Se juegan este fin de semana las horas cruciales de una partida en la que se marcarán los cimientos del futuro modelo del Estado de las Autonomías. Si no hay un nuevo retraso, que todo puede ser, en no más de 48 horas se conocerán las cifras del nuevo marco de financiación de las regiones españolas, cuyo refrendo se formalizará el miércoles 15 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
En este contexto, y como recordó ayer José Luis Rodríguez Zapatero, es normal que se produzcan ajustes de última hora por las reclamaciones de las comunidades. Qué menos se podía esperar. Se está dirimiendo el dinero del que dispondrán en los próximos años para la prestación de servicios de sus ciudadanos en materias como educación y sanidad y, quien más quien menos, todos aprietan para alcanzar el pacto que más les convenga.
Andalucía está logrando los objetivos establecidos en el Estatuto. Sabe, por boca del propio Zapatero y ahora también de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que el reparto de los fondos se sustanciará mediante la aplicación del criterio de la población, que en 2007 le permitió recibir por este concepto 22.135 millones sobre un total de 114.000.
Y también conoce ya el dinero que le corresponderá en el reparto del fondo adicional previsto por el Gobierno para equilibrar los intereses de las comunidades. Del incremento de 9.000 millones sobre la cifra total prevista, se quedará con una cifra que oscila entre los 1.300 y los 1.750 millones.
¿Significa esto que Andalucía le da un sí definitivo al modelo de financiación? Digamos que está pendiente del cierre final de las negociaciones. El modelo satisface las pretensiones andaluzas, pero queda por concretar la cifra exacta que recibirán unos y otros y, por tanto, hasta ese momento la prudencia aconseja un apoyo condicionado y no su defensa a ultranza.
A fecha de hoy, la clave del éxito de la negociación reside en Cataluña y en el modo en que se concilie su exigencia de un modelo en el que se equilibre lo que recauda con los recursos que se destinan a la comunidad por cada uno de sus habitantes. El Gobierno quiere encajar esta petición ofreciéndole unos 3.000 millones del fondo adicional, pero se corre el peligro de que la concesión de más dinero a Cataluña genere agravios comparativos.
Andalucía entiende las reivindicaciones catalanas, pero no admitirá la aplicación de criterios que rompan el principio de solidaridad entre las regiones. Y comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Valencia y Galicia ya han dicho con claridad en estas últimas horas que no aceptarán un reparto del fondo adicional en el que Cataluña se quede con un 20 o un 25% de los recursos. Como dijimos, todos están forzando al máximo para no quedarse atrás. No hay, por tanto, que hacer mucho caso a las posturas maximalistas, que no dejan de ser un instrumento de presión, pero sí que se atisban algunas diferencias muy poco salvables.
Al Gobierno y a las comunidades les corresponde ahora hacer un último esfuerzo para que el consenso sea el mayor posible, pues aquí no sólo se está jugando el dinero, sino la propia credibilidad y funcionamiento del entramado autonómico español de la próxima década.
