En 2014, el Estado invertirá menos en infraestructuras que en 2013, pero Andalucía percibirá una partida mayor que la de este año. Será la más cuantiosa de todas las regiones. El Gobierno central incumplirá por tercer año consecutivo la inversión pública para Andalucía que viene reconocida en el Estatuto, pero esta vez la cifra que recoge la ley de Presupuestos Generales para 2014 está muy cerca del tope que exige la ley orgánica. Las cuentas del Estado del año próximo, que se presentaron ayer en el Congreso, prevén una inversión real para Andalucía de 1.697,74 millones de euros, casi 65 más que este ejercicio. Es la primera vez desde que arrancó la crisis que la partida que el Gobierno destina a esta región crece respecto al año anterior.
Andalucía recibirá el 17,3% del conjunto de la inversión que el Estado destina a las comunidades (el total regionalizable alcanza los 9.786,95 millones). Esto supone dos puntos porcentuales más de lo presupuestado en 2013, cuando la inversión estatal supuso un 15,3%. Aún así, este pedazo de la tarda no recoge el total de lo comprometido en el Estatuto. La ley autonómica, en su Disposición Adicional Tercera, establece que la inversión estatal en la comunidad será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado, es decir un 17,9% (hasta el año pasado era un 17,8%, pero el censo ha crecido). Según el proyecto de ley de Presupuestos, en 2014 se incumplirá el Estatuto por 0,6 décimas. A pesar del estrecho margen de incumplimiento, ni la Junta ni PSOE e IU rebajaron ayer el tono de sus críticas. La ruptura de esa cláusula hará que Andalucía reciba 54,33 millones menos de lo que le corresponde por ley. La Junta advirtió de que acudiría a los tribunales si volvía a ignorarse el Estatuto, aunque el pasado julio ya se anunció un recurso contra el Gobierno por esta misma razón que todavía no se ha consumado.
En los primeros presupuestos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy (se aplazaron a abril de 2012 por las elecciones) la inversión estatal por habitante en Andalucía se quedó en el 14,6% del total, 408 millones menos de lo previsto por ley. Desde entonces, y en los últimos tres ejercicios, el incumplimiento del Gobierno respecto al Estatuto suma una deuda de 840 millones, según la Consejería de Hacienda.
Pero en realidad la deuda es mayor. Esa cifra sólo responde al incumplimiento que se plasma explícitamente en el texto de la ley de Presupuestos, pero la Junta reclama otros 1.504 millones por el déficit inversor del Estado en los años anteriores. Desde que Rajoy gobierna las cuentas generales nunca han recogido el porcentaje de inversión para Andalucía que establece la ley. Mientras Zapatero fue presidente, esa porción andaluza del 17,8% en inversión sí aparecía recogida, pero al final del año no se había ejecutado, así que el resultado era el mismo: en su aplicación, el Estado siempre ha incumplido el Estatuto. Cuando le preguntaron por ello ayer al ministro Cristóbal Montoro, éste se limitó a decir: No hay más dinero para inversión ni para las transferencias a comunidades.
La deuda atrasada // La norma andaluza fue aprobada en el Congreso en 2007. Tenía el apoyo de PSOE, PP e IU. Los Presupuestos de 2008, 2009, 2010 y 2011 (todos gestionados por el Ejecutivo de Zapatero) incluían ese porcentaje del 17,8% del total de inversión pública para Andalucía. Cuando el Estatuto entró en vigor, la inversión en la comunidad se disparó un 21%, llegando a 4.345 millones. A partir de ese año, la crisis económica empezó a menguar las cuentas públicas y la deuda con Andalucía empezó a crecer. Zapatero siguió cumpliendo la cláusula sobre el papel, pero al término del ejercicio, gran parte del dinero consignado para infraestructuras no se había ejecutado. En los últimos días de la pasada legislatura, Junta y Gobierno (ambos en manos del PSOE) acordaron en una comisión bilateral que la deuda por el déficit inversor en Andalucía en los ejercicios de 2008 y 2009 ascendía a 1.504 millones.
Pero a los tres meses cambió el Gobierno, y Rajoy dijo no sentirse condicionado ni comprometido por una norma autonómica, aunque tuviera rango de ley orgánica. El déficit en inversión de 2011 y 2012 no se ha cuantificado, tan sólo se conoce el porcentaje presupuestado para Andalucía en esos años, y de ese cálculo surge la deuda de 840 millones que ayer cifró la Junta. Pero ese cálculo no recoge la inversión presupuestada pero no ejecutada entre 2011 y 2013. Para conocer ese déficit sería necesario volver a convocar una comisión bilateral de cooperación como la que evaluó la deuda pendiente en años anteriores, pero Montoro no está dispuesto.
Antes del verano, el anterior consejero de Economía, Antonio Ávila, elevó un requerimiento formal al Gobierno para que convocase la comisión. Fue una suerte de ultimátum antes de acudir a los tribunales. La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, respondió por carta que dicha comisión carece de competencias en materia de inversiones, y que por tanto el acuerdo que alcanzó la Junta con el Zapatero no suponía ningún compromiso de gasto para el nuevo Gobierno. Las comunidades no pueden pretender construir en sus estatutos un sistema de financiación adicional para inversiones que se distribuya territorialmente según el criterio que sea más favorable en cada momento a los intereses de cada comunidad, decía Currás en la carta, aludiendo a una sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Ese fallo decía que las leyes autonómicas no pueden tener efectos directamente vinculantes para el Estado y, por tanto, no vinculan al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaban la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de las mismas.
El pasado julio, el Consejo de Gobierno solicitó al gabinete jurídico de la Junta que emprendiese acciones contra la Dirección General del Estado por ignorar la inversión estatal del Estatuto. Se descartó la fórmula del recurso de inconstitucionalidad (para esquivar la sentencia contra el Estatut catalán) y se optó por la vía del contencioso-administrativo, alegando que Montoro no atendía la solicitud de información de la Junta sobre la ejecución de las inversiones en 2010, 2011 y 2012. Fuentes del Ejecutivo andaluz confirmaron ayer que ese recurso no se ha presentado en los tribunales, que el gabinete jurídico todavía lo está tramitando, pero que se mantiene la intención de abrir el litigio.
