Andalucía revisa los acuerdos Iglesia-Estado para reducir la clase de Religión

La Junta recurre la ley Wert al Constitucional y pide un informe jurídico para recortar el horario de Religión a una hora, por debajo de lo que establecen los acuerdos con la Santa Sede

el 04 mar 2014 / 14:38 h.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA RECURRE LA LOMCE, QUE CONSIDERA "NEFASTA Y SEGREGADORA"El Consejo de Gobierno aprobó ayer la interposición de un recurso de inconstitucionalidad –y van nueve en dos años de legislatura, frente a los seis interpuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy a la Junta– contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Los argumentos jurídicos y políticos del Ejecutivo andaluz se resumen en tres: la ley Wert vulnera el principio de igualdad de oportunidades, porque permite seleccionar al alumnado bueno y separarlo de los estudiantes con dificultades, creando una educación de dos velocidades; la ley Wert violenta el carácter aconfesional de la enseñanza, porque obliga a las comunidades a concertar más escuelas católicas (en función de la demanda y en detrimento de la pública) y además blinda las aulas que segregan al alumnado por sexos (en Andalucía quedan 11, pero la Junta les retiró el concierto hace un año con el aval del Tribunal Supremo); y por último, la ley Wert es tan minuciosa en su desarrollo que invade competencias autonómicas, algo por lo que también será recurrida en otras cuatro comunidades no gobernadas por el PP: Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias. «Es segregadora, nefasta, técnicamente deficiente y sin adecuada financiación», resumió ayer el consejero Luciano Alonso. El titular de Educación volvió a cuestionar el calendario de aplicación de la Lomce, que entra en vigor el próximo curso sólo en Primaria y en FP Básica. Sobre este último curso, que viene a sustituir a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), Alonso pidió directamente al ministro que aplazase su implantación, porque «ni por el trámite de urgencia de seis meses podríamos aplicarlo» en Andalucía. El plazo para matricularse está abierto hasta final de marzo y aún no se sabe ni qué institutos ofertarán FP Básica, ni cómo es la estructura del ciclo, ni qué margen tendrá la Junta para moldearla. Ahora mismo la califica peyorativamente como una «vía de evacuación» para los alumnos con dificultades de aprendizaje, repetidores la mayoría, que no logran obtener el graduado escolar. Además de recurrir la Lomce ante el Constitucional, la Junta baraja un puñado de alternativas para «paliar los efectos negativos de la ley», y aquí fue cuando se desveló, finalmente, que una de las estrategias del Gobierno andaluz pasa por reducir la clase de Religión a una hora semanal en Primaria. Para lograrlo (recortar 30 minutos el horario de Religión a la semana), la Junta está dispuesta a abordar un complejo debate jurídico que se remonta a los Acuerdos de la Santa Sede de 1979, reconocieron ayer fuentes de la consejería. Iglesia. Hace un año, la entonces consejera de Educación, Mar Moreno, advirtió al ministro José Ignacio Wert de que si mantenía su «radicalidad» en el articulado de la reforma educativa, «se romperían los consensos constitucionales» en torno a la enseñanza concertada y a la asignatura de Religión», y llegado el caso, la Junta «radicalizaría» su postura respecto a ambos asuntos «en defensa de la escuela pública y laica». Educación concretó ayer esa advertencia al revelar que ha solicitado un informe al gabinete jurídico de la Junta para reducir el horario de la asignatura de Religión a una hora semanal en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Andalucía ya imparte el mínimo legal exigible que establecía la legislación anterior (LOE): una hora y media a la semana en Primaria, y una hora en Secundaria, salvo en el tercer curso, que son dos. Ese mínimo, refrendado por la antigua ley socialista, viene establecido en los Acuerdos con la Santa Sede, que firmó el Estado español con la Iglesia Católica en 1979, y nunca hasta ahora se han cambiado. Pero según la Junta, la ley Wert ha trastocado ese pacto tácito. La clave está en que en la Lomce, a diferencia de la ley anterior, la clase de Religión ha adquirido más importancia, porque se convierte en una asignatura evaluable y computable tanto para optar a una beca como  acceder a la Universidad. La materia es de obligada oferta para los centros, y voluntaria para los alumnos, pero los estudiantes estarán obligados a cursar o Religión o su alternativa (Valores Sociales y Cívicos), cosa que antes no pasaba. Al convertirla en materia evaluable, condicionará mucho más las notas del alumno y sus posibilidades de promocionar de curso, y esto es lo que ha empujado a la Junta a plantearse algo que nunca se había planteado hasta ahora: reducir el horario de Religión por debajo del mínimo que establecen los Acuerdos con la Santa Sede. La paradoja es que, para hacerlo, la consejería esgrime la ley educativa del PP, y el Real Decreto que establece el currículum básico de Primaria, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, donde se establece que el horario y el contenido de las asignaturas específicas, como Religión, es competencia de las comunidades autónomas. «El bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta», reza el Real Decreto. El informe jurídico que ha encargado el departamento de Alonso trata de evitar que, una vez la Junta establezca el horario de Religión en Primaria (la única etapa obligatoria que entra en vigor el próximo curso), o bien el Gobierno central o bien la Conferencia Episcopal puedan recurrir esta decisión en los tribunales. Los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede –que el PSOE siempre promete impugnar o revisar cuando está en la oposición, pero nunca lo ha hecho estando en el Gobierno– otorgaron a la Iglesia Católica la potestad de diseñar el currículum y los contenidos de la asignatura de Religión, la única que no está en manos de una Administración educativa. Esto también ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por la Junta, puesto que la propia Lomce dice que son las comunidades quienes tienen la competencia de definir el horario y el contenido de las asignaturas específicas. Se abre ahora un debate jurídico complejo, que habrá de determinar si los Acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1979 están por encima de una ley orgánica promulgada por el Estado español y aprobada en el Congreso. Oferta de empleo público: 250 plazas El Consejo de Gobierno aprobó ayer la convocatoria de 250 plazas de profesores de Enseñanza Secundaria y de Música y Artes Escénicas para este año, una oferta que supone la estricta aplicación la tasa límite de reposición del 10 % de las vacantes fijada por el Ministerio de Educación. Del total de puestos, 220 corresponden a Secundaria y se reparten entre Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas e Inglés, con 55 para cada especialidad, mientras que los 30 restantes se destinan a profesores de Música y Artes Escénicas, con 15 para Fundamentos de Composición y 15 para Lenguaje Musical. El concurso oposición comenzará a finales de junio y, al igual que en el resto de comunidades, por normativa estatal incorporará un nuevo sistema selectivo.

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