Ocho de cada diez euros se destinaron a políticas sociales. Sin embar go, en ese montante estaban contabilizadas las partidas finalistas que el Gobierno destina cada año a las comunidades y con las que se cofinancian programas sanitarios, de investigación universitaria, guarderías, ordenadores en las aulas, planes de refuerzo para niños con problemas de aprendizaje, programas de formación y empleo, apoyo a organizaciones sociales, atención a dependientes... La Consejería de Hacienda había presupuestado "muy prudentemente" esas transferencias finalistas, pero contaba con ellas para preservar el modelo social que defendía el PSOE.
Hasta pasado mañana no se conocerá la letra pequeña de los Presupuestos, pero el consejero de Economía en funciones, Antonio Ávila, se apresuró ayer a calificar "los recortes" del Estado de "muy agresivos con las políticas que desarrollan las comunidades autónomas", como Dependencia (283 millones de euros menos), Educación (531 millones) y "especialmente las políticas activas de empleo, que sufren un recorte de 1.557 millones". El recorte en sanidad tiene otra morfología: viene del recurso del Gobierno ante el Constitucional contra la subasta de fármacos, una fórmula con la que la Junta esperaba ahorrar 40 millones, y que ahora tendrá que sacar de otra parte. En conjunto, alrededor del 20% de los recortes de cada ministerio afectará directamente a las cuentas andaluzas. "Estos Presupuestos evidencian la política del PP y las prioridades del Gobierno", declaró Ávila a Europa Press.
El consejero en funciones explicó ayer que las cuentas del Estado "concentran el esfuerzo de reducción de déficit sobre las comunidades", que son las que "gestionan la mayor parte de las políticas de gasto" (el 75% del presupuesto autonómico lo absorbe la sanidad y la educación). Ávila recordó que mientras el Estado "podrá incrementar su peso en el déficit total en seis puntos, hasta el 66%" durante 2012, las regiones tendrán que realizar un "mayor esfuerzo" reduciendo su aportación "al 28% del total". En el plano económico, Ávila subrayó que los "330 millones que se recortan en la reestructuración de la minería y el carbón afectarán a la provincia de Córdoba", y también advirtió de que a Andalucía le afectará el recorte de "326 millones a la generación de energía y ahorro energético, los 278 millones en desarrollo rural y agrario y los 626 millones en apoyo a la competitividad e I+D+I".
Meses antes de la campaña electoral, el presidente del PP-A, Javier Arenas, ya denunciaba que los presupuestos andaluces eran "erróneos" y que se basaban en "falsas" expectativas de crecimiento. Arenas vaticinó que tendrían cuatro meses de vida y que habría que modificarlas en abril.
otro presupuesto. Al aterrizar Rajoy en Moncloa, el Gobierno aprobó una reducción de 1.200 millones en las entregas a cuenta que el Ejecutivo anterior le había prometido a Andalucía. Más tarde Rajoy achacó a las comunidades dos tercios del déficit estatal, cargándolas con un recorte de 15.000 millones. La Junta acusó al presidente de estar "asfixiando a las comunidades y provocando su incapacidad financiera".
Durante la campaña para las andaluzas, el presidente en funciones, José Antonio Griñán, reconoció a este periódico que los "continuos recortes" de Rajoy les obligarían a "hacer un Presupuesto más austero". Pero advirtió de que su fórmula no variaría: "Lo haremos como hasta ahora. Andalucía ha ahorrado en tiempos de crisis más que las demás y sin recortar derechos".
Ávila criticó ayer que al Gobierno por no presentar el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos, con la incidencia del "reciente cambio del objetivo del déficit del 5,8 al 5,3%". El Estado presentó el 2 de marzo un escenario económico que "confirma la entrada en recesión de la economía española", con el pronóstico de un retroceso del PIB del 1,7% con la consecuente disminución del empleo "de 630.000 personas, una pérdida de 2.000 al día".
El consejero en funciones cuestionó ayer "el radical cambio de expectativas que se ha producido en torno a la economía española" desde entonces, y concluyó que "la política económica del Gobierno no está siendo refrendada por los mercados". Sobre la amnistía fiscal para combatir el fraude, Ávila criticó "la paradoja de que a los que pagan impuestos se les suben y a los que no, se les perdonan".