El Ministerio de Hacienda amagó el jueves con tumbar el plan de reequilibrio de Andalucía, como hizo con el de Asturias, porque desconfiaba de la Junta y del modo en el que se habían cuadrado sus cuentas. Andalucía estuvo en la picota unas horas, nuevamente bajo la amenaza perenne de ser intervenida por el Estado. Menos de 24 horas después, el Gobierno descubrió una desviación del déficit reconocido por Madrid, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, tres regiones gobernadas por el PP, cuyas cuentas nunca fueron cuestionadas con el mismo tesón y virulencia que las andaluzas.
La Junta se quejó ayer del "trato desigual" que Hacienda infringió a Andalucía. Pero todas las reacciones que aparecen aquí descritas se pronunciaron antes de hacerse público que el agujero presupuestario de Madrid, Castilla y León y Valencia agravará el déficit del Estado y vuelve a dañar la imagen del país ante los socios europeos.
"Vamos a hacer un ajuste yo creo que superior al que tiene que hacer Andalucía, pero manteniendo la educación, sin privatizar y sin despidos", dijo ayer por la mañana el presidente de la Junta durante una entrevista en la Cadena Ser. José Antonio Griñán acusó al Gobierno de haber cargado a Andalucía con más peso del que, en teoría, le corresponde soportar. De los 18.349 millones de euros que las comunidades se han comprometido a recortar de sus presupuestos para cumplir con el objetivo del 1,5% del déficit, Andalucía asume el 20% del "histórico" recorte: los 3.500 millones que la Junta se ofreció a extirpar de las cuentas de 2012 (el 12% del presupuesto) más otros casi 300 millones adicionales que exigió Hacienda.
Después de Cataluña, Andalucía es la región que más aporta al plan global de ahorro. Es la más poblada y la más extensa, pero no es la que arrastraba el mayor déficit (Castilla-La Mancha) ni la deuda más abultada (Comunidad Valenciana). "Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad aun sabiendo que Andalucía tenía que hacer el 20% del esfuerzo del déficit de todas las comunidades, a pesar de que nuestra aportación a la riqueza nacional es del 14% y de que somos una comunidad mucho menos endeudada que la mayoría", advirtió Griñán.
El presidente andaluz sostuvo que Montoro, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves, decidió medir a las comunidades con un doble rasero. Según Griñán, el ministro antepuso criterios políticos a económicos y cuestionó el esfuerzo presupuestario de las regiones que no están gobernadas por el PP, como Asturias, y como Andalucía, cuyo plan de ajuste fue severamente cuestionado antes de obtener luz verde. Montoro volvió a poner en duda la veracidad de las cuentas andaluzas. Sin embargo no hubo objeción al balance presentado por Madrid. Poco después el Gobierno de Esperanza Aguirre admitía que su déficit real era el doble del que reconocieron. También Valencia y Castilla y León reconocieron un desfase de 869 y 137 millones respectivamente en sus cuentas.
Este agujero presupuestario de las regiones del PP, que no han sufrido como Andalucía la presión constante de Hacienda ni la amenaza de intervención, carga de razones a la Junta para acusar un trato discriminatorio por criterios políticos. "El Gobierno tiene que ser responsable y mirar con lupa los planes de otras comunidades, pues la tensión que se produjo ayer [por el jueves] respecto a Andalucía evidencia un trato desigual", apuntó la consejera de Presidencia, Susana Díaz.
Más dinero. Andalucía ha logrado superar el primer examen a costa de recortar entre 200 y 300 millones más. Ese dinero adicional tiene una explicación: la Junta cuadró su plan de ajuste contando con unos ingresos de fondos europeos que aún no están garantizados (504 millones). Montoro se negó a contabilizar esa cifra y tras un tenso encontronazo con la consejera Carmen Martínez Aguayo, aceptó que, siendo optimistas, podrían contar con 200 millones de la UE. La Junta se comprometió a aportar el resto y ahora tendrá que hacer números para obtenerlo. El margen para recortar más el presupuesto es estrecho, teniendo en cuenta que el desglose del plan de reequilibrio ya ha puesto en pie de guerra a los funcionarios e interinos -que verán reducida su nómina entre el 5 y el 15%-.
Griñán insistió ayer en que vio "grandes injusticias" en el Consejo de Política Fiscal, porque "no se reconocía la deuda estatutaria (1.504 millones) y nos trataban de aplicar una serie de recortes con los que no estamos de acuerdo". Pero se mostró orgulloso de haber "preservado las líneas rojas" que se había marcado Andalucía: mantener el empleo público y las prestaciones sociales.
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, tuvo un gesto de hartazgo definitivo hacia la nueva cifra de recortes acordada con el Gobierno: "Hasta que hemos llegado". La posición de Valderas, coordinador regional de IU, es más complicada que la de Griñán. Su organización se está revolviendo en el asiento al ver que ha pasado de confrontar con los recortes, del lado de los sindicatos y los agentes sociales, a tener que digerir en primera persona un plan de ajuste impuesto. En IU ya empiezan a lamerse las primeras heridas que está dejando el pacto de coalición con el PSOE, y han decidido pasar al contraataque, denunciando que hay injusticias en el plan de ajuste, y que el partido de izquierdas hará lo posible por corregirlas en el trámite parlamentario.
