El pasado 27 de abril, el Consejo de Ministros acordó remitir a Bruselas, junto al Programa de Estabilidad, el "Programa Nacional de Reformas de 2012", uno de cuyos principales objetivos es la "modernización y racionalización de las Administraciones públicas". En este marco, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas se está impulsando una modificación de la Ley de Bases, que, según parece, se proyecta en una doble línea de reformas.
De una parte, clarificar el ámbito de competencias propias municipales, mediante la fijación de un listado cerrado de competencias a las que se ceñirá la obligación de financiación por parte del Estado. De otro lado, racionalizar el sistema de prestación de los servicios locales, de tal suerte que su desempeño se encomiende a la institución que pueda gestionarlos de la forma más eficiente. Y puesto que hay ayuntamientos que carecen de la necesaria capacidad de gestión, se propugna una "reordenación municipal", esto es, la puesta en marcha de un proceso -en principio voluntario- de fusión, integración o agrupación de municipios.
Finalmente, como clave de bóveda del sistema, allá donde se detecten deficiencias en el adecuado ejercicio de las competencias municipales, habrán de ser los entes locales intermedios los que suplan tales carencias proporcionando un nivel adecuado de prestación de los servicios a todos los ciudadanos. En suma, de concretarse este impulso reformador, las diputaciones provinciales verán fortalecida su posición, tanto institucional como financiera, en el seno del Estado autonómico; aunque lógicamente habrán de afrontar el reto de proceder a la pertinente adaptación de su organización, a fin de proveer a los ayuntamientos de servicios públicos cualificados y de calidad.
Y en ese contexto, creo que es de justicia reconocer que Andalucía está en mejores condiciones de adaptarse a este nuevo escenario que las restantes CCAA pluriprovinciales.
En primer lugar, porque en el reciente proceso de reforma estatutaria los grupos políticos andaluces se resistieron a la tentación -a la que cedieron otros estatuyentes- de potenciar otros gobiernos locales intermedios (fundamentalmente, comarcas), los cuales están inevitablemente abocados a concurrir con las provincias en su tradicional función de asistencia y cooperación municipal.
Nuevos entes locales intermedios -y este es un dato a menudo silenciado por sus defensores- cuyos gastos recaen únicamente sobre los ciudadanos de las respectivas CCAA, ya que el Estado sólo está obligado a contribuir a la suficiencia financiera de los entes constitucionalmente necesarios, a saber, municipios y provincias.
Y en segundo término, nuestra Comunidad Autónoma sale con ventaja porque la Ley de Autonomía Local de Andalucía, LAULA, -haciendo suya la filosofía del Libro Blanco (2005), elaborado en el MAP bajo la dirección de Manuel Zafra- sentó ya las bases para la modernización de las diputaciones y su adecuada articulación con los municipios, apostando decididamente por atribuirles como principal función la de garantizar el ejercicio de las competencias municipales.
Son las provincias, como integrantes de "una sola comunidad política local", las que velan por que la prestación de los servicios sea una realidad también en las localidades de menor población o de insuficiente capacidad económica y de gestión. En esto, la LAULA es perfectamente conciliable con las propuestas sugeridas por el gobierno central. Aunque difícilmente podrían no coincidir ambos niveles de gobierno: apenas cabe imaginar otra alternativa destinada a asegurar la igualdad de los ciudadanos en la prestación de los servicios que, al tiempo, evite solapamientos o duplicidades entre diferentes administraciones y, por tanto, impida la generación de más gasto.
Las líneas jurídicas maestras conformadoras de las diputaciones provinciales del siglo XXI ya existen, pues, en nuestra Comunidad Autónoma desde la aprobación de la LAULA. Resta, sin embargo, que el Gobierno andaluz estimule y apoye a las diputaciones para que aprovechen las enormes posibilidades de mejora abiertas en este ámbito por el Parlamento de Andalucía.
