El Gobierno andaluz va a estrechar una de las medidas estrella del decreto ley contra la exclusión social: el plan de refuerzo alimentario que garantizaba tres comidas al día a los niños más pobres, un programa que empezó a funcionar en los colegios de Andalucía hace nueve meses, y del que se están beneficiando 20.000 escolares. El plan fue anunciado por Susana Díaz, hoy presidenta de la Junta, con un dato demoledor: la desnutrición infantil afecta a seis de cada cien menores andaluces (6%). La Junta estimó entonces que el número de beneficiarios del Plan de garantía y solidaridad alimentaria rondaría los 40.000 niños durante el curso. Sin embargo, la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales ha puesto freno a los nueve meses de funcionamiento, comunicando a los ayuntamientos que «no deben derivar a nuevos niños» al programa porque se encuentra en «fase de evaluación», y va a ser sustituido por otro decreto. Fuentes del departamento que dirige María José Sánchez Rubio explicaron a esta redacción que el plan culminará en julio, y entonces la Junta hará una evaluación caso a caso de la situación de cada alumno beneficiario. Si sus condiciones alimentarias no han mejorado, seguirán recibiendo tres comidas diarias el próximo curso. Si ha desaparecido el riesgo de malnutrición, saldrán del programa, y Salud decidirá si son compensados con ayudas económicas a sus familias.
El plan de refuerzo alimentario, con una dotación presupuestaria de 16 millones de euros, se estrenó en junio de 2013 en un centenar de escuelas de zonas deprimidas. El curso escolar estaba a punto de terminarse, de modo que al principio sólo se atendieron los casos más urgentes (también se dispensaron comidas en verano). En torno a 11.000 menores que ya disfrutaban de comedor gratis en sus colegios empezaron a recibir una bolsa de comida para el desayuno y la merienda. La previsión de la Junta entonces era superar los 40.000 alumnos con el inicio del curso en septiembre. Serían los servicios comunitarios de los ayuntamientos (con ayuda de ONG) quienes gestionarían la solicitud de las familias más necesitadas. El reparto de comida se articularía a través de la red de 1.800 comedores escolares de Andalucía.
Pero el pasado mes de febrero, Salud empezó a responder por mail a los ayuntamientos que dejaran de «derivar nuevos niños» al plan, porque éste se encontraba en «fase de evaluación». En su escrito, adelantado ayer por Abc, el departamento de Sánchez Rubio advertía también de que todas «las personas que realmente necesitan» beneficiarse de las tres comidas gratuitas «están incluidas» en la cifra de 20.000 menores atendidos. La Junta, por tanto, ha restringido la entrada de nuevos beneficiarios en el programa «hasta que se tome una decisión sobre el futuro del mismo en un eventual nuevo decreto-ley».
La consejera explicó ayer en el Parlamento que el plan de refuerzo alimentario se mantendrá hasta que finalice el curso, y que su departamento trabaja ya en un nuevo decreto que suplirá al actual, y en el que el reparto de comidas en los colegios se sustituirá por ayudas económicas a las familias. Salud ya ofrecía estas ayudas a las familias con menores a su cargo y pocos recursos antes de que se aprobara el famoso decreto contra la exclusión social. Luego esta medida se integró en la norma y ahora, al parecer, se reforzará. En 2013, la Junta amplió en cuatro millones el presupuesto para el Programa de Ayudas Económicas Familiares, que actualmente cuenta con 22.500 beneficiarios.
Sánchez Rubio no dio ayer detalles de por qué una medida en la que el Gobierno andaluz volcó todo su peso político será sustituida por otra que ya existía desde hace años, pero sí sugirió que era necesario controlar mejor a los potenciales beneficiarios, y que el nuevo decreto exigirá «un estudio muy detallado de la situación de las familias». «Se hará como ayudas familiares para que haya un control inicial en cuanto a la concesión y después en cuanto a qué está sucediendo con esas familias, si se ha resuelto el problema o no, porque es necesario un rigor», dijo a Europa Press. Con todo, el balance de la consejera del plan de refuerzo alimentario es positivo: «Ha sido una solución con buenos resultados, pero nos parece que con vista al futuro puede dar mejores resultados hacerlo como una ayuda en el entorno de la familia, para la atención a los menores desde el punto de vista alimenticio». Fuentes de Salud matizaron ayer las palabras de la consejera, asegurando que «el plan de tres comidas no desaparece ni se sustituirá por ayudas, sólo se mantendrá para quien aún lo siga necesitando».
La Junta convirtió el decreto de garantía y solidaridad alimentaria en un distintivo de su forma de gestionar la crisis de un modo diferente al del Gobierno central, mirando siempre por los más débiles. Junto con la ley antidesahucios, que preveía expropiar viviendas a la banca para impedir el desalojo a familias vulnerables, las tres comidas para niños en riesgo se presentó como el estandarte de la política andaluza.
