La Junta acordó el jueves con el Ejecutivo central y el resto de las comunidades un plan que pretende reducir a la mitad el número de alumnos que deja de estudiar una vez superada la etapa obligatoria. Son una docena de medidas con las que se pretende dejar en un 15% el abandono prematuro. La Unión Europea fijó un objetivo para 2010: que el 85% de los estudiantes tenga título de Bachillerato o de Formación Profesional.
Con los niveles actuales de abandono escolar prematuro -el 37% de los chicos andaluces de entre 18 y 24 años no habían completado el Bachillerato o un ciclo de Formación Profesional-, Andalucía está lejos de llegar a ese porcentaje en el plazo marcado por las autoridades europeas. Pero la Junta mantiene que, al final de la legislatura, en 2012, se habrá podido reducir a la mitad el número de jóvenes que no siguen estudiando. La media de los 27 estados de la Unión Europea es del 14,8% y la de España, levemente inferior a la andaluza, del 31%.
El Ministerio de Educación destinará 121 millones de euros a financiar este plan en 2009 y calcula que las comunidades harán un esfuerzo "similar", según ha explicado su titular, Mercedes Cabrera, en rueda de prensa posterior a la reunión de la conferencia sectorial. Las consejerías de Educación son las que fijan los objetivos de reducción según sus propias circunstancias.
Una parte importante de los programas será para evitar que personas que no consiguen el graduado en ESO dejen de estudiar y para la vuelta al sistema educativo de jóvenes sin titulación. Entre otras medidas acordadas, que fueron aprobadas por unanimidad, las administraciones educativas pedirán a los agentes sociales que se prime la contratación de personas que posean al menos el título de ESO o una cualificación profesional inicial.
El plan acordado viene a incidir en los objetivos de la Ley de Educación de Andalucía -concebida como principal arma contra el fracaso y abandono escolar- y está en sintonía con medidas previstas en Andalucía, como las becas-salario que el Gobierno andaluz prevé abonar a jóvenes mayores de 16 años de familias sin recursos para que sigan estudiando. En los planes de la Junta entra que a partir del curso que viene puedan estar en vigor.
Al término de la Conferencia Sectorial, la consejera de Educación, Teresa Jiménez, subrayó que la actual coyuntura económica "permite volver a mirar al sistema educativo para que los jóvenes sean profesionales con cualificación y, por tanto, profesionales que no abandonan sus estudios". "Tenemos que seguir trabajando con los centros, implicando aún más al profesorado en planes de mejora y calidad y, sobre todo, incorporando a las familias y a los ayuntamientos", aseguró.
La consejera explicó que este año en la comunidad se ha apreciado una mejora de los indicadores de abandono que, en su opinión, se ha conseguido extendiendo derechos como la gratuidad de los libros de texto y del transporte escolar y reforzando los primeros cursos de la educación secundaria y obligatoria.
Tras conocer el plan, las federaciones de enseñanza de CCOO y UGT y las confederaciones de padres de alumnos Ceapa y Concapa saludaron el plan y pidieron al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte que "escuche" sus aportaciones y "cuente" con ellos.
Factores extraescolares . El acuerdo entre Gobierno y comunidades se produjo el mismo día que el Centro de Estudios Andaluces publicó un estudio del investigador Ildefonso Marqués Perales sobre la educación posobligatoria en Andalucía y España. Según sus conclusiones, las circunstancias extraescolares como el estatus social de los padres pesan más en el rendimiento educativo que los factores puramente relacionados con la escuela.
Los alumnos más exitosos serían aquellos cuyos padres tienen un alto estatus, entendido éste como una suma de los años de formación y de los ingreso recibidos, y que son de sexo femenino. Los menos exitosos son los alumnos de estatus bajo procedentes de hábitat poco poblados. Los resultados de este estudio apuntan a la necesidad de que las inversiones que se realicen en políticas educativas vayan acompañadas de inversiones en políticas sociales.
