Concentración de la plataforma 8 de marzo en la Plaza Nueva de Sevilla contra la violencia machista. / El Correo
A la tragedia y el shock psicológico que supone para un menor el asesinato de una madre a manos de su propio padre, se añade la indefensión socioeconómica a la que se enfrenta el huérfano tras el fatal desenlace. Además de la debida atención psicológica después de un trance tan dramático, la subsistencia del niño también debe ser atendida de manera adecuada por parte de las administraciones.
Hasta el momento, y según recoge la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, vigente desde 2004. Los huérfanos por estos casos recibían un pensión por orfandad parcial, con un porcentaje del 20% de la base reguladora del salario de la madre.
La cuantía mínima de esta prestación es de 193,30 euros al mes y de 2.706 euros al año. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio un paso más en la atención de estos menores y aprobó en 2009 un Real Decreto por el que los huérfanos de mujeres víctimas de violencia de género, menores de veintiún años, añadían a su pensión de orfandad la de viudedad generada por su madre. Con esta medida se impedía que el maltratador recibiera la pensión de su víctima, pero sí la pudieran recibir los hijos de la mujer fallecida.
Andalucía pretende mejorar aún más la situación de estos jóvenes y a través del dictamen de la Comisión de Igualdad, consensuado por unanimidad por los tres grupos que forman la Cámara autonómica, se insta al Gobierno central, que es el que ostenta las competencias sobre esta materia, a modificar la ley para que se considere huérfanos totales a los hijos de las víctimas y puedan acceder a la pensión por orfandad absoluta. Con esta modificación, el padre no computaría como progenitor y la cantidad económica que recibiría el menor aumentaría hasta casi triplicarse. Así, la cuantía mínima pasaría a 672,4 euros mensuales y 9.413 al año, que tendrían que ser aportados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Según los datos que maneja el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 42 menores quedaron huérfanos en España por violencia doméstica en 2013, de los que cuatro eran andaluces. En lo que va de año el número llega a 33 en todo el territorio nacional, y cuatro corresponden a Andalucía.
Aunque la orfandad absoluta aún no está reconocida por ley, algunos jueces ya la han concedido por sentencia. El pasado mes de febrero el Instituto Nacional de la Seguridad Social decidió no recurrir al TSJA el fallo del Juzgado de lo Social número 3 de Almería que concedía a una niña de Vícar, hija de una víctima de violencia de género, una pensión de orfandad completa. El tribunal consideró, por primera vez en España, que la niña era huérfana «absoluta» por la muerte de su madre y el encarcelamiento de su padre. El juzgado asumió la denuncia interpuesta en nombre de la menor, que argumentó la «total indefensión» de la niña, al estar su padre condenado a 22 años de prisión, por lo que se le retiró la patria potestad.
La concesión de la orfandad absoluta es una de las 85 conclusiones que se incluyen en el informe del grupo de trabajo de la Comisión de Igualdad, en el que también se recoge la pérdida de la patria potestad para los padres que asesinen a las madres.
