El copago sanitario de 43 medicamentos que dispensan las farmacias hospitalarias para enfermedades graves, como el cáncer o la hepatitis C, atenta contra el principio de garantía de equidad, se sustenta en una norma de rango menor y además ha omitido el trámite de audiencia en el que la Junta de Andalucía podría haberlo rechazado. Son los tres argumentos con los que la Consejería de Salud, lejos de comenzar a aplicar hoy el copago como ordena el Gobierno, lo ha rechazado en un recurso de alzada contra el propio Ministerio de Sanidad, avisando de que si su protesta no se tiene en cuenta acudirá a los tribunales de lo Contencioso.
La consejería insistió en una nota en que la medida constituye una nueva penalización para la ciudadanía y los colectivos más vulnerables, supondrá más costes que beneficios económicos y pone en riesgo la salud de los pacientes, que podrían abandonar sus tratamientos al no poder pagar el 10% que fija la resolución del BOE del 19 de septiembre. El peligro de generar desigualdades según la capacidad económica, con el consiguiente riesgo para la salud, es el argumento de fondo del recurso, ya que los otros dos que no tiene rango normativo suficiente y que se ha omitido el trámite de audiencia son cuestiones técnicas.
La norma, que afectaría a 90.000 andaluces, fija un tope de 4,20 euros por medicamento, sin diferenciar según las dosis que contengan los envases.
La Junta ya había anunciado que sería insumisa ante la medida, que debería haber comenzado a aplicar hoy, no sólo por no querer aplicarla sino por no poderlo hacer. Suponiendo que nos hubiera entusiasmado la medida, que estamos en contra, hubiera sido imposible aplicarla, precisó ayer la consejera María José Sánchez, porque la Junta no dispone de medios técnicos para hacerlo. El Ministerio ya había admitido que será flexible con las comunidades que no cumpliesen el plazo establecido para aplicar este pago, por lo que Sánchez negó que espere represalias. Todas las comunidades han visto las dificultades que hay para su entrada en vigor, incluidas varias gobernadas por el PP, ya que nueve autonomías han anunciado que no lo aplicarán, bien por rechazo o por problemas técnicos.
Aun así, la secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas, recordó ayer a las comunidades autónomas que es su responsabilidad aplicar el copago y aseguró que el modelo planteado por el Ministerio es equitativo y justo.
Lo que no figura en el recurso de la Junta, aunque la consejera andaluza volvió a emplearlo ayer como argumento, es que según sus cuentas aplicar el copago costaría más de lo que se recaudaría, ya que habría que adaptar todos los sistemas informáticos actuales y establecer un nuevo protocolo de trabajo.
La consejera pedirá hoy de nuevo la retirada de la norma en la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial: Dejaremos claro que lo mejor que se puede hacer es retirarla, y que esperamos que se retire, razonó Sánchez.
Las comunidades insumisas como Andalucía contarán con el respaldo de entidades de defensa del paciente como la Asociación Española Contra el Cáncer, cuyos técnicos trabajan a contrarreloj para ver cómo afecta el copago a los pacientes de cáncer, puesto que 21 de los 43 medicamentos incluidos en la lista en 157 presentaciones son para tratar esta enfermedad.
Sus estudios preliminares revelan que algunos no tienen tratamiento alternativo en caso de no poder pagar las medicinas, mientras que otros retrotraerían la calidad de vida del paciente a la de los años 80 si fuesen sustituidos por otros no incluidos en la lista de copago, en la que por cierto no se diferencia si el tope de 4,20 euros afecta igual a un envase de 20 o de 5 pastillas de un mismo medicamento.
