La Junta le puso ayer cifras al traspaso de la cuenca del Guadalquivir, una vez que el acuerdo técnico de transferencia entre el Gobierno autonómico y el Estado haya quedado cerrado este mismo mes. Según detalló el presidente de la Junta, Manuel Chaves, el traspaso de la cuenca supondrá un incremento presupuestario para la comunidad de 121 millones de euros, así como la llegada a Andalucía de 500 millones procedentes de los fondos Feder. Como la administración autonómica no desglosó ayer estas cifras, el único dato que se conoce hasta ahora sobre el traspaso de esta competencia es que de la cuantía total que percibirá la Junta, 25 millones de euros serán por la absorción de 850 trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (el 85% de su plantilla).
Chaves confirmó también que el acto de la firma del traspaso del río tendrá lugar después del verano, si bien no concretó ninguna fecha porque ambas administraciones "están pendiente de cerrar agendas".
A partir del próximo 1 de enero la cuenca estará a todos los efectos en manos de la Junta, con lo que las cantidades que reveló el presidente andaluz se incluirán este año en los presupuestos andaluces para 2009.
Para entonces quedará finalmente cumplido el artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. La transferencia del Guadalquivir es, precisamente, junto a la deuda histórica, el punto estrella de la Carta Magna para la comunidad.
La Junta y el Gobierno central firmaron, en la comisión bilateral que tuvo lugar en el Parador de Cazorla el pasado 11 de noviembre, el acuerdo para transferir el Guadalquivir.
Ese acuerdo estableció que el Estado seguirá manteniendo las competencias en planificación hidrológica en la cuenca mientras que la Junta se encargará de la gestión de las aguas que transcurren de forma exclusiva por el territorio andaluz.
Este reparto sirvió para encajar el artículo 51 del Estatuto en lo que marca la Constitución. La Carta Magna establece que las cuencas intercomunitarias son competencia estatal mientras que el artículo 51 concede a la Administración andaluza competencias exclusivas sobre las aguas andaluzas del Guadalquivir, cuya cuenca también está en Castilla-La Mancha (7,13%), Extremadura (2,45%) y Murcia (0,2%).
El Gobierno de la Nación se mostró en noviembre tan convencido de la solvencia de este acuerdo que, aseguró entonces, marcará la línea jurídica para otras posibles transferencias en políticas de agua en el resto de España (como el Ebro).
Cuando el traspaso del río andaluz a la Junta se haga efectivo en 1 de enero de 2009, el Estado, según lo acordado, mantendrá el control de cuatro de los 57 grandes embalses de regulación. Dos de ellos, Fresneda y Montoro, se encuentran en Castilla-La Mancha y otros dos, Jándula y Pintado, afectan a otras comunidades, aunque estén en Andalucía.
Con esto, el Gobierno andaluz tendrá el control de todas las aguas que transcurre por la comunidad, después de que la cuenca Mediterránea y Atlántica, fueran transferidas a la Junta de Andalucía en 2005 y 2006.
