"Andalucía se incorporó muy tardíamente a la sociedad industrial pero en el desarrollo de la sociedad de la información no ha perdido el tren". Así lo expuso hoy el profesor del CSIC, Javier Echevarría, durante las jornadas de coordinación de los Defensores del Pueblo , que por primera vez se celebran en la comunidad autónoma, centradas en la protección de los derechos civiles ante las nuevas tecnologías. Unas jornadas en las que el Defensor estatal, Enrique Múgica, instó a sus catorce homólogos autonómicos a exigir a las administraciones que acerquen las nuevas tecnologías a los ciudadanos y las apliquen en sus relaciones con éstas en el marco de su papel de supervisión de las instituciones públicas. Al respecto, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció que si actualmente los andaluces pueden realizar 600 trámites con la administración vía internet, en 2010 podrán hacerlos todos.
Tanto Echevarría como el presidente de la asociación de usuarios de internet, Miguel Pérez, destacaron el esfuerzo de Andalucía por incorporarse a las nuevas tecnologías, especialmente en el ámbito educativo donde Echevarría situó a la comunidad en la "vanguardia de España". Por el contrario, el punto débil está en la incorporación del tejido empresarial al comercio electrónico y el negocio por internet, por lo que el profesor del CSIC instó a los poderes públicos, no sólo la administración autonómica sino también iniciativas municipales, a promover con incentivos las políticas de I+D+i. "Es muy difícil que las pymes por iniciativa propia inviertan en ello pero están comprobado que usar las tecnologías de la información y la comunicación mejora natamente sus resultados", destacó. El profesor del CSIC se refirió a incentivos, promoción del software libre, despliegue de parques tecnológicos e impulso a las spin off (empresas salidas de proyectos de investigación universitarios". "El 90% fracasan pero con que un 10% tenga éxito, la comunidad ya recupera lo invertido", subrayó.
En la base de esta menor incorporación de empresarios y usuarios al e-business, el presidente de la asociación de usuarios situó el hecho de que "el 80% de las noticias sobre la red son negativas" y en delitos como el fraude o la pedofilia se pone el foco en la herramienta "como si no hubiera pedófilos antes de internet". Miguel Pérez reconoció que las nuevas tecnologías hacen confrontar varios derechos tradicionales, como la libertad y la propiedad intelectual o la seguridad y la intimidad, y abogó por dirimir cuál prevalece teniendo en cuenta que el ciudadano no debe dejar de tener en la red derechos que tiene en su vida cotidiana. En este sentido, Múgica consideró que las nuevas tecnologías no exigen en principio nuevos derechos sino aplicar los ya existentes a este ámbito, mientras Echevarría reconoció la necesidad de ejercer aún una "tutela" por parte de los poderes públicas mientras no exista una "educación para la ciudadanía digital" que permita al usuario conocer bien el medio en que se mueve.
