La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía convocó la pasada primavera la cuarta subasta de medicamentos y en julio resolvió la convocatoria con la elección de 13 labo- ratorios. El proceso se realizó a pesar de que el Gobierno central presentó un recurso contencioso-administrativo en el que pedía la suspensión cautelar de esta nueva subasta. La Junta se arriesgó y ha ganado. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla ha rechazado la solicitud del Ejecutivo. Esta decisión judicial se une a otras dos que también han amparado a la Consejería de Salud, una del Tribunal Constitucional y otra de la Audiencia, según informó ayer la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, en el Parlamento de Andalucía.
Sánchez Rubio remarcó que con este respaldo judicial su consejería seguirá realizando subastas de medicamentos, porque es el gasto farmacéutico que más dispara los presupuestos y «porque cuando hay problemas en el suministro de un medicamento, la ley nos permite dispensar otro».
A ello se une que esta fórmula supone un ahorro importante para las maltrechas arcas de la Administración autonómica. Sánchez Rubio informó de que la subasta de medicamentos supone economizar 200 millones de euros.
Sin embargo, esta fórmula no convence en nada a los populares. La diputada del PP Ana María Corredera censuró que la Junta siga «erre que erre», a pesar de las protestas del sector, los recursos y el perjuicio para los andaluces, porque, según Corredera, el sistema es discriminatorio para los pacientes andaluces porque «les impide acceder a todo el catálogo de medicamentos y productos farmacéuticos» que disponen en otras autonomías.
Además, la diputada popular recordó que esa competencia la tiene el Gobierno central, que garantiza la accesibilidad a los medicamentos como principio de solidaridad en todos los territorios y mantener un mercado único.
Corredera fue más allá y aseguró que la subasta «no tiene sentido» tras los últimos cambios normativos, que dejan sin efecto cualquier norma autonómica que hubiera podido amparar esta subasta. De hecho, el Gobierno ha recurrido la selección pública de medicamentos de Andalucía ante el Constitucional, que todavía no se ha pronunciado en el fondo de la cuestión.
Corredera concluyó su intervención en el Parlamento afeando la subasta de medicamentos, porque en su opinión hay «otras formas de ahorrar, no a costa de la salud de los andaluces, porque la salud no tiene precio».
Este posicionamiento del PP contra el procedimiento de selección de medicamentos que realiza el Gobierno andaluz, fue rebatido con rotundidad por la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, que desde Marruecos, donde se encuentra de viaje oficial, reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy que deje de defender «los intereses» de la industria farmacéutica y permita la subasta de medicamentos.
Censuró que quien ha ganado mucho dinero en este tiempo han sido las industrias farmacéuticas.
En esta cuarta subasta de medicamentos se encuentran antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, antihistamínicos, antiinflamatorios, analgésicos, tratamientos para la hiperplasia benigna de próstata, antidemencia, antiúlcera péptica. Se estima que los medicamentos seleccionados comenzarán a dispensarse en las farmacias andaluzas a partir de octubre, según informó Salud.
Los laboratorios seleccionados por la Administración andaluza son: Arafarma Group, Abamed, Aristo Pharma Iberia, Serra Palies, Bluefish Pharmaceuticals, Generfarma, KRKA, Vir, Korhispana, Rambaxy, Aurobindo, Pérez Giménez y Francisco Durbán.
