos ante la única comunidad que contempla cómo disminuyen los fondos al desarrollo rural con este Gobierno central del PP.
Los datos facilitados por el Ministerio del popular andaluz Miguel Arias Cañete indican que la región andaluza recibirá en el septenio el 23,7 por ciento (1.906 millones de euros) del presupuesto para el desarrollo rural contemplado para el conjunto del Estado. En el anterior marco financiero, tal porción era del 26,5 por ciento. Y aquí es donde se agarra la Junta. ¿La repuesta de Cañete? Que la cosa aún hubiera podido ser peor pues, sostuvo, con un criterio objetivo de distribución autonómica, esta comunidad dejaría de ingresar 409 millones en desarrollo rural, aunque para evitar tan dramática cifra se había optado por aplicar un coeficiente estabilizador.
El ministro, además, sentenció que junto con Andalucía otras comunidades que antes estaban gobernadas por socialistas las de Extremadura y Castilla-la Mancha fueron arbitrariamente beneficiadas en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Al margen de los argumentos de unos y de otros, de la Sectorial de Agricultura también salieron dos relevantes decisiones. Por un lado, y aunque parezca mentira a estas alturas, se definió qué es un agricultor en activo y, en consecuencia, qué propietario de tierras tiene o no derecho a financiarse de Bruselas el tema no es baladí: Andalucía aportaba al encuentro hasta cinco folios para describirlo, y se concluyó que es aquél cuyas ayudas directas supongan más del 80 por ciento de sus ingresos agrarios, salvo para quienes reciben menos de 1.250 euros por campaña. Y por el otro, se crea una lista negra que excluye a determinadas empresas de la posibilidad de acogerse a la cobertura económica europea: sociedades aeroportuarias, ferroviarias, de abastecimiento de agua, inmobiliarias, deportivas y recreativas permanentes.
Entre el control para evitar la picaresca y la perpetuidad del absentista Para evitar la picaresca tras las limitaciones a la definición de agricultor en activo y, por tanto, el que tiene derecho a cobrar de Bruselas, el Ministerio ha acordado con las comunidades que se realice un seguimiento en las fincas agroganaderas para comprobar que, en efecto, existe actividad en las mismas. En especial, dice el documento facilitado por el departamento de Miguel Arias Cañete, se prestará atención a las personas físicas o jurídicas (las empresas) que puedan crear condiciones artificiales para eludir el cumplimiento de los requisitos ligados a la figura de agricultor en activo.
La superficie agraria del conjunto del país se dividirá en 22 o 24 regiones es la regionalización o comarcalización con parecidas condiciones de rendimientos en las cosechas. A partir de ahí, se determinarán los pagos individuales del agricultor.
El Ministerio ha rechazado la creación de una ayuda específica para el olivar de pendiente concretamente, una prima acoplada, esto es, una cuantía ligada al volumen de producción obtenido y adicional a la ayuda directa, que se cobra con independencia de la cosecha. Era solicitada concretamente por la Junta de Andalucía para ese olivar que, ubicado en laderas, es de baja producción y de mayores costes aunque cumple una labor medioambiental extraordinaria al fijar la tierra e impedir el arrastre. Ante la limitación de recursos, de haberse gestado se habría tenido que detraer del resto de sectores que aún se benefician de los pagos acoplados, en especial el ganado ovino, vacuno y caprino estos dos últimos soportan su particular crisis.
En el capítulo de reacciones, entre las organizaciones agrarias Asaja bendijo el documento que surgió de Madrid, al considerar que las pérdidas previstas no son tantas, consagrará la diversidad del campo y beneficiará al mermado sector ganadero. En UPA y COAG de Andalucía la posición fue radicalmente contraria: hablaron de mentiras del Ministerio, que se ha cerrado la distribución de la PAC aplicando intereses políticos y no criterios objetivos y que refrenda a los agricultores absentistas.
