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Andalucía pide un déficit del 1,7% del PIB para evitar más recortes este año

La Junta reclama al Estado que reparta al 50% con las regiones el déficit adicional que le ha autorizado la UE. Aguayo ofrece “lealtad” a Rajoy a cambio de que el Gobierno alivie la carga fiscal de las comunidades

el 29 may 2013 / 13:13 h.

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La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Para la Junta, el desfase entre ingresos y gastos de la Administración andaluza, es decir, el supermencionado déficit público, debería tener como margen el 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2013, algo menos de lo que reclama Cataluña (2%), pero más de lo que en principio concede el Gobierno (1,5%). Hasta ahora, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se había resistido a participar en el baile de cifras de las comunidades respecto al reparto del déficit. Su preocupación no era tanto el límite específico en el gasto público que se le imponga a Andalucía, como el modelo que adopte el Gobierno para repartir la carga fiscal entre las comunidades y el Estado. Pero ayer en comisión parlamentaria, Aguayo anunció que la Junta está dispuesta a ser “flexible” y aceptaría como límite “razonable” ese 1,7% del PIB. Es de suponer que la consejera ha hecho cálculos y que ese margen le evitaría tener que aplicar duros recortes en educación, sanidad y servicios sociales, como ocurrió el año pasado. El vicepresidente Diego Valderas ya advirtió de que Andalucía no soportaría un techo de gasto inferior al 2%. Del déficit depende que Andalucía financie sus servicios públicos. Si el límite que el Gobierno concede a las comunidades es muy estrecho, las regiones se enfrentarán a un nuevo paquete de medidas de ajuste (reducir plantilla, laminar servicios, subir impuestos...) El Estado afronta la misma tesitura respecto a Bruselas. Sin embargo, la Comisión Europea aceptó ayer flexibilizar el margen de España para cumplir con el déficit en 2013: en lugar del objetivo comprometido del 4,5% del PIB, podrá llegar hasta el 6,5%. Volviendo a la preocupación principal de Aguayo –la fórmula para repartir la carga fiscal entre administraciones– Andalucía espera que esos dos puntos de margen que ha autorizado Bruselas, que representan 2.000 millones de euros, se repartan de forma equilibrada entre el Gobierno y las autonomías. La consejera esgrimió dos reclamaciones, una exigente y otra más “flexible”. La primera, que también pide Cataluña, es que un tercio del déficit recaiga en las comunidades, y dos tercios en el Estado. La segunda es que, “el margen adicional de 1,8% del PIB” que concede Bruselas “al menos debe ser repartido al 50% entre Gobierno y comunidades”. Equilibrio // Ahora mismo el margen de gasto del Estado es cinco veces superior que el permitido a las autonomías. Las comunidades representan el 35% del gasto público y se les otorga el 19% del déficit en conjunto, mientras que el Estado se atribuye el 81% del déficit, cuando su peso en gasto público es del 52%. “Este reparto es injusto e incoherente”, se queja Aguayo, que reclama a Rajoy que corrija el “desigual” reparto del esfuerzo fiscal y augura que el margen de oxígeno que la UE acaba de conceder a España “sería una pieza importante para resolver el ruido que existe con el déficit, aplicar un reparto más equilibrado y rebajar las tensiones entre comunidades, especialmente las gobernadas por el PP”. Entre los barones regionales del PP se ha abierto un cisma, los que abogan por el llamado déficit igualitario (el mismo tope para todas) y el déficit asimétrico. Andalucía se sitúa con las segundas, entre las que se encuentra Murcia y Valencia, pero también Cataluña, a quien todas las demás acusan de estar negociando de forma bilateral con Rajoy. La Junta no aboga por un déficit a la carta, pero sí defiende criterios objetivos para calcular el esfuerzo fiscal que debe hacer cada región, “no en función de la riqueza de cada una, sino de la población (que es como se mide la financiación autonómica), del endeudamiento y de la “situación de partida” de las regiones. También reclama un modelo de financiación distinto que garantice los mismos servicios para todos sin importar el territorio. Cuando el café para todos es “injusto” “Eso de que todo el mundo reciba el mismo objetivo de déficit estaría muy bien si todo el mundo tuviera el mismo nivel de endeudamiento o de financiación pero no es así (…) Si no hacemos esto, el llamado café para todos sería injusto”. La semana pasada, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sintetizó así la posición de Andalucía que, por primera vez, guarda coincidencias con Cataluña y con el Gobierno de Rajoy. En el otro extremo se parapetan las regiones más cumplidoras, las que más rebajaron el gasto público el año pasado y se niegan a que el reparto del déficit en 2013 se amolde a las necesidades de las que incumplieron, como Andalucía (2,02% del PIB), Cataluña, Murcia o Comunidad Valenciana. Por ejemplo Extremadura, que redujo cuatro puntos el déficit en 2012 hasta el 0,7% (por debajo del 1,5% impuesto) es de las más beligerantes. Gallegos, madrileños cántabros, aragoneses y castellanos mantienen el mismo rechazo al reparto asimétrico. Asturias, gobernada por PSOE e IU, redujo en 2,6 puntos su déficit en 2012 para dejarlo en el 1% del PIB. La coalición de izquierdas quiere que el Gobierno regional presente un recurso de inconstitucionalidad en caso de que Montoro admita objetivos de déficit diferentes. La coalición en Andalucía, que dirige el vicepresidente, Diego Valderas, ha cerrado filas con Griñán y defienden un reparto basado en criterios objetivos. Aguayo insistió ayer en que “utilizar un mismo porcentaje del PIB para todas las comunidades es una aparente igualdad de trato, pero en realidad propicia desigualdad en el acceso a servicios públicos”. “El mismo déficit sobre el PIB no financia los mismos servicios en todas las comunidades. Las que tienen menor renta son las más perjudicadas”, dijo Aguayo. Un objetivo común de déficit del 1,2% del PIB regional asigna a Andalucía 200 euros por persona, a Madrid, 348, un 74% más. La media sería de 268 euros. La consejera también se quejó del modelo de financiación autonómica, que perjudica a Andalucía y ocasiona una “verdadera asimetría en los ingresos”.  

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