El Gobierno andaluz presentará el próximo 4 de marzo su recurso de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), conocida como Ley Wert, según ha informado este jueves en sede parlamentaria el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, que, sin embargo, no ha detallado si pedirá la suspensión cautelar de la norma.
De ese modo, Andalucía --las comunidades autónomas de Asturias, Canarias, País Vasco y Cataluña también prevén recurrir la norma-- planteará al Tribunal Constitucional que la reforma educativa atenta contra los derechos constitucionales e incurre en invasiones competenciales, además de considerar que "hace prevalecer la moral religiosa frente a los valores cívicos", es "mercantilista, técnicamente deficiente, con un calendario de difícil aplicación y sin financiación".
Alonso ha defendido que la ley "no tiene en cuenta de que las comunides son Estado y tienen competencias" y ha mantenido que el recurso se presenta "más allá de diferencias ideológicas" y después de haber intentado todos los cauces posibles de diálogo con el Gobierno. "Siempre nos hemos encontrado con muro infranqueable y ni un solo resquicio para el consenso", ha mantenido.
"No se trata de una decisión caprichosa sino de una obligación institucional y moral si queremos que nuestros hijos e hijas sean educados mirando al futuro con valores y libertad y no mirando al pasado", ha añadido el consejero durante su comparecencia en el Parlamento andaluz.
Pero más allá del recurso, Alonso ha indicado que lo que "realmente preocupa" es el calendario de aplicación ya que "en solo unos meses hay que poner en marcha una ley con problemas curriculares muy graves". Andalucía, que no se declarará insumisa, considera que lo único que el Ministerio garantiza a las comunidades autónomas son "las prisas y los parches".
"IMPOSIBLE LLEGAR A TIEMPO" Así, ha mantenido que es "materialmente imposible llegar a tiempo" al considerar que en unos solos meses no se puede iniciar una aplicación legislativa que implica cambios estructurales muy profundos. A esa premura se añade la incertidumbre de la financiación ya que la implantación para Primaria y FP Básica costará a Andalucía 150 millones de euros anuales.
"¿Cómo vamos a hacerlo con las restricciones de déficit tan elevadas?", se ha preguntado el consejero, que también ha criticado que el Gobierno no aclare si hay un compromiso de la UE a través de los fondos Feder para la financiación de la mayor parte de ley, como preveía el Ejecutivo, o cuándo llegarán los fondos y si supondrán una merma para otros programas.
A la vista de la situación y de que Andalucía no será "insumisa" pero tampoco "incumplirá el Estatuto", el consejero ha repasado las medidas que la región pondrá en marcha para contrarrestar los efectos negativos de la Lomce. Así, ha detallado que elaborará sus propios decretos de enseñanzas con una carga más humanista e integral, se mantendrá los refuerzos educativos y la atención a la diversidad; se incluirá la asignatura de Educación para la Ciudadanía, con la finalidad de romper el equilibrio que la nueva norma ofrece al situar los principios constitucionales al mismo nivel que los religiosos y se reducirá el tiempo mínimo exigible por la ley a la materia de Religión.
En cuanto a los libros de texto, se mantendrá el programa de gratuidad de libros de texto, "pero solo serán gratuitos aquellos que se editen conforme a la norma autonómica". Con relación a la dirección de centros, en Andalucía se determinará para la Comisión de Selección de Directores un porcentaje de participación equilibrada y ponderada; y se garantizará la permanencia del profesorado dos cursos seguidos, frente a la rotura de los ciclos educativos que recoge la Lomce.
El consejero ha explicado que el modelo educativo andaluz impulsará el desarrollo integral del alumnado y la escuela inclusiva. En este sentido, la Junta no sostendrá con fondos públicos a aquellos centros que opten por la educación diferenciada "que recuerdan a lo peor del Franquismo". Para evitar la segregación se establecerán criterios que garanticen la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tanto en centros públicos como en privados concertados, y se supervisará la correcta aplicación de los criterios de admisión del alumnado.
Respecto a la evaluación, Andalucía va a "exigir" la intervención de la Administración y de los centros en el diseño de las pruebas finales y el consenso en sus contenidos así como en los criterios de calificación y no se publicarán los resultados de las pruebas de evaluación final obtenidos por cada centro, a modo de ránking. Además, se aplicarán alternativas para ofrecer una salida a quienes no superen la reválida a pesar de aprobar el curso, "de forma que ningún niño o niña se quede en tierra de nadie gracias a la Lomce".
"Más que una ley es toda una incógnita", "disparate de la improvisación" o "callejón sin salida" son algunas de las expresiones que a lo largo de su comparecencia ha empleado el consejero, que ha incidido en las "graves deficiencias" de la norma conducen a que el sistema educativo "renuncie a la formación para centrarse en la selección, lo que favorece la segregación y lo que permite una educación a dos velocidades".
PP: "EL ABANDONO TEMPRANO ES LO MAS SEGREGADOR" En el turno de portavoces, la diputada del PP Marifran Carazo ha censurado que a Alonso le preocupen ahora los plazos y los currículums cuando no lo hicieron en las anteriores reformas educativas y ha defendido que la Lomce "huye de los debates ideológicos" con los que el PSOE "ha empantanado la educación durante muchos años". Para defender la celeridad de su aplicación ha dicho que "urgida por los fracasos de las anteriores".
Además, ha afeado la "cansina confrontación de Andalucía con el Gobierno bajo la preocupación de le van a restar competencias". "Primero asuman las que no cumplen y son suyas", ha dicho la 'popular', que también ha incidido en que la comunidad "sigue ocupando los peores indicadores y las mayores tasas de abandono temprano". "Eso es lo más segregador", ha apostillado.
IU Y PSOE Por su parte, la portavoz de IU, Marina Segura, ha respaldado las medidas previstas por la Junta para minimizar los efectos pero ha ido más allá profundizando en otras que eviten la expulsión de los alumnos del sistema o los itinerarios segregadores, pese a hacer un "llamamiento a la rebeldía y a la insumisión" para "frenar e impedir la aplicación de la contrarreforma educativa", ha reclamado que no se apliquen las medidas que no sean "forzosamente obligatorias".
Segura ha pedido que el recurso ante el Constitucional incluya la solicitud para que se suspenda de forma cautelar y ha concluido su intervención pidiendo a la Junta que forme parte "comprometida" del movimiento contra la reforma.
Por último, el socialista Francisco Menacho ha criticado que la ley se presente como "fruto del diálogo y del consenso" de la comunidad educativa cuanto "tiene a, excepto la Conferencia Episcopal, todo el mundo en contra".
También ha dicho el portavoz del PSOE que Andalucía no puede ser "insumisa ni sumisa" pero, especialmente, "no puede dejarse avasallar por quien desprecia nuestro Estatuto" y ha afeado que el próximo 28F los parlamentarios del PP cantarán el himno andaluz y dirán que defienden a Andalucía pero, "en el fondo, están golpeando el Estatuto".
