Imagen de una planta petrolífera y gasífera en plena actividad. / EFE
El Parlamento debatió este miércoles dos proposiciones de ley contra la controvertida técnica de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos conocida como fractura hidráulica o fracking, que consiste en perforar el subsuelo e inyectar fluidos a alta presión para abrir fisuras en la piedra que liberen el gas y el petróleo cautivo en ella: una de las propuestas, la que presentó IU, era una prohibición total de esta técnica, y la otra, la que presentó el PSOE-A, una prohibición parcial, en realidad, una moratoria de dos años que aplaza la decisión de la Junta de si vuelve a autorizar el fracking hasta que haya informes técnicos y científicos que aclaren si comporta un riesgo para la seguridad y la salud de los andaluces.
Ambos proyectos de ley eran incompatibles, como reconoció el portavoz socialista, Mario Jiménez, de modo que los socios no podían ir de la mano, y el PP-A no dejó pasar por alto esta insólita situación en la que un mismo Gobierno presenta dos leyes contradictorias, en lugar de llevar al Parlamento un texto consensuado. La solución a este enigma se pactó de antemano. Los socialistas no votaron a favor de la prohibición que proponían sus compañeros (tampoco votaron en contra: se abstuvieron), y los comunistas se plegaron, a regañadientes, a la moratoria que planteaban sus socios, no sin subrayar que esta medida sólo pospone el problema. El Parlamento aprobó la iniciativa con los 58 votos que sumaban PSOE-A e IU, y los 49 votos en contra del PP-A. Ahora seguirá su tramitación parlamentaria en la comisión de Medio Ambiente, para que entre en vigor en el primer trimestre de 2015. Entonces, en palabras de los socialistas, Andalucía será territorio libre de fracking.
La futura ley busca paraliza cualquier actividad de extracción o investigación que utilice la técnica del fractura hidráulica. El PSOE dice que el texto legal viene blindado ante la posibilidad de que el Gobierno lo recurra ante el Constitucional, como ha hecho en Canarias.
La competencia de explotación de hidrocarburos es del Ejecutivo central, pero la ley andaluza desarrolla las competencias de seguridad y salud, que pertenecen a las comunidades. A esto se agarra la Junta para impedir que el Estado autorice el fracking en Andalucía, y además que pueda desbloquear la moratoria en los tribunales. La prórroga es la única carta que tenemos, porque la prohibición nos la tumbarían, dice la diputada socialista Josefa Vioque. El PP-A le recordó a los socialistas que el fracking no es nuevo, que tanto el Gobierno de Chaves como el de Griñán concedieron decenas de autorizaciones, incluida una a Gas Natural en pleno parque de Doñana. ¿Por qué antes no había riesgo para la salud y ahora sí?, preguntó el diputado popular, Juan Gázquez. Pero el PSOE-A niega que en Andalucía haya ningún permiso para hacer fracking, pero sí existen prospecciones petrolíferas y de gas con otras técnicas. El diputado de IU, Manuel Baena, enumeró la lista de riesgos que supone esta técnica, entre ellos, que puede provocar terremotos por el tipo de extracción, y que las sustancias químicas que se inyectan en la tierra son cancerígenas y vierten benceno y metano a la atmósfera.
La ley tendrá rango supramunicipal, es decir, ningún ayuntamiento podrá permitir la explotación de las tierras de su entorno con este procedimiento de extracción, ya que la salvaguarda estará reservada a la Junta.
